por Juan Manuel Karg
La condena en segunda instancia a Lula da
Silva es un paso más en la judicialización de los líderes progresistas
que encabezaron el proceso de cambios de inicios de siglo en la región,
transformando la vida cotidiana de millones de personas.
Si
hacemos un breve repaso de la región entenderemos la gravedad del
cuadro: golpe en Honduras en 2009, seguido de la posterior
inhabilitación de Manuel Zelaya Rosales; golpe en Paraguay en 2012 y,
acto seguido, inhabilitación de Fernando Lugo. Por ende, la proscripción
(¿qué otra palabra podría definir mejor lo que busca el Poder Judicial
con Lula?) al histórico líder sindical es parte del mismo entramado. En
el caso brasileño, se trata del segundo paso tras la destitución de
Dilma Rousseff: la eyección del PT del Planalto necesita este cierre, al
que Lula espera ahora revertir –aún con expectativas moderadas, visto y
considerando lo que hasta aquí sucedió– en tribunales superiores y en
la propia justicia electoral.
En los últimos meses, en la
América latina del intento de restauración neoliberal pasaron las
siguientes cosas: en Brasil, Lula condenado; en Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner procesada y Carlos Zannini preso; en Ecuador,
Jorge Glas detenido y Rafael Correa investigado; en Uruguay, Raúl Sendic
apartado de su cargo. Se trata de un conjunto de dirigentes, primero
bombardeados en términos mediáticos, cuya credibilidad intentó ser
erosionada a partir de esta verdadera “guerra jurídica”. En el medio
también hubo embates mediáticos a Evo Morales –en Bolivia se llegó a
decir que tenía un hijo que no existía, lo cual fue determinante para
que perdiera por primera vez una elección– y a José Mujica –una autora
uruguaya llegó a inventar las “tupabandas”, que supuestamente
financiaban vía asaltos a mano armada al Movimiento de Participación
Popular del cual el ex presidente es referente–.
El recuento no es azaroso: da
cuenta de una cercanía entre el embate a estos dirigentes populares, y
también de una planificación que parece ser externa. El caso
chileno también es tristemente célebre: tres años atrás se abrió una
causa contra el hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por
delitos tributarios, tráfico de influencias y compra irregular de
terrenos. Permaneció abierta durante la campaña presidencial, y la
primera y segunda vuelta electoral. Ganó, bajo un altísimo porcentaje de
abstención, el conservador Sebastián Piñera, que venció a Guillier,
candidato de Bachelet. ¿Qué pasó a comienzos de este año, ya con la
elección definida? Avanzó el sobreseimiento definitivo de Dávalos, una
vez que estuviera claro que quien iba a La Moneda era el empresario
conservador.
En el Lawfare latinoamericano ya no se necesitan pruebas, sino apenas indicios o impresiones. ¿Qué
palabras sonaron en el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre?
Watergate, Mensalao, Lava Jato, Petrobras. ¿Por qué condenaron a Lula?
Por un triplex que no es de él. ¿Qué palabras se escucharon en el
impeachment a Dilma? Venezuela, Foro de San Pablo, Lava Jato, Petrobras.
¿Por qué la desalojaron del Planalto? Por “pedaladas” fiscales que
hicieron todos los gobiernos contemporáneos en Brasil, incluido el de
Fernando Henrique Cardoso.
Finalmente, bajo el velo de la
autodenominada “nueva derecha” latinoamericana, con supuesto pedigree
democrático, se esconde un furibundo embate a las instituciones en
general y a diversos líderes políticos en particular. Bajo el
paradigma de la lucha contra los “populismos” –que, hay que decirlo,
fueron o son gobiernos populares– se defiende la vulneración a aspectos
republicanos básicos, en un vale todo donde las víctimas son estos
dirigentes que enumeramos, pero sobre todo, la verdad y la justicia.
Esta es, en definitiva, la nueva “guerra jurídica” que vive nuestra
región.
¿Hasta dónde llegarán?
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