Superar la religión, la revolución que nos falta

Por: Ana Cristina Bracho

Como todos los años, cuando se acerca Navidad, se evidencia la precaria laicidad del Estado venezolano. Así, se llenan todos nuestros espacios de réplicas del pesebre, alusiones a la Virgen y fechas que fueron determinadas festivas por el calendario católico. Entonces, como tantas otras veces, quiero que pensemos en el tema de la laicidad como un principio que quedó implícito en la Constitución de 1999 y que sin duda debe quedar claramente establecido en la futura norma suprema.

Esto porque, en esta palabra que se omitió en el texto constitucional, se determina el carácter de un Estado y la relación que mantiene con los ciudadanos. Pensarlo nos lleva a observar que nosotros descartamos en ese texto que el país tuviera una religión oficial o que el Estado tuviera carácter confesional, y esto debe interpretarse, como abonando a la idea que el Estado ha de ser laico, toda vez que además se estableció expresamente el derecho de cada quien al libre desenvolvimiento de su personalidad y quedó prohibida la discriminación en razón de la religión.

Quizás es bueno iniciar esta nota aclarando que quien suscribe estas líneas se reconoce como católica, por ende, no tengo un rechazo hacia la catolicidad y su modo de ser sino que reconozco el derecho individual de toda persona, determinada o no, de decidir su religiosidad, y rechazo la hegemonía que, sobre la base de una naturalización, sigue contando la Iglesia Católica.

Una primera idea quiero que tomemos en cuenta: todos los derechos están en relación con el sistema político, con el sistema económico y, también, con la visión religiosa de un Estado, y aunque esto nos lo presenten como una caricatura, generalmente limitado a los casos de los países musulmanes, tiene una incidencia práctica en la vida de cada uno de nosotros.

Por ejemplo, todas las reivindicaciones de derechos civiles de las mujeres pasan por exigir una lectura diferente a la que la religión ha impuesto de los roles de género. La mujer en el catolicismo siempre está entre dos extremos: ser la buena y dulce Madre de Jesús que acepta el destino que le impone Dios o ser la condenable María Magdalena que vive con un código de libertad que no es propio para una mujer devota.

Y las mujeres hemos ganado salir de esa lectura dual. Hay muchas otras maneras de ser mujer y la realidad no es tan absoluta como los planos de disyunción bueno/malo de esta leyenda, porque, por ejemplo, antes de la maternidad de la Virgen, el Ángel Gabriel le consulta si acepta al hijo, lo cual es un derecho negado en nuestro país al universo de mujeres que consigue penalizada cualquier respuesta negativa hacia una maternidad no deseada cuando una criatura ha sido ya concebida.

Por eso tenemos que entender que exigir un Estado laico es un presupuesto para un avance firme en la igualdad de género, pues de lo contrario estamos siempre en una especie de chantaje, temiendo la toma de decisiones, por cualquier vía, que afecte los intereses o las posiciones de los grupos religiosos.

Nos quedan otros asuntos como el derecho a la religión que tienen todas las personas que no profesan el catolicismo y que merecen no ser atropelladas por cultos, símbolos y costumbres que les son ajenas o de los que se manifiestan abiertamente en contra.

Por ejemplo, si se diere el caso de un alcalde que se declara ateo, ¿por qué tiene este que dedicar su gestión a financiar la parroquia de su municipio? Una cosa fascinante en este tema es la delicada frontera entre lo cultural y lo religioso. Lo primero, formando parte de los derechos, debe financiarse y promoverse con el erario público, lo que no debe hacerse en el segundo caso.

¿Cuál es el problema en este tema? Es tan sencillo como que las personas, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados que la desarrollan y nuestra Constitución no pueden ser objeto de ninguna discriminación en función de su religión y podría ser discriminatorio que las fiestas o cultos de una confesión se financien y los de otra, no.

Mirar el mapa regional también nos trae otras consideraciones sobre el tema, puesto que en el corazón de las comunidades latinoamericanas ha entrado en declive el tradicional catolicismo, lejano a la realidad de la gente y su modo de sentir, para la penetración de una nueva cristiandad.

Una que ha sido considerada un factor decisivo para la reconfiguración del mapa político del continente y que lo ha hecho girar a la derecha, incluso a la ultraderecha, como es el reciente caso de Brasil.

En el caso venezolano, puede que las realidades religiosas nos sorprendan porque solemos prestarle bastante poca atención y repetir, automáticamente, que el catolicismo es la fe de la mayoría de la población, o no mirar cuál es la importancia en la política de los temas religiosos.

La laicidad tiene, como concepto jurídico, su génesis en el modelo francés que declaró en la revolución la separación del Estado y de la Iglesia y que dispuso en 1905, por medio de una ley que todas las iglesias, incluso la católica, eran una asociación civil con régimen igual a las otras entidades de esa naturaleza, a la vez que distintas y separadas de la administración pública.

Por esta vía, lo religioso tiene derecho a existir incluso en la educación de los niños y en la celebración de cultos, pero esto se hace fuera de la esfera pública y sin dinero emanado del Estado. En los espacios destinados a la administración pública, los tribunales, los hospitales y las escuelas, no se practica ningún rito o rezo, ni se colocan símbolos religiosos. La única excepción que se ha reconocido es la decoración de Navidad que, pese a ser la fiesta principal de la cristiandad, ha sido interpretada por tribunales como formando parte de una cultura que trasciende a los que se reconocen y practican religiones cristianas.

Sin embargo, estos conceptos que parecían estar consolidados y habían pasado décadas siendo interpretados de manera pacífica han empezado a revisarse porque la tolerancia religiosa universal que proclaman ha sido cuestionada por quienes temen que los musulmanes modifiquen las bases de la sociedad europea. Sin duda, algunos de los cuestionamientos develan una creciente islamofobia pero, en todo caso, no podemos tomar el concepto en su dimensión clásica sin reconocer que en recientes disertaciones y decisiones judiciales ha sido reconfigurado.

Con todas estas ideas, mirando el panorama actual del mundo, este es un debate urgente para nosotros, pues las cosas han venido cambiando y nuestros movimientos sociales supieron hacerse de un movimiento constitucional que amplió sus derechos en Venezuela, Bolivia y Ecuador, pero que en nuestro país no pudo tocar las reglas jurídicas que determinan las relaciones fundamentales que son el Código Civil y el Código Penal, por el miedo a las reacciones que los grupos religiosos podrían tener.

Ahora, es tiempo de mirar que mientras eso pasaba y lo religioso seguía sin llamar verdaderamente nuestra atención, vinieron conformándose nuevos grupos, con reglas conservadoras, que son capaces de influir de manera definitiva en la realidad política de nuestros países, lo que ha de ser suficiente razón para que nosotros lo debatamos en estos tiempos constituyentes.