por Misión Verdad
Sus gobiernos buscan presionar a
Venezuela con el tema de los derechos humanos mientras sus cifras de
asesinados y desaparecidos indican que la democracia que exigen no es la
que aplican dentro de sus fronteras.
Un dato relevante es que el 67% de los
asesinados por razones políticas defendía la tierra, los derechos de los
pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de
actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas,
es decir, en el marco de la mina en que fuimos convertidos por las
potencias coloniales a partir de la División Internacional del Trabajo.
El 62% de los asesinatos ocurre en
Colombia, México, Brasil, Guatemala y Honduras (más Argentina con el
caso de Santiago Maldonado), todos pertenecientes al Grupo de Lima,
aquel que fue constituido en 2017 luego del estruendoso fracaso de la
estrategia de EEUU contra Venezuela en la OEA.
La batería de sesiones, declaraciones y
confabulaciones comandadas por Luis Almagro, secretario general de la
OEA, no logró que calara la agenda intervencionista y ese bloque de
países gobernados por corporaciones y terratenientes se refugió en esta
figura que abiertamente pide y estimula intervención de cualquier tipo
en la dinámica política venezolana.
Ley del embudo en cifras
A varios de esos países está visitando el
secretario de Estado de EEUU Rex Tillerson con el fin de aumentar la
presión internacional que logre un cambio de gobierno en Venezuela sin
elecciones. Como es común en todo proceso de intervención
estadounidense, la Casa Blanca se hace de socios regionales como fue la
Liga Árabe en el caso Siria o la Unión Africana en el caso Libia. Además
utiliza un andamiaje propagandístico respecto a las violaciones a los
derechos humanos, y de ahí deriva toda la narrativa de “golpe suave”:
financian y organizan agrupaciones civiles que terminan siendo elementos
de guerra propagandística y operaciones psicológicas para instrumentar
cambios de gobierno y el posterior saqueo por parte de las élites
corporativas.
Sin embargo, los medios globales de comunicación ocultan las cifras de asesinatos, masacres y persecución a líderes sociales en países del Grupo de Lima.
El caso de Colombia no basta con cifras: al día de hoy los acuerdos de
paz con las FARC están en vilo debido al incumplimiento del gobierno de
Santos, el sabotaje reaccionario de los partidos de la oligarquía y la
amenaza campante del paramilitarismo. Según un informe del Instituto de
Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), al menos 23 líderes han sido asesinados durante 2018, de
los cuales cinco fueron perpetrados por el Ejército de Colombia, uno
por grupos disidentes, mientras que del resto (17) aún se desconocen los
autores. La Fiscalía reveló que entre 2017 y en lo corrido de 2018 han sido asesinados 101 líderes sociales en todo el territorio colombiano.
La violencia desplegada por los cuerpos de seguridad y carteles del narcotráfico en México tiene íconos como los 43 estudiantes desaparecidos por agentes de policía y hombres enmascarados cuando iban a una protesta. Luego fueron encontradas 12 fosas clandestinas durante la búsqueda de esos estudiantes desaparecidos; en ellas no estaba ninguno de los estudiantes. Cabe
destacar que entre agosto y octubre de 2017, en México se denunció en
promedio la desaparición o el extravío de una persona cada 90 minutos, o
lo que es lo mismo: 1 mil 411 personas en tres meses. Son los datos más recientes del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Aun cuando el informe de Front Line Defenders dice que han sido asesinados 27 defensores de DDHH, un informe de la Comisión Pastoral de la Tierra
(CPT) dice que la cifra de líderes sociales y campesinos asesinados en
2017 como consecuencia de disputas por la tierra fue de 65, la más alta registrada desde 2003,
cuando el número de víctimas mortales se elevó a 71. Resaltan que el
pasado año “una metodología más antigua” resurgió en el campo brasileño:
las masacres y asesinatos en masa, como la ocurrida en mayo en Pau
D’Arco, Pará, donde policías militares y civiles ejecutaron a diez
trabajadores rurales sin tierra. Se confirma una tendencia observada en
la última década: las víctimas continúan siendo asesinadas
indirectamente por la expansión del latifundio, del agronegocio, de la
minería y de las grandes obras de infraestructura.
Honduras persiste en
medio de protestas contra unas elecciones presidenciales irregulares en
las que observadores internacionales y dirigentes de la oposición
denunciaron manipulación y fraude. Grupos armados y cuerpos de seguridad han asesinado a 31 personas vinculadas a las protestas
provenientes, sobre todo de los departamentos de Cortés, Atlántida,
Yoro, Francisco Morazán, Olancho y Choluteca, según movimientos
sociales. Durante el primer semestre de este año al menos 187 mujeres fueron asesinadas de forma violenta, según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH.
En su Informe Anual de 2017 la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala dice que hasta el pasado mes de octubre se habían registrado 328 ataques contra defensores de DDHH,
entre ellos 52 asesinatos, de los que 45 fueron perpetrados contra
mujeres. Agrega que en las redes sociales y medios de comunicación se
difunde un discurso de contenido “racista, sexista y patriarcal” contra
quienes buscan justicia por los crímenes cometidos durante la guerra
civil guatemalteca (1960-1996), ya que muchos de los que cometieron
tales hechos “aún son parte de estructuras de poder vigente”.
Por otra parte, el pasado jueves dos
periodistas fueron hallados atados de pies y manos, y con heridas de
bala en la cabeza elevando el número de comunicadores asesinados a 14 en
los últimos 19 meses. En el año 2016 fueron asesinados nueve
periodistas, en el año 2017 se registraron tres asesinatos y en lo que
va del presente año dos.
El mismo informe de Front Line
Defenders habla de 160 “manifestantes” asesinados sin distinguir las
circunstancias en las que ocurrieron los hechos ni los miembros
de cuerpos de seguridad o transeúntes que cayeron en la jornada
violenta organizada y financiada por el antichavismo nacional e
internacional. No se especifica quiénes (policías o manifestantes)
murieron por armamento artesanal de los grupos violentos o por
francotiradores. Existe información detallada que sigue siendo invisibilizada por la gran red de agencias y medios alineados a la estrategia de EEUU contra Venezuela.
Precisamente, por este último factor son
tan acentuadas las denuncias de DDHH amplificadas por los aparatos
mediáticos privados de la región que se enfocan en la situación
venezolana, y son igual de ruidosos los silencios en torno a otros casos
mucho más alarmantes en América Latina.
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