Por Juan José Coble Castro
Engaño al consumidor: se nos obliga a gastar más cuando no es necesario.
Todos
hemos contemplado alguna vez cómo aparatos que deberían tener todavía
un buen funcionamiento se estropean sin motivo aparente. No los hemos
maltratado ni dado un mal uso. Tampoco los hemos lanzado al vacío desde
una altura considerable ni los hemos dejado en manos de los más pequeños
de la casa para que les encuentren nuevas funciones. Lo dicho, sin
motivo aparente. No pasa nada, las cosas se estropean.
Tras
el disgusto inicial los llevamos a reparar, algo que debería ser fácil
en la sociedad del siglo XXI, con portentosos avances en técnicas de
fabricación, ingeniería, mantenimiento, etc. Pronto descubrimos que
fácil, fácil, no va a ser, ni tampoco tan barato como pensábamos. La
respuesta que solemos obtener es que o bien no existen piezas de
recambio para ese modelo o bien la reparación sale tan cara que casi es
mejor comprar un modelo nuevo. El disgusto inicial se torna en
perplejidad (¿me estarán tomando el pelo?), para dejar paso más tarde a
la resignación (¡me están tomando el pelo!).
¿Por
qué con los medios y avances actuales en todos los campos de la técnica
no se diseñan los productos mejor? ¿Por qué no se diseñan para durar?
Y, aunque se estropeen, porque todo se acaba estropeando, ¿por qué no
hay más facilidades para poder repararlos?
Esto
es la obsolescencia programada, la reducción intencionada en la vida de
un producto para aumentar su venta y consumo. Los productos no fallan
al cabo de un tiempo porque estén estropeados, sino porque han sido
diseñados para fallar pasado ese tiempo. Como explica el experto Elías
Chaves, “los productos no se diseñan para durar, sino para ir a la
basura. Los ingenieros no crean la mejor máquina, sino la que genere el
máximo beneficio con sus ventas”. Y esto tiene ventajas económicas, pero
también tiene serios inconvenientes, que nos sitúan en un sistema
productivo y de consumo insostenible.
Todo
arranca en los años 1920, cuando los principales fabricantes de
bombillas crean el cártel Phoebus, que fija los estándares de producción
y venta, entre otros, y que limita la longevidad de cada bombilla a mil
horas. Antes del acuerdo, algunas de las empresas fabricantes
garantizaban en su publicidad 2.500 horas de vida útil para sus
luminarias. En esos años, una influyente revista de publicidad
norteamericana admitía que “un artículo que no se desgasta es una
tragedia para los negocios”.
El
diseñador industrial norteamericano Brooks Stevens es quien, en 1954,
empieza a usar en sus conferencias el término obsolescencia
programada. Para él esta denominación tiene que ver con el objetivo de
la industria de “instalar en el comprador el deseo de poseer algo un
poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario”.
Para
conseguir ese efecto en el comprador las empresas deben mejorar la
I+D+i de los productos que fabrican. Este hecho va a generar más puestos
de trabajo y va a estimular la economía. Las nuevas versiones de los
productos que compramos son teóricamente mejores y más eficientes, y las
empresas maximizan sus beneficios.
Así,
cada día se generan más y más residuos –electrónicos, entre otros– y se
consumen más recursos. Para los primeros no siempre hay una gestión
apropiada o ni siquiera un lugar donde depositarlos con seguridad, y los
segundos no son infinitos. Se necesitan muchos más materiales para
crear un producto nuevo que para ofrecer los repuestos para
reparaciones. Además, si a los residuos generados no se les aplican
criterios de circularidad (de la cuna a la cuna), donde deben implicarse
las empresas productoras, se generan graves problemas de contaminación.
Solo
en España, el consumo anual de materias primas se sitúa en 60.000
millones de toneladas. Los últimos datos revelan que para mantener
nuestro nivel de vida y población actuales necesitamos tres Españas
(nuestra huella ecológica es de 2,9). Según la Global Footprint Network,
en términos globales y manteniendo este ritmo, antes del 2030 la
humanidad consumirá cada año el doble de los recursos que es capaz de
producir la tierra en ese tiempo.
Por
otro lado, esto no deja de ser un engaño al consumidor. Se nos obliga a
gastar más cuando no es necesario, al menos desde un punto de vista
tecnológico, lo que conduce a la pérdida de confianza del consumidor en
lo que compra, en los fabricantes, las marcas y en el servicio ofrecido.
Para combatir la obsolescencia programada es básica nuestra actitud
como consumidores.
La UE ha
desarrollado un plan sobre economía circular que incluye, entre otras
medidas, incrementar el reciclado y la reparación manteniendo el valor
de los recursos, materiales y productos dentro del escenario económico
el mayor tiempo posible. Para ayudar en este empeño es necesario que a
todos los actores implicados en la reparación y reutilización se les
garantice un marco normativo que impulse y ofrezca seguridad en su
sector, otra de las claves de la economía circular.
Según
este plan y sus recomendaciones, los fabricantes y marcas de
informática y electrónica, además de los de grandes electrodomésticos,
deberán permitir extraer y sustituir piezas fácilmente para reparar los
dispositivos. Además, los usuarios deberían poder acudir a cualquier
tienda de reparación para arreglar sus productos y prolongar así su vida
y uso sin verse obligados a ir al servicio oficial del fabricante. Todo
esto queda reflejado en las Directivas 2008/98/CE sobre residuos y
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que
incluye en su redacción la necesidad de favorecer la puesta en el
mercado de productos duraderos y reparables.
Para
conseguir estos objetivos, la UE señala la necesidad de que tanto los
Estados miembros como los sectores industriales colaboren para, por un
lado, crear una etiqueta específica que identifique aquellos productos
fáciles de reparar y por otro ampliar la garantía de aquellos que se
estropean con demasiada frecuencia. Se añaden, en el lote de medidas
previstas, beneficios fiscales para aquellas empresas cuyos productos
puedan repararse fácilmente para prolongar su vida útil.
El
primer gran ejemplo en Europa y a nivel mundial lo tenemos en Francia,
cuya Asamblea Nacional aprobó la Ley 2014-344 de 17 de marzo de 2014
(Ley Hamon) relativa al consumo, y también la Ley de Energía de
Transición, relativa a la transición energética para el crecimiento
verde, en febrero de 2015. Estas leyes impulsan la puesta en el mercado
de productos duraderos y reparables y combaten directamente la
obsolescencia programada con varios objetivos: reducir el uso y consumo
de recursos naturales, disminuir la producción de residuos, impulsar el
sector de la reparación y relocalizar en Francia la creación de empleo y
la generación de riqueza.
Quienes
infrinjan esta ley pueden ser castigados con penas de hasta dos años de
cárcel y multas de hasta 300.000 euros.Además, las compañías
infractoras pueden ser sancionadas con multas que podrían llegar al 5%
del promedio de sus ingresos anuales en los últimos tres años. Sin ir
más lejos, la fiscalía francesa va a abrir una investigación contra
Apple por supuestas prácticas de obsolescencia programada.
En
España, en marzo de 2017, la Comisión para el Estudio del Cambio
Climático del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una
proposición no de ley que insta al Gobierno a poner en marcha acciones
contra la obsolescencia programada, que –en el marco de la normativa
comunitaria– incluye medidas para prohibirla, el alargamiento de las
garantías, la compra pública responsable, medidas efectivas en la
reducción de residuos, etc. También se añaden medidas de apoyo económico
a las empresas parar la reparación, reutilización y reciclaje de
residuos. Pero, parece, en España vamos un poco más lentos de lo que
deberíamos.
También en
España, la asociación Feniss (Fundación de energía e innovación
sostenible sin obsolescencia programada), se ha anticipado a estos
movimientos de la UE y el Congreso. Ha desarrollado el sello ISSOP
(Innovación sostenible sin obsolescencia programada), que pueden
suscribir las empresas que cumplan ciertos requisitos de producción e
innovación dentro de unos parámetros objetivos de sostenibilidad,
incluido el hecho de que ninguno de sus componentes electrónicos se haya
diseñado con obsolescencia programada. Hay 15 empresas que ya se han
distinguido con este sello. No todas las que solicitaron el sello ISSOP
lo consiguieron, pero a buen seguro que cada vez más empresas lo irán
logrando. Es una alternativa ejemplar y muy necesaria para los tiempos
de cambio que se avecinan.
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