A Alejandro Andrade le congelaron
en Estados Unidos cuentas bancarias y bienes por mil millones de
dólares. La fortuna del exviceministro de Electricidad Nervis Villalobos
parece salida de una fábula saudita. Los desfalcos cometidos por él y
otros que fueron funcionarios del sector eléctrico en complicidad con
los llamados bolichicos alcanzan dimensiones propias de los listados de
millonarios de la revista Forbes. La cuenta bancaria de Claudia Patricia Díaz Guillén, a quien se conoce como “la enfermera de Chávez” es otra leyenda.
La periodista especializada en economía
Carmen Rosa Gómez buscó una manera de darle significado a esa danza de
números, al compararlas con el nivel de las reservas internacionales de
Venezuela andan por el orden de los 8 mil 800 millones de dólares y el
costo total de las importaciones ronda los 6 mil 400 millones de
dólares.
Esta comparación ya da una idea de la
magnitud del daño causado por la corrupción en un país que ha visto,
además, desplomarse sus ingresos petroleros, primero por la caída de los
precios en el mercado mundial y luego por la baja en la producción
nacional, que también es producto de gigantescas irregularidades y
desfalcos. Un círculo muy vicioso.
¿Más corrupción que en la IV?
Otra comparación que surge a cada paso
es la que suele plantearse con respecto a los casos de corrupción del
pasado, de la IV República.
El de más impacto público, por la
jerarquía del funcionario implicado, fue el del entonces presidente
Carlos Andrés Pérez. Aunque sus vínculos con la corrupción databan de su
primer gobierno (el caso del buque refrigerado Sierra Nevada fue un
botón de muestra), en 1993 se le juzga por lo que ahora luce como una
verdadera minucia: 250 millones de bolívares que al cambio vigente para
entonces equivalían a unos 17 millones de dólares.
Obviamente, ese caso fue solo la excusa
que encontró el sistema político para salir anticipadamente de Pérez,
quien había comenzado su mandato con El Caracazo y luego había logrado
sobrevivir a los alzamientos militares del 4 de febrero y el 27 de
noviembre de 1992.
Los verdaderos casos de corrupción de su
gobierno, que fueron cocinados al calor de la política neoliberal y de
las privatizaciones, nunca fueron investigados como tales. Asimismo,
fueron esas políticas las que generaron la crisis del sistema bancario
que luego tendrían que afrontar sus sucesores, Ramón J. Velásquez y
Rafael Caldera.
No debe olvidarse que el banquero Pedro
Tinoco fue presidente del Banco Central de Venezuela durante el período
de CAP y desde allí dirigió la nefasta política de los bonos Cero-Cupón
que llenó las arcas de su propio banco (el Latino) y de todas las otras
entidades financieras privadas del país. Tinoco también hizo uno de los
grandes negocios de aquel quinquenio (que no se registra como caso de
corrupción, pero debería) al reconocer la deuda externa privada a precio
de 7,50 o 14.50 bolívares por dólar, cuando ya el cambio había sido
liberado y llegaba a los 40 bolívares por dólar. Fue un subsidio
descarado para los más ricos a cargo de un Estado que había recortado la
inversión social a nombre del ajuste económico.
Recadi y su famoso chino
Antes de CAP II, el mayor escándalo de
corrupción había sido el de la Oficina del Régimen de Cambios
Diferenciales (Recadi) que rigió desde 1983 (luego del Viernes Negro)
hasta 1989.
Numerosos funcionarios de los gobiernos
de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi (este último principalmente),
así como alrededor de 25 mil empresas (entre las verdaderas y las de
maletín) se enriquecieron mediante la obtención de dólares
preferenciales para importaciones falsas o con sobreprecio en un
verdadero festín que duró seis años. Solo el mítico chino Ho Fuk Wing
pagó sus presuntos delitos con privación de libertad.
Si se le compara mecánicamente con
nuestra hiperinflada actualidad, el caso de Recadi podría parecer un
juego de niños. Pero no lo fue. Se estima que a través de este mecanismo
se despojó al patrimonio público de 60 mil millones de dólares, una
cantidad que por entonces era el doble de la deuda externa nacional.
Muchas de las fortunas forjadas o
multiplicadas en esos años por políticos y empresarios fueron
consecuencia de ese descomunal e ilícito negocio.
Caldera y los auxilios financieros
La principal sangría de dineros públicos
durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, último de la IV
República, fue la transferencia neta de fondos del Estado a los bancos
privados que habían colapsado luego de aprovecharse desembozadamente de
las políticas neoliberales de CAP.
La administración del líder
socialcristiano entregó en sus primeros cinco meses un monto de 6 mil
600 millones de dólares con la finalidad de que los bancos siniestrados
(manejados por juntas interventoras) devolvieran al menos parte de sus
depósitos al público. Pero el dinero de los rescates terminó también en
manos de los mismos banqueros (quienes huyeron del país para no afrontar
responsabilidades penales) o de terceros. Muchos clientes de los bancos
intervenidos nunca recibieron sus fondos. Particularmente afectados
fueron los que tenían cuentas en la sucursales off shore de los
bancos quebrados. Tampoco se logró nunca la devolución de los auxilios
al Estado, que se hizo cargo de las instituciones financieras
convertidas en chatarra y terminó incorporándolas al portafolio de
privatizaciones baratas.
Repetición de errores… y de delitos
Desde sus inicios, la Revolución
Bolivariana tuvo en la lucha contra la corrupción una de sus banderas
fundamentales. Sin embargo, tras su llegada al poder, en 1999, este mal
endémico no hizo más que mutar y adaptarse al nuevo sistema político.
Desde el caso del Plan Bolívar 2000, en los albores del gobierno de
Chávez, hasta las actuales investigaciones del Ministerio Público sobre
graves irregularidades en Pdvsa, han sido numerosas las expresiones de
que en el propósito de adecentar la administración pública no ha habido
avances.
Uno de los grandes escándalos de la IV
República se ha repetido casi como copia al carbón. Es el caso de la
Comisión Administradora de Divisas (Cadivi) y todos sus organismos
sucedáneos, que han sido réplicas de Recadi. Los funcionarios públicos,
agavillados con empresarios verdaderos y falsos han convertido el
control de cambio en un fructífero negocio para su enriquecimiento
personal o corporativo. Las cifras de lo birlado varían drásticamente
según quien las diga. Alguna vez se habló de 50 mil millones de dólares,
pero otros denunciantes llevan el número hasta 300 mil millones. La
promesa de publicar las listas de empresas de maletín y de sus
beneficiarios no se han cumplido aún.
Otro sector en el que la corrupción
anula los logros revolucionarios es en el petrolero. Una de las
principales victorias estratégicas de Chávez sobre la IV República no se
produjo en 1999, sino entre finales de 2002 y comienzos de 2003, cuando
logró extirparla de Pdvsa, donde seguía mandando bajo el manto de la
meritocracia. Ese éxito le permitió avanzar hacia una política petrolera
soberana e independiente de los designios imperiales. Pero dentro de la
industria fundamental del país se enquistó la delincuencia
administrativa, con una virulencia tan intensa que ha afectado incluso
la viabilidad en las operaciones y, por tanto, su capacidad para generar
riqueza.
Pero quizá el ámbito donde los daños
concretos a la población han sido más devastadores es en el de la
electricidad. Las gigantescas inversiones que se aprobaron para
enfrentar la emergencia nacional en este campo solo sirvieron para
engordar las cuentas bancarias de una banda de funcionarios y
“empresarios” que luego se dedicaron a disfrutar de un estilo de vida de
supermagnates. Algunos de ellos ahora han caído en desgracia en Estados
Unidos y Europa. Otros siguen intentado hacerse los inocentes, aunque
los hechos ocurrieron en organismos bajo su supervisión o se vinculan a
familiares suyos.
Expectativas de cambio desde 2017
La falta de sanción a los corruptos ha generado una sensación de impunidad tanto en la IV como en la V República.
En la IV, entre las pocas excepciones
deben mencionarse el expresidente Pérez, el mencionado chino de Recadi y
el ex-ministro José Ángel Ciliberto, a quien se enjuició por usar
dinero de la partida secreta de Relaciones Interiores para adquirir unos
vehículos que fueron usados en la campaña presidencial de CAP en 1988.
En la V, figuras que tuvieron mucha
importancia, como el general Víctor Cruz Weffer, fueron procesados en
tiempos del comandante Chávez. Pero prevaleció la percepción de que a
los corruptos solo se les retiraba del cargo sin proceder a la sanción
ejemplarizante. Incluso, algunos funcionarios cuyas andanzas eran vox pópuli,
fueron cambiados de un puesto a otro donde seguían teniendo la
oportunidad de meter las manos en el erario público. Entre los más
notorios se encuentran el ahora célebre Alejandro Andrade y el
ex-gobernador y ex-ministro Rafael Isea.
A partir de los duros traumas de 2017,
tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, la destitución
de la fiscal Luisa Ortega Díaz y la designación de Tarek William Saab,
la lucha contra la corrupción parece haberse tornado mucho más real.
Esto se ha percibido sobre todo en el caso de Pdvsa, pues ya han sido
detenidos el ex-presidente Eulogio del Pino y el ex-presidente de la
casa matriz petrolera, Nelson Martínez. Además, el fiscal general ha
apuntado su dedo acusador directamente contra Rafael Ramírez, el
auténtico hombre fuerte del sector petrolero durante la década que
corrió entre 2003 y 2013.
La Fiscalía dirigida por Saab también ha
investigado y solicitado enjuiciar a presuntos implicados en las tramas
de Cadivi-Cencoex, pero todavía –tal vez por un viejo trauma– sigue
existiendo la creencia de que son casos menores, remembranzas del
infortunado señor Ho.
Mirarse en ese espejo
El sistema político bipartidista de
conciliación de élites, como llamaron los politólogos a la democracia
venezolana nacida en 1958, colapsó por una variedad de razones, entre
ellas porque la corrupción administrativa, que siempre existió, llegó a
ser un espectáculo obsceno y a causar perjuicios directos a la
población.
La situación no es análoga, pues la
Revolución Bolivariana ha mantenido su esfuerzo en una alta inversión
social y en desarrollar políticas públicas que protegen a densos
sectores de la población. Sin embargo, hay inocultables similitudes en
aspectos muy impactantes, como lo es el contraste entre la dramática
situación de la mayoría y los antipáticos privilegios de unos pocos.
El propio fiscal general lo dijo en una conversación con Adán Chávez Frías en el programa de televisión Con la voz de Chávez:
“La corrupción es un flagelo que puede hacerle mucho daño a nuestra
Revolución. Porque el fin último de la corrupción es crear un desfalco a
la nación y esto golpea al pueblo”.
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