POR: David Armstrong, Flinders University.
El número de alumnos que son suspendidos o expulsados en las escuelas de Australia actualmente está "por las nubes" según los medios de comunicación,
donde se habla de un aumento del 10% en las expulsiones de más de dos
años de duración en escuelas primarias del estado de Nueva Gales del Sur
y de cómo los alumnos de la zona suroeste de Sídney suelen ser
expulsados cuatro veces más a menudo que los estudiantes de otras partes
de la ciudad.
No es la mejor estrategia
La suspensión se produce cuando el centro educativo decide expulsar
durante unos días a un alumno tras un incidente grave (como puede ser la
agresión a un profesor) mientras se valora cómo proceder. En cambio, la
expulsión puede ser temporal o permanente y se suele producir tras la
decisión de la dirección del centro de que el alumno no puede asistir al
colegio como resultado de su comportamiento.
El gobierno tiene como obligación legal proporcionar educación a
todos los niños y la decisión de expulsar a un alumno significa que será
transferido a otro centro educativo o que pasará a ser
educado por sus tutores legales (en países como Australia o Estados
Unidos), dependiendo de las circunstancias familiares y del consenso de
los profesionales que se encarguen del caso (normalmente el equipo de
dirección del centro).
En un informe del Defensor del Pueblo en Australia
del año 2017 se observaba que la expulsión en las aulas era un problema
educativo en auge y que muchos centros no contaban con los recursos, la
información y la asistencia necesarios para apoyar a los alumnos con
mayores necesidades.
Las suspensiones y las exclusiones también plantean varios problemas
éticos serios sobre la manera en la que el sistema educativo trata a los
estudiantes más desfavorecidos. Los alumnos vulnerables
(o "en riesgo"), como pueden ser aquellos con discapacidades o con
dificultades de salud mental, están representados de manera
desproporcionada en las suspensiones y expulsiones escolares.
Según un informe reciente
publicado en Australia, se recomendaba de forma explícita a los
colegios que evitaran utilizar las expulsiones o las suspensiones como
estrategia de control de comportamiento por defecto para aquellos
alumnos con discapacidades o con conductas difíciles.
Existen muchas estrategias basadas en pruebas para mejorar el
comportamiento de los alumnos (y de los profesores) en las aulas. Dichas
estrategias pueden ser muy efectivas si los profesores saben cómo
utilizarlas y si tienen la suficiente seguridad para hacerlo. Los niños
con necesidades conductuales puede que necesiten una intervención más especializada que se centre en desarrollar las capacidades comunicativas y sociales adecuadas, así como una regulación emocional.
También se puede ayudar a los profesores a la hora de recopilar y
clasificar los datos sobre cuándo y dónde ocurren los problemas de
conducta para después utilizarlos para valorar qué es lo que puede estar
detrás de dichos comportamientos.
Qué se puede hacer
Por ejemplo, Jorge necesita ayuda porque la tarea que ha puesto el
profesor es demasiado difícil para él y su comportamiento perturbador es
una forma de pedir ayuda. Cuando Carla molesta a la profesora y acaba
siendo expulsada de clase, lo que consigue es librarse de hacer los
tediosos problemas de matemáticas. Andrés está
irritable y suele tener un comportamiento agresivo los lunes por la
mañana porque los domingos se queda a dormir en casa de su padre que le
desestabiliza a nivel emocional y hace que recuerde una y otra vez la
separación de sus padres.
Con todo estos datos los profesores pueden ayudar
a los alumnos a aprender a modificar su comportamiento, por ejemplo
enseñándoles buenas formas de conducta con las que reemplazar los
comportamientos negativos.
En algunos casos, al igual que los estudiantes, los profesores y los
colegios necesitan un cambio de actitud. Varios estudios australianos
han indicado que si los profesores, los padres y los directores de las
escuelas tienen una actitud negativa hacia los alumnos "de riesgo"
(aquellos alumnos con discapacidades, problemas de salud mental o
procedentes de entornos desfavorecidos) pueden incitar a que se
produzcan comportamientos que lleven a la expulsión o a la autoexpulsión.
Mi propia investigación
muestra que reducir las expulsiones en la educación es una oportunidad
para cambiar la actitud hacia la discapacidad y la salud mental en las
escuelas. Es fundamental cambiar la forma en la que los profesores se
dirigen a los niños en riesgo si queremos que los profesores cambien su
comportamiento a favor de la integración.
Muchas personas consideran que la enseñanza es una profesión muy estresante. Aunque las razones son muy complejas, varios estudios sugieren que el mal comportamiento en las aulas es uno de los principales motivos. Los nuevos datos sobre la relación entre el estrés de los profesores y el comportamiento de los alumnos sugieren que es algo bidireccional:
el agotamiento de los profesores puede llevarles a utilizar métodos de
castigo represivos e ineficientes que pueden escalar rápidamente y hacer
que el profesor se sienta cada vez más impotente.
Otra investigación
sugiere que los profesores estresados están mas desconectados de sus
alumnos y que a menudo les cuesta ver cuáles son sus necesidades, lo que
puede llevar a un mal comportamiento por parte de algunos alumnos.
También son muchas las escuelas y los profesores los que no tienen las
capacidades o los conocimientos necesarios para adaptarse a las
necesidades de aprendizaje y de comportamiento específicas de los
alumnos con discapacidades.
Por eso es probable que las futuras iniciativas a nivel nacional para reducir el estrés de los profesores reduzcan el número de suspensiones y expulsiones innecesarias.
Los beneficios de este tipo de iniciativas pueden ser considerables
tanto para los alumnos más vulnerables como para todos esos profesores
que se esfuerzan en su trabajo.

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