por Romain Migus
El 20 de mayo de 2018
se celebrará la elección presidencial en Venezuela. Esta convocatoria
del pueblo a las urnas será la ocasión de pedir a los ciudadanos que
hagan una elección sobre el futuro de su país, de la forma más soberana y
más democrática. El chavismo, conducido por Nicolás Maduro, afrontará
cuatro candidatos de oposición entre ellos Henri Falcón
El ex gobernador del
Estado de Lara fue el director de campaña del candidato de oposición
Henrique Capriles Radonski en la última elección presidenciales de 2013.
Con un 22% de intenciones de voto en los sondeos, es hoy el candidato
de oposición en la mejor posición para intentar arrebatar el ejecutivo
al presidente saliente. Nicolás Maduro, por su parte, ahora se acredita
con un 52% de las intenciones de voto (2). Situación improbable si se
atiene a las coberturas mediáticas dominantes pero que sigue siendo
perfectamente racional en el contexto venezolano, donde el chavismo
conserva una fuerte base electoral.
Es por lo tanto una
elección crucial que se celebrará a finales de mayo, y que permitirá a
los venezolanos definir el rumbo político del país para los próximos
seis años. Nada muy original para un país que cuenta con 25 procesos
electorales distribuidos en los 19 años de Revolución Bolivariana. Salvo
que estas elecciones tendrán lugar en Venezuela, donde se desarrolla
una terrible guerra de cuarta generación, cuya batalla de la información
es uno de los ejes centrales.
Varias operaciones
psicológicas ya fueron puestas en práctica desde la llegada de Hugo
Chávez al poder. La última tuvo como objetivo lograr la aceptación en la
opinión pública internacional de un cambio de régimen por la fuerza
tras la elección de una Asamblea Constituyente, el 30 de julio de 2017.
Ante la increíble movilización de los electores venezolanos a favor del
proyecto de nueva constitución, este objetivo debió abortarse. Pero ha
causado grandes perjuicios, y la propaganda desplegada en ese momento
consiguió hacer admitir como verídicas toda una serie de matrices de
opinión falsas. Es a partir de este terreno fértil que el sistema
mediático se prepara de nuevo para tratar de hacernos aceptar como
lógica una intervención antidemocrática contra el gobierno de Venezuela.
Este escenario no debe
ser tomado a la ligera. Nunca la posibilidad de un ataque militar había
sido tan propicia como en la actualidad. El presidente de los Estados
Unidos, Donald Trump, no lo excluyó . Tras el fiasco de la
intervención en Siria, un derrocamiento del Gobierno bolivariano podría
realzar el prestigio militar de EE.UU
en lo que considera como su feudo. A su vez, también es un buen medio
para Washington de probar la determinación rusa de defender un mundo
multipolar y de saber en cuántos teatros de operaciones el Kremlin puede
estar presente simultáneamente.
Ahora le toca al
sistema mediático convencer la opinión pública de la pertinencia de una
intervención. Hasta la próxima elección presidencial, asistiremos a un
acoso destinado por una parte a deslegitimar el alcance democrático del
proceso electoral, y por otra parte a crear en la opinión pública un
dejar hacer en caso de intervención extranjera.
Por consiguiente
debemos prepararnos para hacer frente a una operación psicológica de
gran amplitud que se basa en varias falsedades elaboradas desde hace
años contra el Gobierno bolivariano. Los medios dominantes así
construyeron varias matrices de opiniones que legitimaban cada una un
pretexto para una intervención contra el país de Bolívar.
Una intervención para restablecer la democracia
En mayo de 2016,
algunos meses después de la victoria de la oposición en las elecciones
legislativas, un proceso de diálogo entre el chavismo y sus opositores
comenzaron en República Dominicana bajo los auspicios del ex presidente
del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, del ex Presidente de
la República Dominicana, Leonel Fernández y el ex Presidente de Panamá,
Martin Torrijos. Esta serie de 150 reuniones tenía como objetivo sacar
al país política y pacíficamente de la crisis política provocada por los
intentos violentos de la oposición para derrocar al presidente Maduro.
En enero de 2018, parecía haberse encontrado un acuerdo con respecto a una vieja cantinela de EE.UU
y sus aliados venezolanos: la convocatoria a una elección presidencial
anticipada. El acuerdo se refería a las garantías electorales y la
fecha de la elección, inicialmente prevista para abril.
Sin embargo, como señala Jorge Rodríguez,
ministro de Comunicación y jefe de la Comisión de diálogo para el
Gobierno, «Todo estaba listo [para la firma del acuerdo] hasta el
escritorio donde debíamos hacer nuestras declaraciones oficiales. Y
luego, en la tarde, Julio Borges, el ex presidente de derecha de la
Asamblea Nacional, recibió una llamada telefónica de Colombia del ex
secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson (…) La oposición
anunció que no firmaría el acuerdo. De regreso a Caracas, José Luis
Rodríguez Zapatero envió una carta a la oposición para pedirle cuál era
su alternativa puesto que se negaba a participar en una elección
presentando las garantías en las que ella misma había trabajado» (5). La
franja más radical de la oposición decidió entonces boicotear la
elección para hacer creer que Nicolás Maduro se presentaba solo en la
carrera al Palacio de Miraflores.
A pesar de que cuatro opositores se
presenten contra el Presidente saliente, este argumento se reprodujo
ampliamente por el sistema mediático para dejar creer a la opinión
pública que el gobierno bolivariano amaña las elecciones y organiza una
parodia de democracia. Varios gobiernos ya anunciaron que no reconocerán
los resultados de la próxima elección presidencial: EE.UU,
los países latinoamericanos miembros del grupo de Lima (6), así como el
reino de España o la República Francesa. Pero lo que los medios nunca
muestran, es que las condiciones están perfectamente reunidas para
elecciones democráticas y transparentes.
En Venezuela, para evitar los fraudes,
las elecciones no son organizadas por el ejecutivo. La Constitución de
1999, que reconoce la existencia de cinco poderes independientes – el
ejecutivo, el legislativo, el judicial, el moral y el poder electoral-
deja a este último la tarea de organizar los procesos electorales, en
función de la Ley orgánica de los procesos electorales. Este marco
legal, adoptado en 2009, no se modificó después. Permitió, en
particular, la elección de Henrique Capriles como gobernador del potente
Estado de Miranda (por 2 veces), reconoció la elección de Antonio
Ledezma como Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas o
también la de Julio Borges como diputado a la Asamblea Nacional. Ninguno
de los representantes electos de la oposición nunca ha emitido una duda
sobre el buen desarrollo del sufragio que lo dio vencedor, y la propia
oposición jamás ha puesto en entredicho el marco legal de los procesos
electorales.
Cuando los medios nos hablan de una
elección ilegítima, ¿por qué no se refieren a la legislación que
encuadra el voto de los ciudadanos en vez de hacerse los portavoces de
una oposición poco democrática?
¿Cómo se vota en Venezuela? He aquí una
buena pregunta nunca abordada por el sistema mediático. Explicaciones:
En primer lugar, cada partido político tiene el derecho a postular sus
partidarios como asesores en los colegios electorales, así como una
lista de observadores nacionales e internacionales. A continuación, el
Centro Nacional Electoral (CNE) convoca, en presencia de todos los
partidos, a una auditoría previa del programa informático utilizado para
la recolección de datos. Observadores de cada partido político seguirán
el proceso electoral desde la sede del CNE y también desde la empresa
de telecomunicación encargada de la transmisión de los datos. Cada etapa
debe ser aprobada por todos los participantes. Y de hecho, hasta ahora
siempre lo ha sido.
Por lo que respecta al voto (7),
Venezuela utiliza un doble sistema electrónico y manual. Cuando uno
entra en el colegio electoral, se identifica mediante su tarjeta de
identidad y de una máquina de reconocimiento de huellas digitales. Es
pues imposible votar dos veces. A continuación se escoge su candidato en
una máquina que pide confirmación del voto. Una vez confirmado, lo
maquina emite un tiquete con el nombre del candidato, que el elector
coloca en un sobre y deposita en una urna. Para terminar, después de
haber firmado el registro electoral, empapa su dedo pequeño en tinta
indeleble para garantizarse una segunda vez que no repetirá su voto. La
noche de los resultados, el CNE procederá a una auditoría donde se
sortearán, delante de los responsables de los distintos partidos, los
colegios electorales donde se verificará el resultado electrónico. Se
trata entonces de comparar los resultados obtenidos en la urna tras el
conteo final con el resultado electrónico. Nunca fue detectado un error
durante los múltiples procesos electorales.
Cuando el mal perdedor, Capriles Radonski
impugnó la elección de Nicolas Maduro en 2013, el CNE abrió 100% de las
urnas para compararlas con el resultado electrónico que daba un corto
margen del 1,49%. Después de haber hecho abatir 11 chavistas por sus
partidarios y haber puesto el país a fuego y sangre durante varias
semanas, Capriles Radonski tuvo que reconocer su derrota (8).
Estas garantías para blindar el resultado
condujo al ex presidente estadounidense Jimmy Carter a definir el
sistema electoral venezolano como «el mejor del mundo» (9). Son los
mismos procedimientos que definirán el voto de la elección presidencial
del 20 de mayo de 2018.
«Olvidando» sistemáticamente presentar el
funcionamiento del sistema electoral venezolano, los medios nos toman
como blanco. Estas omisiones cuando dejan lugar a verdaderas campañas de
propaganda son criminales. Como todo parece indicar que Nicolás Maduro
debería ganar la próxima elección (10), el no reconocimiento del
carácter democrático de esta elección por los medios tiene como objetivo
legitimar una intervención extranjera « para restablecer la democracia»
como fue el caso en Haití o Serbia.
Una intervención contra un Estado canalla (Rogue State) o fallido (Failed State)
La palabra fue pronunciada varias veces
por el vicepresidente de los Estados Unidos (11). El Estado venezolano
seria fallido o incluso un Estado canalla.
Según los servicios de propaganda
estadounidenses y sus correas de transmisión mediáticas, Venezuela ya no
contaría con un sistema institucional que funcione sino que dependería
de la buena voluntad de un dictador y de una milicia que garantizaría su
protección y su permanencia en el poder. El año 2017 dio lugar a varias
construcciones mediáticas en torno a este tema. Reanudemos la
cronología de los acontecimientos para no ser víctima de los bombardeos
mediáticos sobre este delicado tema.
Tras la elección legislativa de 2015, en
la que la oposición ganó 112 de los 167 escaños, una denuncia por fraude
fue presentada en tres circunscripciones. Tal medida no es exclusiva de
Venezuela, es un procedimiento similar que fue iniciado contra el ex
primer ministro francés Manuel Valls, cuya elección como diputado
despertó sospechas de fraude electoral (12).
Después de la investigación, la elección
de estos diputados del Estado de Amazonas fue invalidada por el tribunal
electoral que convocó de nuevo a los ciudadanos a las urnas en estas
tres circunscripciones. Prefiriendo el enfrentamiento a la libre
elección democrática, el entonces presidente de la Asamblea Nacional,
Henry Ramos Allup tomó la decisión de no respetar la sentencia del poder
electoral. Como lo estipula la Constitución, fue el Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) que falló y declaró la Asamblea Nacional en situación de
desacato judicial mientras la elección de los tres diputados no tuviera
lugar. Por lo tanto, todas las decisiones de la Asamblea Nacional
fueron consideradas nulas por el TSJ mientras persistiera esta
situación. Esta tensión institucional afectó a los poderes legislativo,
judicial y electoral. Es incluso suficientemente simbólica por la
vivacidad y el buen funcionamiento de las instituciones venezolanas que
no permiten ni vacío jurídico ni falta de poder. Y donde el hilo
constitucional nunca ha sido roto. Cabe señalar que en esta
confrontación, el ejecutivo no pudo tomar ninguna decisión.
A pesar de ello, los medios
internacionales propagaron la idea de que las instituciones no
funcionaban en Venezuela y que el presidente Maduro había acaparado
todos los poderes silenciando una Asamblea contradictoria. Este
conflicto jurídico se duplicará rápidamente con un intento de golpe de
Estado fallido. De marzo a julio de 2017, violentos enfrentamientos
entre grupos armados y fuerzas del orden dejaran más de 142 muertos y
más de 800 heridos. Inmediatamente, una campaña mediática se puso en
movimiento para atribuirle al gobierno bolivariano la totalidad de las
muertes ocurridas. Tras la investigación, se reveló que cerca del 70% de
las muertes son imputables de manera directa o indirecta a los grupos
de choque de la oposición (13).
La elección de la Asamblea Constituyente y
las elecciones locales posteriores permitieron un retorno a la calma,
pero la propaganda de los medios ha hecho su camino y la idea de un
Estado fallido, donde las instituciones ya no funcionan aró los
espíritus, manipulados por las empresas de comunicación. Es desde esta
perspectiva que es necesario comprender el reciente show mediático
montado por la oposición para juzgar y detener el presidente Maduro
(14).
Un nuevo «Tribunal Supremo de Justicia en
el exilio» designado por una Asamblea Nacional, cuyas decisiones se
consideran nulas decidió, basándose en la demanda de la antigua fiscal
de la República Luisa Ortega, destituida y buscada por la justicia por
corrupción (15), de proceder al enjuiciamiento del presidente venezolano
por corrupción, y solicitar su captura por Interpol. La Asamblea
Nacional aprobó posteriormente la solicitud de esta judicatura ficticia,
y Luisa Ortega «ordenó» a las Fuerzas Armadas de capturar el
presidente.
Lo que parece una mala broma se inscribe
en esta estrategia de hacer pasar Venezuela por un Estado fallido.
Creando ilegalmente instituciones judiciales paralelas (TSJ y Fiscal «en
el exilio»), la oposición pretende dar la impresión de una crisis
institucional. Esta situación de ingobernabilidad artificial podría
justificar a su vez la intervención de países que no reconocerían los
verdaderos poderes legales existentes. Recordemos que la constitución de
poderes paralelos en el exilio siempre ha sido el preludio de aventuras
militares como lo fue el caso en Libia y Siria.
De la misma manera, y sin ninguna prueba,
Venezuela está acusada de ser una «narco-dictadura», premisa necesaria
para ser calificada de Estado canalla. En 2015, el diputado chavista
Diosdado Cabello y un grupo de militares fueron acusados, sin ninguna
prueba tangible, de pertenecer al misterioso Cartel de los Soles (16).
La acusación sólo se basaba en los testimonios de antiguos miembros de
la administración venezolana «refugiados» en los Estados Unidos después
de haber sido acusados por la justicia de su país por corrupción. Pero
el sistema mediático se desbocó. Los grandes grupos de comunicación
comenzaron a construir una «verdad» por un astucioso sistema de
triangulación de la información. Por ejemplo, el Washington Post citaba
como prueba un artículo del diario español ABC, que luego iba a ser
retomado por el Wall Street Journal, luego por los diarios colombianos,
quienes a su vez invocaban los artículos de sus colegas europeos, y así
sucesivamente. El único problema, la ausencia manifiesta de pruebas. Las
últimas noticias, tres años después de este caso las pruebas están
clasificadas en la misma carpeta que aquellas sobre las armas de
destrucción masiva iraquíes o sobre las armas químicas sirias.
Qué más da, la idea germinó en la opinión
pública para la cual Venezuela bolivariana, a pesar de sus esfuerzos en
la lucha anti droga, ahora se asocia al narcotráfico. Esta matriz del
narco -Estado fue reforzada por el arresto por la DEA, de dos miembros
de la familia de la esposa del presidente Maduro, acusados de tráfico de
cocaína. Una vez más, ninguna prueba conectaba esta detención a una
operación ilegal organizada desde las altas esferas del Estado.
Que importa, para el sistema mediático,
Venezuela se convirtió en una «narcodictadura» (17). Esta precipitación
del tribunal mediático es tan asombrosa como selectiva. El mismo año,
los hijos del presidente de Surinam y de un ex presidente de Mauritania
fueron detenidos y condenados por tráfico de drogas (18). Sin embargo,
ningún medio utilizó estos sucesos para transformar los dos países
mencionados en narco-Estados.
No permitamos que nos engañen por las fake news (falsinoticias)
de los medios dominantes. El relato mediático encaminado a transformar
Venezuela en Estado fallido o en Estado canalla sólo tiene un objetivo:
justificar una intervención extranjera como fue el caso en la operación Causa Justa* en Panamá, o en las destrucciones de Afganistán o Libia.
Una intervención «humanitaria»
Al margen de la VIII cumbre de las
Américas, el vicepresidente estadounidense Mike Pence se reunió con
miembros de la franja más extrema de la oposición venezolana. Durante la
reunión, uno de los políticos presentes, Antonio Ledezma, que había
llamado algunas semanas antes la comunidad internacional «a derrocar a
Maduro» (19), declaró: «más que ayuda humanitaria, lo que necesitamos es
una intervención humanitaria» (20). Más claro imposible.
Esta declaración se inscribe como punto
culminante de la estrategia de guerra económica desplegada contra el
pueblo venezolano y cuyo propósito, como en el caso del Chile de
Allende, es « hacer chillar la economía venezolana» (21). Especulación
contra el bolívar, la moneda nacional, contrabando de extracción de los
productos de primera necesidad, saqueo de la gasolina, tráfico de
billetes de banco venezolanos, reducción de la nota de solvencia de
Venezuela a pesar del pago de su deuda, todos los medios son buenos para
asfixiar la economía del país y podrir la vida de los ciudadanos.
A esto se añade un feroz bloqueo económico y financiero por parte de EE.UU
y sus aliados. Establecido bajo Obama, ha sido reforzado por el
presidente Donald Trump. Como lo señala la economista Pascualina Curcio
(22), un 64% del total de las importaciones de medicamentos y el 82% de
los alimentos importados por Venezuela provienen de los Estados Unidos o
de países europeos y latinoamericanos alineados a la política de
Washington y en su voluntad de penalizar a las empresas que comercian
con entidades públicas venezolanas. Es un acto criminal encaminado a
fabricar la miseria para justificar una intervención humanitaria,
terminología hoy famosa para cubrir los horrores de una guerra, como en
Somalia o Kosovo
Ahogados por esta guerra económica,
cientos de miles de venezolanos decidieron emigrar a los países de la
región o a los Estados Unidos (23). Este proceso migratorio se convirtió
en un pretexto para atacar al gobierno y despertar el espectro de una
intervención humanitaria. Qué más da que la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación no considere reales
problemas de malnutrición en Venezuela en su último informe 2017 (24),
qué más da que Alfred De Zayas, experto independiente de las Naciones
Unidas para la promoción de un orden internacional democrático y
equitativo, haya declarado: “He comparado las estadísticas de Venezuela
con las de otros países, y no hay una crisis humanitaria. Sí, hay
problemas de abastecimiento y escasez pero para quienes hemos trabajado
decenas de años para las Naciones Unidas y que conocemos la situación de
países de Asia, África, e incluso de las Américas, sabemos que la
situación en Venezuela no constituye en modo alguno una crisis” (25).
El tema de la crisis humanitaria va ser alimentado por toda una serie de
ONG con objetividad dudosa (26) y retomado por todo el sistema
mediático mundial para legitimar el oxímoron de una intervención militar
«con fines humanitarios».
Justificándose por la crisis económica de
su vecino, el gobierno brasileño ordenó un despliegue militar en la
frontera con Venezuela (27). Colombia, por su parte, decidió construir
campamentos para refugiados en las ciudades fronterizas. El presidente
colombiano Juan Manuel Santos envió incluso miembros de su gobierno… a
Ankara, para aprender de la gestión por la administración turca de la
afluencia de refugiados sirios que huyen de la guerra en su país (28).
Si no se trata de negar la magnitud del
proceso migratorio de los venezolanos, afectados por las consecuencias
del bloqueo y la guerra económica, la reacción de los países vecinos y
de la administración estadounidense nos parece indicar que estamos más
cerca de preparativos de guerra que de una simple gestión migratoria. A
título de contraejemplo, cuando, a comienzos del siglo XXI, un 15% de
los ecuatorianos tuvieron que huir de la miseria en la cual las
políticas neoliberales los habían sumido, ningún Estado pensó a exigir
una «intervención humanitaria» en Ecuador. ¿Y qué decir de Grecia donde
la mitad de la población vive fuera de las fronteras de la República
Helénica? ¿Existirían unos medios coherentes para pedir el bombardeo de
Atenas?
Poner nuestros cerebros en estado de alerta
La situación actual en Venezuela es explosiva.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales, y la probable
victoria de Nicolas Maduro, la presión mediática va a intensificarse.
Este desbocamiento se realizará a las cuatro esquinas del planeta, al
mismo tiempo, con los mismos argumentos, y sobre todo con las mismas
fuentes de información. Éstas proceden o de ONG financiadas por los
Estados Unidos, o por el prisma de la triangulación de una información
nunca comprobada. El desencadenamiento de fake newsque se
anuncia en la elección presidencial en Venezuela – que, recordémoslo, no
será reconocida por ciertos países- tendrá por objetivo provocar un
choque en la opinión pública, y así impedir toda manifestación de
solidaridad contra las medidas punitivas que les seguirán.
Paradójicamente, los que se atreverán a poner en duda la doxa mediática
entonces serán linchados en nombre de la democracia y la libertad de
expresión.
Debemos negarnos a que nuestro cerebro
sea tomado como blanco por los ataques y los misiles mediáticos.
Defender Venezuela en la tormenta programada, no es solamente afirmar
nuestra adhesión con los principios de respeto de la soberanía
democrática y de la no injerencia; es también rebelarse contra los
atentados a nuestra integridad mental, no aceptar ser cómplice del
conflicto anunciado y reafirmar nuestro derecho a ser informados de
manera honesta y equilibrada.
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