Washington ha sido directo. No
reconocerá las elecciones presidenciales en Venezuela, a pesar de
que cuatro candidatos se disputen la primera magistratura.
La historia reciente de rechazos, por
parte del Gobierno estadounidense, no es un tema novedoso. El adjetivo
de "falsos", para referirse a los procesos electorales, ha acompañado
buena parte de las declaraciones de funcionarios estadounidenses desde
2017.
¿EE.UU. lo sabe?
"El imperio sabe quién va a ganar", ha
dicho el mandatario venezolano en su campaña. "Cuando le preguntan al
presidente Trump, quién va a ganar en Venezuela, dice: 'Maduro'",
agrega.
El escenario electoral incluye sanciones
financieras en contra del país suramericano, que atraviesa una aguda
crisis económica, caracterizada por una alta inflación y precios
especulativos de productos y servicios, que son fijados con la tasa de
un dólar ilegal, diez veces por encima del oficial. En este contexto,
surge una pregunta: ¿son las sanciones consecuencia de las elecciones o
viceversa?
El portal de investigación Misión
Verdad, en un análisis sobre el reciente anuncio de Canadá de no
permitir la instalación de mesas electorales en las sedes consulares
venezolanas en Montreal, Toronto y Vancouver, explica que esta y otras
acciones buscan "maniobrar una respuesta que deje sin efecto el
ejercicio democrático del voto", desde el punto de vista de la
propaganda, y continuar con los "planes injerencistas de los intereses
transnacionales en Venezuela".
Juan Pablo Guanipa, diputado opositor, a
tres días para las votaciones, volvió a pedir, en nombre de Mesa de la
Unidad, coalición que adversa al Gobierno y que no postuló a ninguno de
sus miembros a las elecciones, que los candidatos se retiraran. De igual
manera, llamó a los venezolanos a desconocer el proceso. "Estamos
trabajando con el objetivo de intensificar la presión, dentro y fuera de
Venezuela", afirmó en una rueda de prensa.
Más asfixia
El Gobierno venezolano ha calificado las
sanciones financieras como una "asfixia económica" que, según Mark
Weisbrot, economista y columnista estadounidense, continuará aún después
del 20 de mayo.
En su opinión, Marco Rubio, senador por
Florida, quien ha dicho que el "mundo apoyaría un golpe militar en
Venezuela", determina la política estadounidense hacia el país caribeño,
que excluye la vía electoral.
Rubio y el presidente Donald Trump,
considera Weisbrot, buscan "empeorar la situación económica e
incrementar el sufrimiento" hasta que el gobierno sea derrocado por
fuerzas internas.
El destino del continente
El vicepresidente boliviano, Álvaro
García Linera, afirmó que Venezuela "pone freno" para que EE.UU. "no
barra cualquier atisbo de democracia, igualdad y bienestar de la gente",
en una entrevista difundida en el programa televisivo que conduce
Diosdado Cabello el pasado miércoles.
"Hoy el destino de América Latina,
progresista, popular, se define en lo que vaya a suceder en los
siguientes días, semanas, meses en Venezuela", manifestó García Linera,
quien agregó que en varios países, a pesar de las dificultades, se está
formando una "estrategia de contención".
Acabar con el Estado
Venezuela posee las reservas de petróleo
más grandes del mundo. Por ello, el experto en temas energéticos,
Fernando Travieso, explica que las transnacionales, para obtener el
poder y los recursos naturales, apelan al desmembramiento del territorio
para "hacer inoperativo al Estado" y desintegrar "el pensamiento
nacionalista chavista", según el artículo 'Destruir el Estado nación',
publicado en Ciudad Caracas.
En particular, el destino que Washington
pareciera apuntar al país suramericano es el de un "Estado fallido",
como lo señaló Pence en la Cumbre de las Américas, celebrada en Lima,
Perú, a mediados de abril. "EE.UU. no va a quedarse de brazos cruzados",
dijo en su discurso.
Ese "golpe de gracia al Estado
Nacional", a los territorios que "se resisten a la tutoría de los
capitales financieros", se cristaliza en la caída de los precios de las
materias primas, el aumento de la producción petrolera en algunos países
árabes y las sanciones económicas, publica Misión Verdad.
Comienzan las declaraciones
Este año, el primer pronunciamiento
oficial estuvo a cargo de la portavoz del Departamento de Estado,
Heather Nauert, quien afirmó que los comicios solo "profundizarían las
tensiones internas" y que este proceso pudiera verse como
"antidemocrático e ilegítimo".
"Apoyamos un sistema de elecciones real,
completo y justo", expresó Nauert. A partir de esas palabras, tanto la
oposición venezolana como los miembros del Grupo de Lima, surgido del
seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), alentados por su
secretario general, Luis Almagro, y los voceros del gobierno
estadounidense, utilizarían casi los mismos términos para referirse a
las elecciones presidenciales.
La gira de Tillerson
Febrero comenzó con la gira del
exsecretario de Estado, Rex Tillerson, por algunos países de América
Latina. Durante su periplo abordó con distintos mandatarios de la región
el tema de la crisis venezolana y el eventual incremento de las
sanciones, de ganar Maduro.
En marzo nuevas medidas punitivas
llegaron. En esta oportunidad fueron contra la criptomoneda venezolana,
el petro. Ese mismo mes, cuatro personas entre funcionarios y
exfuncionarios del Gobierno, ingresaron a la lista de la Oficina de
Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (Ofac).
En Venezuela pareciera que las medidas
prohibitivas van de la mano con el calendario electoral. El propio
Diosdado Cabello, constituyente y segundo al mando del chavismo, ha
dicho en distintas oportunidades: "Mientras más sanciones, más
elecciones".
Pence en la OEA
Ya a mediados de abril, el nuevo
embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, había actualizado la
opinión de su Gobierno. No reconocerían las elecciones porque "sin
candidatos", no podían catalogarse como democráticas.
Un mes después, el vicepresidente
estadounidense, Mike Pence, en un visita al organismo regional pidió a
Maduro suspender las elecciones "simuladas" y hacer unas "reales,
libres, justas y transparentes". La declaración del Grupo de Lima, a
menos de una semana de las presidenciales, repitió casi las mismas
frases del representante de la Casa Blanca.
Sanciones y más sanciones
El repudio a los procesos electorales
venezolanos se mantuvo constante durante 2017. La embajadora de EE.UU.
ante la ONU, Nikki Haley, en un tuit escrito el 30 de julio de ese año,
catalogó de "falsas", y de ser "otro paso hacia la dictadura", la
votación por los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC),
donde participaron más de ocho millones de venezolanos, casi la mitad
del padrón electoral registrado.
Un día después, y en vísperas de las
votaciones, que se llevaron a cabo en medio de las protestas
antigubernamentales organizadas por la dirigencia opositora, con una
saldo de 130 fallecidos, el Departamento del Tesoro impuso sanciones al
propio presidente Maduro.
Previamente, el 18 de mayo, había sido
anunciada la misma orden ejecutiva contra un grupo de magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia y, un mes después, el 26 de julio, 13 altos
funcionarios del Gobierno, incluida la presidenta del poder electoral,
Tibisay Lucena, también fueron agregados a la lista negra de la Ofac.
Pocos días después, el 9 de agosto, ocho
funcionarios venezolanos más fueron penados por el Departamento del
Tesoro. El 25 de ese mismo mes, un paquete de medidas punitivas
financieras contra Venezuela fue anunciado por Washington. En menos
de sesenta días los venezolanos volverían a votar.
Ola de rechazos
La flamante Asamblea Nacional
Constituyente ya contaba con el desconocimiento de algunos gobiernos. La
exdiputada del ala más radical opositora, María Corina Machado, había
contado quince manifestaciones oficiales en contra: Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú,
entre otros, según Efecto Cocuyo.
La Unión Europea (UE) también se plegó.
La alta representante de la política exterior de la comunidad europea,
Federica Mogherini, expresó que la ANC no sería reconocida por los
estados miembros, porque había sido electa en "condiciones dudosas" que
ponían en peligro la legitimidad de las otras instituciones
venezolanas.
Mientras que en Venezuela la elección de
la nueva ANC puso fin a los casi cuatro meses de protestas violentas,
en un grupo de países del continente americano y Europa, fue catalogada
como "ilegítima", a pesar de haberse elegido en un proceso electoral
abierto.
De nuevo a elecciones
En las votaciones siguientes, la
situación fue similar. La plenipotenciaria Constituyente pidió que se
fijara la fecha para la elecciones regionales, que se llevaron a cabo el
15 de octubre. De los 23 estados en disputa, el chavismo obtuvo 18
gobernaciones y, debido a que uno de los ganadores por la oposición no
quiso juramentarse ante la ANC, quedó fuera del cargo, y finalmente las
fuerzas revolucionarias sumaron 19 máximas autoridades regionales.
Dos meses antes de esos comicios,
en agosto de ese año, Julio Borges, el entonces presidente de la
Asamblea Nacional, actualmente en desacato y cuyos actos no tienen
validez, según un sentencia del Tribunal Supremo de Justicia
venezolano, estuvo de gira por Europa para pedir más medidas contra su
país.
En esa oportunidad, el dirigente
opositor se reunió con los jefes de gobierno de Alemania, España,
Francia y Reino Unido. Al mes siguiente, el Parlamento Europeo aprobó
una resolución en la que exigió a Venezuela que presentara el calendario
electoral, desconoció a la ANC y anunció que estudiaría medidas contra
los constituyentes y los "violadores de derechos humanos". En noviembre,
finalmente, la UE aprobó un grupo de sanciones contra Venezuela.
A las urnas en diciembre
En diciembre los venezolanos se
expresaron nuevamente a través del voto. En esta oportunidad, y también
por un decreto de la Constituyente, los comicios municipales
fueron pautados para el 10 de diciembre. En esa oportunidad, el chavismo
obtuvo 305 de las 335 alcaldías disputadas. Casi un mes después, el 5
se enero, se cristalizó la amenaza que se venía delineando: un nuevo
grupo de sanciones contra un gobernador y tres altos cargos militares.
En enero la ANC había
solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) que definiera la fecha
para las elecciones presidenciales antes del 30 de abril.
Tradicionalmente estos comicios se llevaban a cabo el último trimestre
del año. Sin embargo, tras un ronda de conversaciones del Gobierno con
un sector de la oposición, se estableció como día definitivo el 20 de
mayo, tras un acuerdo firmado con los eventuales candidatos
presidenciales. De inmediato, EE.UU. rechazó esta nueva convocatoria
electoral.
Estas presidenciales tampoco eran
bienvenidas y fueron tildadas como "fradulentas", sin siquiera haber
contado un voto. Una estrategia que, casi sin excepción, ha sido
aplicada en las 23 elecciones precedentes desde que llegó Hugo Chávez a
la Presidencia.
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