Redacción José Negrón Valera/Sputnik
El periodista José Negrón Valera, ha preparado para Sputnik, un trabajo sobre los dos republicanos en Florida que arremeten contra Venezuela.
«Antes de condenar a otros debe cada cual examinarse largo tiempo a
sí mismo», decía Molière, el genio de la comedia francesa. Y es justo lo
que cabría recomendar a los senadores Marco Rubio y Rick Scott, quienes
se han erigido desde Florida Estados Unidos en el núcleo duro del
ataque contra Venezuela.
Se puede suponer que si algún político se convierte en juez y verdugo
de alguna causa, estaría libre a su vez de las manchas, críticas y
debilidades que percibe en aquello que ataca. Sin embargo, en el caso de
los senadores republicanos, parece que aplica todo lo contrario.
Digna de servir de fundamento a un guión de Scorsese, la
investigación sobre las acusaciones de corrupción, tráfico de influencia
y manejo indebido de fondos públicos que pesan sobre Scott y Rubio, nos
guían de manera firme hacia un propósito: develar la verdadera
naturaleza de estos operadores político militares al servicio del cambio
de régimen obligatorio en Venezuela.
‘Buenos muchachos’
Rick Scott ha acaparado recientemente grandes titulares debido a la
vehemencia con que pide que Washington intervenga militarmente en el
país suramericano.
«Se está haciendo claro que tendremos que considerar el uso de los
activos militares estadounidenses para llevar ayuda», ha manifestado
Scott durante un discurso en la capital de Estados Unidos. Luego,
incluso ha ido más allá y ha pedido que todos los militares del mundo
tomen parte en dicha acción.
A lo largo de Latinoamérica, políticos, medios de difusión y
simpatizantes de la oposición venezolana han mostrado gran entusiasmo
por la vehemencia de Scott, a quien el grupo anticorrupción Ciudadanos
por la responsabilidad y la ética en Washington —CREW, por sus siglas en
inglés— ha bautizado como «uno de los peores gobernadores de los
Estados Unidos».
En 1997, Scott saltó a la fama, y no de la mejor manera, cuando
protagonizó lo que se llamó ‘la mayor estafa contra el sistema Medicare’
en toda la historia de Norteamérica.
Fundador y CEO de la empresa Columbia/HCA, fue acusado por el
Gobierno federal de «14 delitos graves relacionados con la facturación y
prácticas fraudulentas» al dar sobornos a los médicos para que
refirieran a los pacientes a clínicas de su interés, así como para que
los pacientes «parecieran más enfermos de lo que estaban», según refiere
una amplia investigación hecha por el periodista Jake Beninato.
La empresa Columbia/HCA tuvo que pagar 1.700 millones de dólares en
multas y determinó la separación de Scott como CEO de la misma, no sin
que antes lograra una indemnización de 5,1 millones de dólares y un
contrato de consultoría de 950.000 dólares por cinco años, así como 300
millones de dólares en acciones.
Sin embargo, este hecho no imposibilitó que fuese elegido como
gobernador de Florida en 2011 y mucho menos que cesaran la serie de
hechos ilícitos que lo convierten, a juicio de grupos como CREW, en uno
de los políticos estadounidenses más corruptos.
En su primer año como gobernador, Rick Scott se encargó de utilizar
su posición para decretar una serie de leyes que beneficiaban
directamente a empresas donde tenía intereses económicos.
Uno de los casos más representativos fue su boicot al proyecto del tren de alta velocidad que iría de Miami a Orlando.
¿Por qué EEUU está sentado sobre un polvorín?
A pesar de que el proyecto creaba más de 60.000 empleos en un estado
con gran nivel de desocupación, Scott se opuso de una manera tan
vehemente que el proyecto se canceló. Lo extraño de esto, es que luego
Scott y su esposa, cambiaron de opinión e invirtieron millones de
dólares en acciones de Fortress Investment Group, la empresa matriz que
ahora retomará la construcción del tren.
Otro caso emblemático, de una larga e inacabable lista de hechos de
corrupción, incluye una ley que obligaba a beneficiarios de ayudas
públicas a realizarse exámenes de drogas para poder recibir beneficios
sociales. Los exámenes, por supuesto, beneficiaban a la red de clínicas
Solantic, donde se realizaban dichas pruebas, y cuyas acciones Scott
transfirió a su esposa por un monto aproximado de 60 millones de dólares
en 2011.
Jake Beninato denunciaba que en 2016 Scott dictó una extraña medida.
Eliminó una regulación sobre las cirugías a corazón abierto de bebés,
que tenía una vigencia de más de 38 años. Esta decisión, según el
periodista, tuvo lugar tres meses luego que la cadena CNN revelara que
el Centro Médico St. Mary ubicado en West Palm Beach, había estado
incumpliendo la regulación. Lo que trajo como consecuencia un aumento de
la tasa de mortalidad infantil hasta el 12,5 %, más del triple del
promedio nacional. No era de extrañar la decisión de Scott. El Centro
St. Mary pertenecía a la cadena de hospitales Tenet HealthCare quien
donó 200.000 dólares a la campaña de Scott.
Las laboriosas conexiones que hace Scott entre negocios y política
podrían incluso extenderse más allá de Estados Unidos. El ahora senador
de Florida, posee además grandes inversiones en empresas energéticas
como NextEra Energy Partners y Spectra Energy Partners, lo que podría
explicar su ferviente interés por pedir una intervención militar contra
Nicolás Maduro.
Apoyado por el lobby opositor en ese país, especialmente en las
figuras de Carlos Vecchio y David Smolansky, no sería de extrañar que en
los próximos meses apuntara hacia CITGO, la empresa petrolera que el
Gobierno de Estados Unidos ha secuestrado a Venezuela.
Amistades peligrosas
Marco Rubio es uno de esos políticos que cada tanto aparecen en la
escena política norteamericana. Un estereotipo del talentoso, joven e
inteligente promesa que parece ‘hacerse a sí mismo’, conforme avanza a
pasos agigantados desde un cargo menor como legislador hasta la
precandidatura del Partido Republicano.
Últimamente ha encabezado la ofensiva diplomática y mediática contra
el Gobierno de Nicolás Maduro, sirviendo de correa de transmisión entre
la oposición política venezolana radicada en el eje Miami-Bogotá-Caracas
y los intereses militares de Washington.
Sin embargo, este protegido del poderoso lobby anticubano en Miami
(encabezado por Bob Menéndez e Ileana Ros-Lehtinen) conforme señala al
Gobierno venezolano de estar implicado en narcotráfico, barre debajo de
la mesa un pasado familiar que sí está muy ligado a esta actividad.
El investigador Jean Guy Allard, recordaba que el canal Univisión
sacaba a la luz en 2011, aspectos que Rubio habría querido mantener en
secreto.
«De acuerdo con documentos públicos, la fiscalía federal de Miami
ordenó la confiscación de la casa donde Bárbara Rubio vivía con su
esposo, Orlando Cicilia. Se sospechaba que la casa estaba siendo usada
para actividades que violan la ley contra las drogas. Otra propiedad de
la pareja, situada en North Miami Beach, también fue objeto de una orden
de incautación por el mismo motivo», refiere Univisión.
El cuñado de Rubio terminó siendo acusado de «conspiración para
distribuir cocaína y marihuana» y condenado a 25 años. Allard, sin
embargo, otorga un detalle mucho más escalofriante de este hecho. La
hermana y el cuñado de Rubio, trabajaban para el narcotraficante cubano
americano Mario Tabraue, acusado de matar y desmembrar el cuerpo de un
informante de la Policía.
A pesar de que Rubio se ha negado a hablar sobre dicho incidente, no
han cesado sus vinculaciones con personajes ligados al narcotráfico, en
especial con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
‘Carnicería americana’: EEUU, consumido por las drogas
Tal y como lo comenta la revista Semana, a propósito de un libro del
escritor Sergio Camargo titulado ‘El Narcotraficante N°82’, no resulta
cualquier aliado el que se ha buscado Rubio. Álvaro Uribe Vélez que
gobernó Colombia «durante ocho años está embadurnado de narcotráfico de
pies a cabeza, aunque él lo niegue». () Eso sin contar las múltiples
acusaciones de crímenes de lesa humanidad que pesan sobre él.
Otro aspecto que Rubio usualmente mantiene bajo una capa de
conveniente neblina, lo constituye la historia de su origen y la llegada
de sus padres a Estados Unidos.
Con el fin de captar votos de la comunidad anticastrista radicada en
Florida, Rubio ha construido una narrativa muy conveniente para los
referentes semánticos, simbólicos y políticos de dicha comunidad.
Unos antepasados que huyen de la dictadura caribeña en busca del
sueño americano parecen encajar muy bien. No obstante, el reportero del
Washington Post Manuel Roig-Franzia, quien publicó una biografía del
político, cuenta que los padres de Rubio llegaron a Estados Unidos en
1956, antes de la revolución y que incluso realizaron varios viajes de
regreso tiempo después.
«El abuelo de Rubio, Pedro Víctor García, era un inmigrante ilegal en
los Estados Unidos. Desilusionado por sus perspectivas financieras,
García salió de Estados Unidos para Cuba dos semanas después de que
Fidel Castro tomara el poder en 1959. Volvió a los Estados Unidos dos
años después sin una visa… y fue contratado por un funcionario de
inmigración de los Estados Unidos, quien declaró: ‘No me parece que esté
claro y sin lugar a dudas, tiene derecho a ingresar a los Estados
Unidos’. García fue deportado, pero en lugar de eso, se fue ilegalmente a
Miami y reapareció en 1967 para solicitar la residencia permanente.
Aunque García había estado en los EEUU desde 1962, el formulario que
llenó entonces indica que había sido un refugiado cubano desde febrero
de 1965», indica Roig-Franzia.
Para alguien que constantemente está acusando a otros de provocar el
sufrimiento ajeno, como lo evidencia los tuits escritos por Rubio a
propósito del Gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro, cabría
suponer que dicha persona está dispuesta a obrar siempre en función del
prójimo. Pero con Rubio, parecen aplicar distintos estándares.
El estudiante, Cameron Kasky, sobreviviente de la masacre de la
secundaria Stoneman Douglas en Florida, increpó a Rubio por no apoyar el
control de las armas y privilegiar a los poderosos ‘lobbies’
armamentísticos.
Kasky preguntó a Rubio en un debate público, luego de la masacre:
«¿Puede usted decirme que no aceptará una sola donación de la Asociación
Nacional de Rifle?». El senador, entre evasivas y tartamudeos
simplemente tuvo que reconocer que no podía dejar de aceptar dinero de
dicha asociación. Una cifra que, según algunos investigadores, ya ronda
los 3,3 millones de dólares.
Unido a este último aspecto, hay que resaltar que Rubio recibió
grandes contribuciones de la multimillonaria, Betsy DeVos, a quien por
cierto dio su voto para aprobarla en el cargo de secretaria de Educación
de la Administración Trump.
La conexión interesante entre los ‘lobbies’ de armas, Rubio y DeVos,
es que esta última es hermana de Erick Prince, el ex Navy Seal, fundador
de la contratista BlackWater (hoy llamada Academi) sobre la cual pesan
numerosas acusaciones de crímenes de guerra en Irak.
Si unimos los puntos, tendremos a un Marco Rubio conectado con el
mundo del ‘mercenariato’ corporativo (Prince), el narco paramilitarismo
(Álvaro Uribe Vélez) y el aparato armamentístico estadounidense
(Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés). Dicha
interconexión lo convierte en un personaje muy importante para los
intereses de desestabilización que pretende adelantar Estados Unidos en
Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Puede que a la oposición venezolana y la derecha política en
Latinoamérica no les importe en lo más mínimo el historial de Rick Scott
o Marco Rubio. Puede que el solo objetivo de derrocar a Nicolás Maduro
les haga buscar cualquier tipo de alianzas, cerrando los ojos a la
evidencia e incluso con un pañuelo en la nariz.
Sin embargo, nunca está de más prevenir que cuando se entona la frase
‘el fin justifica los medios’, lo que se hace, y muchas veces con
dolorosas consecuencias, es vender el alma (o la soberanía) para
siempre.
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