Un
grupo de hombres y mujeres se colocan en fila, les miran el porte y la
musculatura mientras voces gritan sumas de dinero. Se fija el precio a
las ‘mercancías' y los compran. La vida de aquellos seres humanos
convertidos en esclavos, ahora tiene dueño.
Lo que podría ser una escena propia del Siglo XIX, es realmente Libia en 2018. Un informe publicado por la Organización Mundial para la Migración (OIM), en abril del año pasado, confirmó un secreto a voces: la existencia de un amplio mercado de migrantes esclavos en el país árabe.
Pese
a que el esclavismo tenía décadas de haber sido abolido en Libia, ¿cómo
reapareció una de las más ruines formas de explotación extintas hace
más de un siglo?
Aquella
pregunta es una de tantas que se hacen muchos libios al cumplirse este
lunes 19 de marzo, siete años de la ‘Intervención Humanitaria' en Libia,
misma que terminó con el derrocamiento del hombre fuerte del país,
Muamar Al Gadafi, a manos de ‘rebeldes' respaldados por las potencias
Occidentales.
Los principales
argumentos de la intervención fueron proteger a la población y las
zonas civiles ante las amenazas de ataque del régimen de Gadafi,
enfrentado a Occidente desde 1968. Después, el 17 de marzo de 2011, el
Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 1973, medidas bajo
las cuales dos días después, iniciaron los bombardeos por las fuerzas de
la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en respaldo de
los grupos opositores.
Casi
cinco meses después, en circunstancias aún no esclarecidas, Gadafi sería
capturado por los ‘rebeldes', sodomizado con un palo y luego ejecutado.
La
caída de su gobierno y con ello el quiebre de las alianzas construidas
por él, entre los heterogéneos pueblos del país, no hizo más que
profundizar la crisis política que se vivía, sumergiendo al país en el
caos y la ingobernabilidad.
Siete años después de la intervención, el panorama es aún más complicado.
Al
tráfico de esclavos y redes de explotación sexual que existe, se suma
el descontrol sobre el flujo de miles de migrantes que usa a Libia como
puente para cruzar el mar Mediterráneo y donde han fallecido al menos
14,000 personas desde 2014.
El
contrabando de mercancías de todo tipo se ha disparado, junto al de
combustible, armas y narcotráfico, que son controlados por señores de la
guerra y grupos terroristas (entre ellos, el Estado Islámico), en
complicidad con autoridades locales.
Para la población la situación es catastrófica. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), desde 2011 el país se encuentra en el ‘caos económico' y la ‘anarquía general', acrecentado el aumento de grupos armados.
La CICR estima que al menos unos 200,000 habitantes han sido desplazados producto de la intervención y posterior guerra civil.
‘Muchas
(de las personas) han perdido sus hogares debido a los ataques aéreos y
al uso de artillería pesada en zonas pobladas. Los hospitales deben
lidiar contra la escasez crónica de insumos médicos; el 20% ni siquiera
está operativo. En todo el país, se observa un aumento de las
actividades criminales, como secuestros, contrabando y rescate de
personas', denunció el organismo internacional en febrero de este año.
En
cuanto a la frágil gestión gubernamental actual, desde la capital libia
el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA)—por el momento el que mayor
reconocimiento internacional tiene— apenas puede mantener presencia en
los más de 1,759,540 kilómetros cuadrados de extensión del país.
El
GNA, respaldado por las Naciones Unidas y la mayoría de los países
occidentales, es solo uno de los tres gobiernos que luchan por el poder
en Libia.
El segundo en relevancia es el Gobierno de Salvación Nacional, disputándose la legitimidad con el GNA.
Otra
de las fuerzas con importancia en el rompecabezas libio son los grupos
de parlamentarios que han formado gobierno en la ciudad de Tobruk (este
de Libia), que también reclaman ser ‘legítimos representantes' del
pueblo. Estos se relacionan con las fuerzas del mariscal Jalifa Hafter,
un exmilitar asilado en los Estados Unidos desde los años 90s, y al que
se le vincula de tener relaciones con la Agencia Central de Inteligencia
(CIA).
‘Responsabilidad de proteger´
El
debate sobre las intervenciones por razones humanitarias o también
conocida como ‘responsabilidad de proteger', es una árida discusión,
tanto por su legalidad como por su aplicación.
Actualmente
no existe una definición precisa y universalmente aceptada sobre el
término, que de acuerdo con algunos especialistas entraría en
contradicción con principios elementales del derecho internacional, como
el principio de no injerencia y el respeto a la soberanía de los
Estados.
Sin embargo,
escándalos de inacción de la comunidad internacional sobre casos
documentados de violaciones a los derechos humanos como el de Ruanda o
Srebrenica en la década de los 90's, agitó más debate sobre el papel de
los Estados en el momento en que un país incumple con la protección y
salvaguarda de los derechos de su población.
Durante
los últimos 20 años, pronunciamientos y resoluciones del propio Consejo
de Seguridad de la ONU, contienen el término, sin embargo esto no ha
logrado disipar las dudas sobre el concepto.
Según
el especialista en asuntos internacionales y exasesor de política
exterior, Julio Yao, la interpretación del término se encuentra más bien
sometida a las diatribas de la geopolítica mundial.
‘Actualmente
la intervención humanitaria es una interpretación unilateral y
arbitraria de las resoluciones del Consejo de Seguridad', señala Yao.
Para
el académico de la Universidad de Panamá, lo ocurrido en Libia, los
ataques sobre Yugoslavia e Irak y el comportamiento del Consejo de
Seguridad, es un problema muy serio para el mundo, ya que refleja que
este organismo no solo no está cumpliendo su papel de ser garante de la
paz, sino más bien es un foro de ‘intercambio entre las grandes
potencias, para estabilizar las relaciones entre estas', lo que da mucho
margen a la ‘arbitrariedad'.
Los
resultados sobre la intervención libia, han sido calamitosos no solo
para los libios, sino también para la estabilidad en el norte de África,
que algunos países que participaron en esta han aceptado el ‘error'.
En
una suerte de ‘mea culpa', señaló el presidente francés, Emmanuel
Macron, criticando las acciones de la OTAN en 2011, aunque matizó al
asegurar que el problema actual se debió más a una falta de ‘proyecto
posterior' luego del derrocamiento de Gadafi.
‘Europa,
Estados Unidos y algunos otros tienen una responsabilidad en la
situación actual en Libia', dijo Macron en febrero durante su visita a
Túnez.
En este sentido, en
opinión de Yao, el escenario libio no responde a un error de previsión o
planificación de la intervención, sino que la misma busca ‘mantener' al
país en el estado de caos en el que se encuentra.
‘El
objetivo final, entonces (2011) y ahora, sigue siendo el mismo,
caotizar al Medio Oriente para impedir que los gobiernos tengan control
sobre sus recursos estratégicos. En permanente inestabilidad, Occidente
pude penetrar más rápidamente y tomar sus recursos (...) ellos no fueron
por la defensa de los DDHH, por ideologías de izquierda, liberales o
islamista'.
Actualmente
Libia, de acuerdo con el estudio ‘Statistical Review of World Energy
2016', elaborado por la petrolera británica BP, es el país con las
mayores reservas de petróleo de África y entre las diez más importante
del mundo.
Contando además con enormes reservas de gas natural y una de las reservas subterráneas de agua más grande de la región.
Sobre
esto, el internacionalista advierte que esta misma visión se busca
‘imponer' en América Latina, ajustándola a las particularidades de la
región.
‘Es obvio que a los
EE.UU. no le interesa la democracia ni la institucionalidad, lo
demuestra su silencio con la violaciones a los DDHH en Honduras, Brasil o
la corrupción que ocurre en Perú y Panamá', acotó Yao.
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