"Mire, mándeme primero el comprobante de transferencia al
WhatsApp y después la busco", dice un taxista caraqueño por teléfono a
su potencial cliente.
Los kioscos, los puestos de buhoneros y hasta los vendedores callejeros
de chicha (popular bebida venezolana a base de arroz o pasta) aceptan
transferencias bancarias o tarjetas de débito para transar productos
que, hace dos o tres años, podían comprarse fácilmente con el remanente
de la cartera, con un 'sencillo', como se dice en Venezuela. La historia
se repite a mayor o menor escala en todo el comercio.
La crisis económica que atraviesa el país suramericano se palpa en todas
partes: anaqueles vacíos, carros desvencijados, farmacias sin dotación,
tiendas con escasísimos inventarios, precios trepidantes. En la calle,
las culpas se reparten al mayoreo, casi siempre al gobierno y, en menor
medida, a la oposición. Sin embargo, poca gente habla de un responsable
silencioso y externo que ha impuesto sanciones severas al país bajo el
argumento de que solo afectarían a "funcionarios corruptos" del gobierno
del presidente Nicolás Maduro. Pero, ¿en realidad es así?
La "ayuda" de EE.UU.
En 2015, el decreto del expresidente Barack Obama, que calificó al país
de "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad de EE.UU., sentó
un precedente de política frontal contra Venezuela que ha sido
continuado por Donald Trump en la Casa Blanca.
Después de ese decreto empezó la inclusión de funcionarios venezolanos
de alto nivel —incluido el presidente Maduro— en listas negras y grises
del Gobierno estadounidense e instituciones multilaterales con el
objetivo de sentar las bases para un "bloqueo" financiero. ¿El
mecanismo? Usar esos datos como medida de coerción a las empresas
internacionales para obligarles a rescindir o no firmar contratos de
ningún tipo con Venezuela.
La acción de Washington contó con el respaldo de la oposición venezolana
y de sus líderes, en especial del diputado opositor Julio Borges, quien
emprendió una gira internacional que lo llevó a reunirse con el
mismísimo vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, para solicitarle
sanciones y el aislamiento total de la economía venezolana. La acción
del líder del antichavismo incluyó el envío de más de una docena de
cartas a organismos financieros para pedirles que no prestaran dinero a
Caracas, aunque la crisis económica empezaba a agravarse.
Esa acción desató la debacle de las finanzas del país petrolero. A los
correos de las instituciones públicas empezaron a llegar notificaciones
de la cancelación unilateral de contratos de corresponsalía bancaria e
interrupción de las operaciones en bancos internacionales, los 'peros'
de carácter legal y administrativos de empresas internacionales para
retrasar o impedir el pago de membresías a organismos multilaterales,
así como el bloqueo de activos financieros.
Un informe del ministerio de Finanzas, al que tuvo acceso RT, revela que
hoy persisten las limitaciones y negativas para transacciones
financieras de bancos internacionales desde y hacia Venezuela, que son
frecuentes las demoras en operaciones, y que el exceso de rigor en la
documentación y millonarios incrementos de costos por servicios de
intermediación están a la orden del día.
El cierre del cerco
En abril de 2016, la banca internacional comunicó a las instituciones
venezolanas que tenían prohibido hacerles pagos en dólares, a menos que
mantuvieran cuentas en los grandes bancos de EE.UU.
El alemán Commerzbank fue el primero en cerrar las cuentas que tenían
los principales bancos venezolanos del Estado: Bandes (de desarrollo);
Banco de Venezuela (universal) y Banco del Tesoro (fiduciario), así como
las de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
En julio de ese mismo año la medida fue imitada por el Citibank, que
cesó de manera unilateral el servicio de corresponsalía y solo dejó
activas las cuentas utilizadas para pagos del servicio de Deuda que se
tienen con la Oficina Nacional del Tesoro de EE.UU., una decisión que ha
restringido severamente la capacidad de Venezuela de hacer pagos en
divisa norteamericana.
Para ensombrecer la situación, en agosto de 2016 el portugués Novo Banco
notificó a Venezuela que no podría realizar operaciones en dólares por
presiones externas de los bancos corresponsales.
Así como la sencilla operación de pagar un taxi con billetes en Caracas
es casi imposible para la mayoría de los venezolanos, la opción de que
Venezuela haga sus compras con normalidad o cumpla con sus acreedores a
tiempo resulta inimaginable. Las sanciones limitan no solo la capacidad
de respuesta del país en el exterior, sino que afectan severamente la
calidad de vida de los venezolanos porque impiden al gobierno adquirir
alimentos, medicinas o materias primas para cubrir su consumo interno.
Amenaza a aliados
Si en 2016 EE.UU. se dedicó a cercar a Venezuela en el exterior con sus
acciones unilaterales, el gobierno de Trump en 2017 arreció la
estrategia con medidas destinadas a presionar a los aliados de Caracas.
Las regulaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. y las presiones
del Gobierno de Panamá hicieron que el Bank of China (BOC), con sede en
el país centroamericano, informara en agosto del año pasado que no
podría hacer ninguna operación en divisas a Bandes o a favor de
Venezuela.
Esas mismas restricciones impidieron la concreción de transacciones
entre bancos venezolanos y rusos en agosto del año pasado. Tiempo
después, Caracas intentó hacer un retiro de sus cuentas colectoras en el
Banco de Desarrollo de China, pero la corresponsalía del banco en Nueva
York no procesó la operación porque se encontraba en "revisión" y tardó
más de tres semanas en hacerla efectiva.
En octubre de 2017, el Deutsche Bank cerró las cuentas de corresponsalía
del banco Citic Bank de China por haber tramitado pagos a Pdvsa, la
industria que genera más del 90% de las divisas que recibe Venezuela.
Asfixia a Pdvsa
Aunque el tono diplomático entre Caracas y Washington siempre ha sido
cáustico, hasta la llegada de Trump la posibilidad de que EE.UU. atacara
frontalmente a la economía venezolana parecía lejana. No obstante, en
agosto del año pasado ese umbral se cruzó: el presidente norteamericano
restringió la transabilidad de los bonos de la República y de Pdvsa en
los mercados internacionales.
La medida tenía un propósito claro: impedir que el Gobierno venezolano
recurriera a la petrolera para obtener liquidez y así paralizar las
negociaciones que había adelantado el país con instituciones financieras
para buscar alternativas de crédito. La decisión de la Casa Blanca se
tomó justo después de que Maduro lograra un triunfo electoral sobre la
oposición con el proceso Constituyente.
El argumento de Washington para justificar la asfixia financiera a
Pdvsa, en un momento en que los precios del petróleo empezaban a
recuperarse, era que la "dictadura de Maduro" privaba a los venezolanos
de "alimentos y medicinas" y por eso el gobierno de Trump prefería
aplicar medidas "cuidadosamente calibradas para privar" al Gobierno
venezolano "de una fuente fundamental de financiamiento" y "evitar ser
cómplice de la corrupción en Venezuela y del empobrecimiento de su
población; y permitir la asistencia con fines humanitarios". En ese
comunicado, retórica de por medio, EE.UU. admitía abiertamente que iba a
impedirle a Venezuela usar sus propios recursos y después, claro,
pretendía ofrecerle un "rescate". Garrote y zanahoria.
El ataque a Pdvsa por parte de EE.UU. ocurrió casi a la par con una
movida de Euroclear, la empresa encargada de custodiar los bonos de la
República. En agosto del año pasado, esa firma decidió retener más de
1.200 millones de dólares de Venezuela, sin permitir la movilización de
esos activos, para afectar la disponibilidad de recursos a Caracas. ¿La
razón? Presiones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)
norteamericana.
"El Departamento del Tesoro de la administración de Donald Trump le ha
dicho a todas estas instituciones, que son una manera de dictadura del
sistema capitalista mundial, que busquen la forma de ahogar a
Venezuela", denunció el ministro de Comunicación venezolano, Jorge
Rodríguez, a finales del año pasado. Maduro calificó la acción de
Euroclear como un "secuestro".
¿Cómo afecta a los venezolanos?
Importaciones de materias primas como torta de soya, indispensable para
la elaboración de alimento balanceado para animales, se han paralizado
en los últimos meses con el único argumento de que han sido realizadas
por Venezuela. Las sanciones de EE.UU. han sido efectivas en infundir
temor a los empresarios que desean vender algún producto al país.
El miedo tiene asidero.
Entre el 15 y el 28 de diciembre del año pasado, más de 29,7 millones de
dólares fueron paralizados por bancos en Europa porque eran destinados
al pago a proveedores de alimentos. A finales de 2017 también se
devolvieron 23 operaciones, que sumaban unos 39 millones de dólares,
porque los bancos intermediarios no querían recibir recursos de
Venezuela.
El banco estadounidense JP Morgan, por su parte, retuvo más de 28,1
millones de dólares que serían destinados a pagar un buque con
alimentos. El resultado está a la vista: las largas filas en Venezuela
para conseguir los productos de la cesta básica son cada vez más largas y
las alternativas para llenar la despensa más inaccesibles; los rubros
de la canasta se expenden a precios especulativos, basados en un "dólar
paralelo" que se transa un 700% por encima de la tasa oficial Dicom.
El panorama en materia de salud no es más alentador. La empresa
Euroclear ha retenido más de 1.300 millones de dólares, de los cuales
450 millones eran para el pago de alimentos y otros 40 millones para
medicamentos.
En el caso particular de la importación de insulina, no ha sido posible
para Venezuela cumplir el cronograma de pago porque el banco
estadounidense Citibank se niega a recibir fondos de Venezuela. La
situación se repite en el deporte, con la negativa de los bancos de
procesar dinero proveniente del país para los atletas de su selección
nacional; en la agricultura, al imposibilitar la compra de semillas para
el plan de siembra; y, en resumidas cuentas, se traduce en la
inestabilidad financiera de la nación: si el país no puede honrar a
tiempo sus compromisos por trabas del sistema bancario, incurre en un
impago inducido.
En noviembre del año pasado, por ejemplo, Venezuela hizo una
transferencia de 27,6 millones de dólares al Citibank para pagar un bono
de una de sus empresas públicas, pero la operación se hizo efectiva una
semana después: un retraso del banco que implicó la declaración de
'impago' a pesar de que el dinero estaba allí.
Como el mercado es implacable, aunque la demora en el pago de ese bono
haya sido por causas imputables a la institución financiera y no a la
nación, la banca no pierde: la acción termina por castigar a Venezuela
con el aumento del riesgo país y el incremento de las tasas de interés
para que sea inviable pedir financiamiento.
La promesa de la Casa Blanca "de aislar económicamente" a Maduro se ha
cumplido a cabalidad. "No nos quedaremos quietos mientras Venezuela se
desmorona", reza el comunicado de agosto del año pasado, en el que
Washington asegura que su único deseo es que en el país se celebren
"elecciones libres y justas". Lo curioso es que minutos después que el
gobierno anunciara los comicios presidenciales para el próximo 22 de
abril, el 'Tío Sam' fue el primero en oponerse con una clara amenaza:
"continuaremos presionando al régimen".
Los venezolanos saben de qué habla EE.UU. cuando amenaza con ejercer más
"presiones" porque son los primeros en sufrir las consecuencias del
bloqueo financiero: la falta de alimentos, la escasez de medicinas, el
deterioro de su calidad de vida, la desbandada especulativa, la idea
recurrente de irse del país. Hasta el taxista, que no puede comprar los
repuestos para su carro porque ya no le alcanza el dinero o ni siquiera
los consigue, sabe lo que se avecina. Lo sabe aunque su nombre no figure
ni por error en las 'selectas' listas de la OFAC.
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