Aunque no ha pasado por debajo de la mesa el hecho de que, según
el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 1 mil 995
menores de edad inmigrantes han sido enviados a centros de detención
entre el 19 de abril y el 31 de mayo de este año, separados de sus
padres para ser procesados y encarcelados en cinco estados, sí parece
ser el hecho de que esta es una política continuada de Barack Obama y su gobierno.
Según la agencia Reuters, se realizaron 1 mil 800 separaciones entre
niños y padres inmigrantes entre octubre de 2016 y febrero de 2018. Una
cifra ascendente que fue enjuiciada por demócratas y republicanos
estadounidenses.
Pero, al menos a los demócratas, les salió el tiro por la culata
luego de que un periodista ubicara que durante la era Obama también
había sucedido tal caso.
Además, aproximadamente 2.8 millones de personas fueron deportadas en
su gobierno, de las cuales el 40% fueron regresadas a su país de origen
sin tener antecedentes penales ni judiciales con la ley o algún ente de
control estadounidense.
En 2016, la Administracion Obama realizó, a través del Servicio de
Migración y Aduanas, una campaña a nivel nacional de redadas para
ejecutar órdenes de deportación a un estimado de 100 mil familias con
madres y niños.
El escándalo trascendió de tal manera que Trump firmó una orden ejecutiva en la que prohíbe la separación de niños inmigrantes de sus padres.
Macri y los Panamá Papers reloaded
En la primera parte de los Panamá Papers, se reveló que Mauricio
Macri y otros miembros de su familia eran directores de Fleg Trading. Su
padre era el dueño. Las leyes contra el lavado de dinero exigían que
Mossack Fonseca conociera dicha información.
Los correos electrónicos entre la oficina central de Mossack Fonseca
en Panamá y su sucursal en Uruguay en septiembre y octubre de 2016 develan que
los empleados de la firma discutieron un plan para antedatar documentos
con el fin de ocultar el hecho de que el bufete "no sabía" que la
compañía de la familia presidencial argentina se había establecido en
Bahamas.
Según esos mismos e-mails, los empleados de Mossack Fonseca
discutieron la posibilidad de que el contador de la familia Macri
elaborara un documento escrito a mano (era 2016) fechado años antes, que
confirmara el propietario. Cuenta el contador que descartó la idea pues
la consideró "muy arriesgada", debido a que la carta "podría ser
refutada fácilmente por un calígrafo experto", pues obviamente
reconocería que el documento habría sido escrito más recientemente que
la supuesta fecha inscrita.
Los referidos archivos también muestran que Mossack Fonseca no
conocía las conexiones de la familia Macri con BF Corporation, otra
empresa off-shore ficticia.
Según informes provenientes de medios argentinos, BF Corporation era propiedad de dos hermanos de Macri.
Esos informes han señalado que los fiscales alemanes alertaron a las
autoridades argentinas en 2016 sobre transacciones sospechosas que
involucraban a BF Corporation, basadas, en parte, en las revelaciones de
la investigación de los Panamá Papers.
Se escuchó más del fracaso en el primer partido de la selección
argentina en la Copa Mundial de la FIFA, que de las actividades
corruptas de Macri. Nada es casualidad.
Guerra comercial en ascenso
En un toma y dame entre potencias económicas, Estados Unidos y China
se embarcan en una guerra comercial. La Administración Trump impuso anunció
la imposición de aranceles del 25% a una lista de productos chinos por
valor de 50 mil millones de dólares, acusando a Pekín de robo de
propiedad intelectual.
Los aranceles afectan a 1 mil 102 categorías de productos y se harán afectivos a partir del 6 de julio.
Y, de hecho, la Casa Blanca amenazó de antemano a China con que
impondrá más aranceles si China responde imponiendo restricciones
comerciales.
Por ello el gobierno de Xi Jinping habla netamente de guerra
comercial, mientras que la mayoría de los analistas y periodistas
estadounidenses dicen que se acerca una.
En detalle, los aranceles estadounidenses se focalizan en
sectores industriales que se relacionan con el plan de Pekín "Made in
China 2025", que pretende desarrollar la producción de alta tecnología
en el área aeroespacial, automotriz, de tecnología de información y
robótica.
Por ello, China puede responder con medidas más allá de las
impositivas. Jake Parker, vicepresidente para operaciones con China del
Consejo Comercial EEUU-China, analizó
que las opciones podrían incluir la demora o denegación de licencias
que necesitan las empresas estadounidenses, lo cual abre un nuevo frente
que es el tecnológico.
Mientras tanto, lo hizo en igual escala: la Comisión de Aduanas comunicó
la imposición de aranceles adicionales del 25%, por el valor de 50 mil
millones de dólares sobre 659 productos estadounidenses. Entre los
productos que se verán afectados por esta nueva medida, se encuentran
insumos agrículos como vehículos y productos asociados, dos de los
sectores más sensibles para Estados Unidos.
Asciende la guerra comercial entre estos dos gigantes de la economía global. En ese contexto, se prevé una crisis comercial de extraordinarias consecuencias
para el resto del planeta que también vive de sus prodcutos
sancionados. Vendrán nuevos capítulos de este suceso en tiempo real.
La emergencia humanitaria de Yemen
Las fuerzas de coalición lideradas por Arabia Saudita y Emiratos
Árabes Unidos, y apoyadas por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, lanzaron el 14 de junio
la Operación Tormenta Decisiva contra la ciudad de Al Hudaida para
controlar la terminal portuaria más importante en manos de los hutíes.
Entre el 85% y 90% de suministros como alimentos y medicamentos a
Yemen llegan a través de esa ciudad, que alberga a unos 600 mil
habitantes y se encuentra a 150 kilómetros de Saná, la capital yemení en
manos también de los hutíes. La importancia estratégica de este punto
es, entonces, evidente.
Según la ONU,
22.2 millones de yemeníes sufren las consecuencias del bloqueo marítimo
que mantiene la coalición pro-saudí en el contexto de su ofensiva, ya
que dependen de los suministros importados, vitales para su
sobrevivencia.
De esos 22.2 millones de yemeníes, 8.4 millones de personas se
encuentran en grave situación alimentaria y al borde de la hambruna.
Esto es un poco menos de la mitad de la población total afectada por el
conflicto con Arabia Saudí.
Según la UNICEF,
1 niño yemení muere cada 10 minutos por enfermedades curables y el
colapso de los servicios públicos, dando un total de 144 menores
fallecidos por día a consecuencia de este desastre humanitario.
El bloqueo ha derivado en una epidemia de cólera y graves
afectaciones al acceso al agua para las 18,8 millones de personas que
viven en las zonas asediadas por la coalición internacional respaldada
por Estados Unidos.
El punto crítico de esta guerra está llegando a su clímax, y de eso muy pocos hablan.
Privatizan el agua en México
El presidente mexicano Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de
los decretos para modificar el estatuto de las vedas acuíferas
existentes sobre una gran cantidad de cuencas existentes en ese país.
De salida prontamente y con las elecciones presidenciales a la vuelta
de la esquina, el mandatario anunció la firma de 10 decretos que
modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas
hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40% de las
cuencas escurre 55% de las aguas superficiales del país.
Con la aprobación de dichos decretos se elimina la "prohibición que
había para la entrega de permisos de extracción de agua" en esas
cuencas, con el pretexto de que servirían para establecer reservas de
agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos
50 años.
Pero algunos defienden
la decisión y silencian el objetivo, que es dejar vía libre a la
privatización, cada vez mayor, de las reservas acuíferas de
México. Abre la puerta para que el 55% del agua se utilice para fines
lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en
organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones
de agua para las distintas empresas extractivas del país (minería,
hidrocarburos, turística, inmobiliaria).
De hecho, así lo denunció la
coalición Agua para Todos: "Estos decretos van a permitir a la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) garantizar los volúmenes de agua que están
exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadoras de sistemas
urbanos de agua, a costa de los derechos de los pueblos indígenas,
núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos".
En todo caso, se denuncia que los trasvases de agua de una cuenca a
otra son uno de los casos más evidentes de despojos de bienes comunes.
Se despoja el agua de las comunidades indígenas o agrarias que han
cuidado y protegido este bien común durante décadas y hasta siglos para
que, de pronto, mediante agresivos proyectos de "desarrollo", se les
expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.
Ya ha sucedido anteriormente con varios megaproyectos hidráulicos: el
sistema Cutzamala del estado de México a la Ciudad de México; Monterrey
VI que prevé trasvase del agua del río Pánuco a Monterrey; o la presa y
acueducto El Zapotillo, que trasvasa aguas del río Verde de Los Altos
de Jalisco al complejo industrial de El Bajío de Guanajuato.
La privatización del agua en México es un hecho silenciado, pero
produce crispaciones a más de uno en medio del bullicio consecuencia del
Mundial en Rusia.
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