Por William Serafino
Ya son varios días de
manifestaciones violentas en la nación centroamericana. Tanto el perfil
del mensaje político como el comportamiento de los medios, además del
empleo de métodos insurreccionales de protesta y por la propia historia
de un país ocupado e intervenido por Estados Unidos en distintas
oportunidades, indican que estamos en la presencia de un nuevo intento
de cambio de régimen bajo el formato de revolución de colores. Con
respecto a los objetivos y su pragmática global, nada nuevo. Socavar la
paz de Nicaragua y fabricar las condiciones internas para una etapa de
acoso geopolítico, se dibujan como los propósitos inmediatos de la
operación.
Insurgencia 2.0
El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) fue la primera organización de peso en rechazar los anuncios debido a que generaba “incertidumbre” y limitaba la creación de empleos por parte del sector privado.
Que específicamente este sector haya
sido el primer doliente debería decirnos bastante sobre el cuerpo de
“demandas” e intereses que inicialmente promovieron las manifestaciones.
Un evidente ejercicio de solidaridad de clase. El país todavía hasta
ese día estaba en calma total.
Al día siguiente de la información de
las reformas surgió una cuenta en Twitter llamada #SOSINSS, el nombre en
sí genera dudas sobre la razón particular de vincular la señal
internacional de socorro (recurso operativo típico de las revoluciones
de colores en redes sociales) con el Instituto de Seguridad Social. Su
propio curso de acciones disiparía todas las sospechas 24 horas después.
Martha tiene 71 años y no tiene hijos. Para ella que le quiten el 5% de
su pensión es un golpe duro a su economía. "Me han firmado mi sentencia
de muerte", dice. Dale RT y difundí
En principio moldearon el sentido
político que promovería la agitación. Las publicaciones iniciales
construían una narrativa de cohesión ciudadana frente a las reformas,
que por medio de un tratamiento selectivo de los impactos, se colocaba
en aparente confrontación con el Estado, razón por la cual tenía un
sorpresivo sentido de urgencia salir a protestar.
Este relato configuró un esquema de
apoyo público inicial en los sectores medios y bajos a los intereses de
la clase empresarial que luego se ampliaría hacia los medios locales (El
Confidencial, La Prensa, entre otros) y los internacionales (Reuters,
BBC, El País, etc.).
Después saltaron a instrumento de
movilización y convocatoria. Apartando cualquier responsabilidad, se
volcaron como medios de difusión y convocatorias de “plantones” en
edificios gubernamentales, y en específico en las sedes del INSS, los
cuales se transformarían en los puntos de partida de un violencia
callejera en ascenso. Ahora sí se entendía el uso propagandístico del
#SOS. Los conatos de protesta iniciaban y la violencia escalada rápida
pero focalmente.
El uso de esta cuenta parece haberle
permitido a agitadores profesionales y sus nexos con capas de la
criminalidad operar con flexibilidad en el terreno, suprimir la identificación con algún frente político ligado con la oposición
nicaragüense y por ende con Estados Unidos, y camuflar bajo el ropaje
de una acción ciudadana acciones de violencia extrema contra centros de
salud, sedes de patrimonio cultural, centros de acopio y sitios
gubernamentales. Ya el jueves y el viernes, el país estaba en tensión y
trifulcas callejeras.
Los “plantones” no sólo fueron
expandiéndose hacia varios puntos de la geografía nacional (en 8
departamentos aproximadamente), sino que fueron mutando progresivamente a
cúmulos de violencia extrema donde resalta el uso de armas de fuego no
convencionales para intensificar el choque con las fuerzas de seguridad,
la alteración de la tranquilidad pública y la vialidad y el ataque
armado contra distintos espacios públicos y la ejecución de saqueos a
comercios.
La cuenta #SOSINSS, que ya había
cumplido su papel como articulador de las protestas y convocante de
primera línea en redes sociales, cambió su orden de prioridad hacia el
control y direccionamiento del flujo informativo alrededor de los
choques. Esto con el fin de glorificar la violencia, situar como
víctimas a los actores que protagonizaban los choques con la fuerza
pública y servir de fuente primaria para la prensa internacional, un
aspecto fundamental en la posterior cartelización de cifras manipuladas
en torno a los hechos.
Protestas marca USAID, criminalidad y el discurso del cambio de régimen
Como parte de la cartilla globalizada
que describe una revolución de colores, las protestas en apariencia han
sido ciudadanas, protagonizadas por los jóvenes y los sectores de la
iglesia católica, antipolíticas (sin nexos con partidos tradicionales) y
en principio con fines reivindicativos.
Lo que empezó con algunas
manifestaciones dispersas en rechazo a las reformas del INSS, adquirió
un esqueleto de movimiento ciudadano con vocación al choque callejero y
la violencia armada, la clásica mutación de las revoluciones de color en
busca de lograr mayores grados de confrontación que debiliten al Estado
y lo coloquen en una situación defensiva.
En lo narrativo parece estar la
intención de configurar un frente político (posmoderno) donde puedan
articularse un conjunto de “demandas” gremiales prefabricadas por la
USAID, lo que a su vez contribuye a reflotar la imagen de la oposición
ampliando su base de apoyo político hacia “la juventud” y los
“descontentos”. Es por esa razón que las protestas tienen un corte
juvenil y universitario, son los extras que necesitan para desviar la
atención de los grupos armados que inflingen los ataques más graves.
Porque el signo USAID en este nuevo
intento de cambio de régimen en Nicaragua no sólo está en el profuso
financiamiento que entrega a organizaciones políticas opositoras y ONGs
locales, fondos que pudieron tener como destino probable el
adiestramiento en tácticas de subversión y guerra urbana. Un total de 31
millones de dólares entregados nada más en 2016 han recibido bajo la cobertura de “Desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil”.
Eslogan que puede ser útil para
promocionar foros y actividades académicas, pero también para dar
asesoramiento en cómo enfrentar a las fuerzas de seguridad y hacer uso
de bandas criminales con una presencia notoria en el país.
Este aspecto representa la porción más grande
del financiamiento a estas organizaciones gestionado por la USAID en
Nicaragua. Esta institución resalta públicamente que el dinero entregado
tiene como finalidad desarrollar la gobernanza civil utilizando los
medios de comunicación en el país centroamericano.
En nota del 16 de abril
el portal Nicaleaks le daba rostro, nombre y apellido a los
organizaciones financiadas que promovieron la violencia en las calles:
“Esta mañana, los dirigentes de las ONG opositoras, como el Cenidh,
CPDH, Fundación Violeta Barrios de Chamorro y Hagamos Democracia, entre
otros, así como grupos políticos (FAD, MRS, etc,.) y medios de
comunicación como la misma Prensa y Confidencial, amanecieron con los
brazos y bolsillos abiertos en espera que la USAID siga destinando
dinero para eternizar el estatus de vida que llevan”.
En esa exposición de motivos se ubica la
sustancia política marca USAID en el curso de las protestas violentas.
Muestra de ello es el Departamento de Estado de EEUU, que para mantener un clima de tensión permanente
en las relaciones de EEUU con Nicaragua, emplea una narrativa de
promoción de la libertad de expresión, la democracia y de mayor
participación de la sociedad civil como condiciones “naturales” que
deben imperar, animando claramente a la oposición a socavar el gobierno
de Ortega mediante el uso de los medios de comunicación y con
manifestaciones violentas. La utilidad práctica de la “gobernanza” a la
que se refiere la USAID.
Como si se tratara de una imagen pasando
por una fotocopiadora, los primeros “plantones” que rechazaban las
reformas del INSS mutaron hacia un movimiento insurreccional que
justifica su existencia en las mismas demandas del Departamento de
Estado, agregando por supuesto la agenda “anticorrupción” y la ausencia
de libertad de expresión, que también provienen de la oferta de
productos políticos de la USAID. De un reclamo en apariencia
reivindicativo, la razón política de la movilización se trasladó hacia
exigencias de cambio político.
Y es que detrás de esa neolengua
presentada como escala de valores indispensable para cualquier sociedad
(la democracia liberal, la libertad de expresión, etc.), que pasa por
encima del contexto cultural y político de cada país, se camuflan los
nuevos atributos del poder global: la ampliación de la zona de control y
sometimiento sobre el cuerpo social, político, económico e
institucional de la periferia, mediante el uso de estructuras privadas
(ONGs, medios de comunicación, programas de cooperación económica
privada, etc.) que pujen por subordinar desde adentro al Estado y a la
sociedad a las preferencias del capital financiero transnacional.
Lo que llaman el poder “blando”.
Geopolítica: Canal Interoceánico, la Nica Act acelera los motores y el poder del “poder blando”
A diferencia de las protestas también
violentas del año 2015, dirigidas a simular un escenario de rechazo
generalizado al Canal Interoceánico, éstas de 2018 reflejan un cambio de
naturaleza por un lado, y por otro, los frutos tangibles de los últimos
años de financiamiento de la USAID: el adiestramiento y proliferación
de los medios y las redes sociales en Nicaragua fueron armas utilizadas
para alterar la estabilidad política del país, quizás por primera vez
con ese nivel de eficacia, capacidad y resonancia.
En aquel momento fue el Movimiento de
Renovación Sandinista, que buscaba perfilarse como una opción electoral
seria para la oposición, la cara visible que organizó parte de las
movilizaciones y asumió una pronunciada direccionalidad política.
Una realidad totalmente contraria a la
luz de un movimiento de laboratorio que emergió de las redes sociales,
que se organizó en la calle con agitadores con conexiones no visibles,
adquirió un barniz juvenil y encontró su propia forma de oxigenarse
empleando rumores y operaciones de propaganda para ablandar a las
fuerzas de seguridad e inducir mayor inestabilidad.
Es así como se han agregado expresiones musicales juveniles
y frentes de estudiantes universitarios como vanguardia ideológica y
moral, y sobre todo como coberturas gremiales, de la operación de cambio
de régimen. Sensibilizar a la opinión pública y utilizar las redes
sociales para glorificar la violencia, toda vez que en el terreno los
agentes criminales hacen el trabajo sucio, forma parte del manual global
de las revoluciones de color. Nada nuevo, salvo la adaptación de sus
fines en lo local.
En tanto método de laboratorio, sus
objetivos son múltiples y no caminan siempre en una dirección lineal,
sino adaptados a las condiciones y límites del Estado-víctima. Es por
eso que las manifestaciones violentas no parecen tener un objetivo final
en sí mismo, más bien podrían apuntar a generar condiciones de
inestabilidad y “rechazo” interno con la suficiente resonancia para
impulsar una operación de acoso geopolítico.
Por esa razón han concurrido a respaldar
el choque violento en las calles y a tildar como “violenta” la
contención de las manifestaciones, ONGs de la talla (por su presupuesto
en dólares proveniente de EEUU, nada más) de Amnistía Internacional, de
Human Rights Watch, ambas escoltadas por la Secretaría General de la
OEA, la Unión Europea y los gobiernos de EUU y Costa Rica.
Por medio de esa persuasión se intenta
estandarizar el tratamiento en torno a los choques callejeros, negando
las propias coordenadas de la personalidad nicaragüense que asume la
política con varios decibeles de intensidad, a su vez que glorifica como
víctimas a los instigadores que dirigieron las manifestaciones a la
violencia profesional.
Es probable que esta maniobra interna pueda servirle al Senado de los EEUU para acelerar la aprobación de la Nica Act,
una ley dirigida a cerrar los canales de financiamiento del país en el
sistema financiero internacional dominado por Washington. Según sus
promotores, los senadores Marco Rubio, Bob Menendez, entre otros, la
razón de su aplicación es la falta de elecciones libres, violaciones a
la Ley, los derechos humanos y la corrupción del gobierno nicaragüense.
Ahora la oficialización del bloqueo
financiero contra el país centroamericano podría venir bajo la excusa de
defender a los manifestantes o para evitar una “mayor represión” por
parte del sandinismo, haciendo uso de la ventaja comparativa que le da
tener a la USAID como acto reflejo de la “sociedad civil” en “defensa de
la democracia”.
“No voy a dejar de defender la democracia, eso es parte de nuestra política y seguirá siendo parte de nuestra política”: apoyándose esa misma premisa
el embajador gringo Paul Trivelli se justificaba ante la prensa cuando,
en 2006, ofrecía públicamente millones de dólares a todas las
organizaciones que buscaran hacerle oposición, electoral o no, al
gobierno de Daniel Ortega.
La capa fundamental de este nuevo
intento de cambio de régimen en Nicaragua parece estar atravesado por
una condición inalterable y sumamente conflictiva: su ubicación
geográfica y el interés binacional entre Nicaragua y China por construir
un Canal Interoceánico de 270 kilómetros que desplace al de Panamá como
única arteria comercial entre los dos océanos.
La culminación y entrada en
funcionamiento de este mega proyecto en el mediano plazo significaría
una pérdida tangible en el control financiero y comercial de EEUU, lo
que tendría implicaciones tanto en su posición de dominio sobre la
región, como también en su estatus de rector comercial a nivel mundial,
justo cuando emprende una guerra financiera de larga duración contra
China.
Lo que se está jugando EEUU en Nicaragua
es fundamentalmente la ventaja geoestratégica que desde principios de
siglo XX le ha dado el Canal de Panamá. Y la urgencia geopolítica por
impedir que el proyecto avance tiene su medida en el financiamiento
entregado a la oposición durtante años y la sobredosis de violencia
armada en los últimos días. Es indispensable para ellos un cambio de
gobierno en Nicaragua para colocar una nueva administración que desista
del Canal Interoceánico.
No en balde uno de los ganchos narrativos de
las manifestaciones es la oposición férrea al proyecto, un aval
político prefabricado pero no por eso menos útil para que la Nica Act
cierre los grifos de financiamiento hacia el Canal.
Lo atestiguamos en la Primavera Árabe,
durante el Maidán ucraniano, en el marco de la protestas en Brasil, y en
2014 y 2017 específicamente en Venezuela: las operaciones de cambio de
régimen no culminan cuando lo hacen las protestas, sino que mutan y
asimilan un conjunto de frentes que le dan una continuidad más agresiva
desde el poder formal.
Lo ocurrido en los últimos días puede
ser instrumentado para dar forma a sanciones económicas, complicar el
posicionamiento diplomático del país y desmovilizar los objetivos
políticos prioritarios del gobierno de Daniel Ortega mediante el acoso
foráneo. Y ese es el cálculo inicial de fabricar una primavera a la
nicaragüense adaptada a las capas de criminalidad y crimen organizado
que tienen vida en el país y que pueden ser empleados si la agenda
política propuesta se presenta como rentable. Habla también de esa
capacidad de adaptación el rol de agitadores en el terreno que han
tenido sectores de la iglesia católica.
Mientras esta etapa germinal va
agarrando una tonalidad más sobresaliente, los medios locales e
internacionales ya cometieron sus respectivos crímenes elevando la cifra
de muertes a 10, cuando en realidad murieron cinco -entre ellos un
efectivo policial y el periodista del Canal 6, Ángel Gahona- para luego
trasladar la responsabilidad de todos los hechos al gobierno de Daniel
Ortega mientras se finge demencia por los daños humanos y materiales
generados por los grupos violentos. Ninguna de las víctimas participaba
en las protestas.
La fábrica globalizada de fake news
se pone a prueba en Nicaragua y al servicio de grupos armados
profesionales que ejecutan actos de violencia extrema. Y la siguiente
maniobra de los medios está en pleno desarrollo: crear un mártir que
evite una desmovilización de la violencia y otorgue una carga simbólica
para mantener la agenda a flote en caso de un reflujo. Pareciera que
Ángel Gahona cumple con las características necesarias en medio de la
urgencia por una muerte política que le dé cuerpo físico a la
confrontación.
Canal 6 de Nicaragua denuncia el asesinato de su corresponsal. Ángel reportaba el caos promovido por antisandinistas cuando fue tiroteado. Medios y periodistas mainstream falsean información y endosan la muerte al gobierno. De manual la operación informativa contra Ortega: https://twitter.com/canal6nicaragua/status/987864026402246657 …
Los datos precisos indican que 4 personas han muerto en #Nicaragua a consecuencia de violencia callejera impulsada por sectores de derecha. Son el agente policial Hilton Manzanares, el trabajador Darwin Urbina, el militante sandinista Richard Pavón y el adolescente José Amador pic.twitter.com/d7AUkSFYRV
Sin embargo los medios internacionales como BBC y CNN insisten en informar que han muerto 10 personas sin ofrecer nombres ni lugar y fecha de los supuestos hechos. Cabe destacar que ninguna de las víctimas se encontraba participando en las protestas antigubernamentales pic.twitter.com/Zdikj74o6f
No hay comentarios.:
Publicar un comentario