Por Boaventura de Sousa Santos
El problema de la transparencia, como el de la lucha contra la
corrupción, es la opacidad de su selectividad. Quienes quizás vivan más
directamente este problema son los periodistas de todo el mundo que
todavía insisten en hacer periodismo de investigación. Todos temblaron
el pasado 11 de abril, cualquiera que haya sido la línea editorial de
sus periódicos, ante la detención de Julian Assange, sacado a la fuerza
de la embajada de Ecuador en Londres para ser entregado a las
autoridades estadounidenses que contra él habían emitido una solicitud
de extradición.
Chelsea Manning |
Las acusaciones que hasta ahora se han vertido contra Assange se
refieren a acciones que solo pretendían garantizar el anonimato de la
denunciante de irregularidades Chelsea Manning, es decir, garantizar el
anonimato de la fuente de información, una garantía sin la cual el
periodismo de investigación no es posible. Si los periodistas son
quienes viven más directamente la selectividad de la transparencia,
quienes más sufren las consecuencias de ello son la calidad de la
democracia y la credibilidad del deber de rendición de cuentas a la que
los gobiernos democráticos están obligados
¿Por qué la lucha por la transparencia se dirige a determinados
objetivos políticos y no a otros? ¿Por qué las revelaciones en algunos
casos son celebradas y tienen consecuencias mientras que, en otros, se
impiden y, si llegan a ver la luz, se ignoran? De ahí la necesidad de
conocer mejor los criterios que presiden la selectividad. Por supuesto,
el otro lado de la selectividad de la transparencia es la selectividad
de la lucha contra la transparencia.
Tal vez no sabríamos de las perturbaciones reveladas por WikiLeaks en
2010 (videos militares sobre el asesinato en Irak de civiles
desarmados, dos de los cuales trabajaban para Reuters), si no hubiesen
sido divulgadas ampliamente por los medios de comunicación de referencia
de todo el mundo. ¿Por qué toda la saña persecutoria se desató contra
el fundador de WikiLeaks y no sobre esos medios, algunos de los cuales
ganaron mucho dinero que nunca retornó adecuadamente para Assange? ¿Por
qué entonces los editoriales del New York Times vitoreaban a Assange
como el campeón de la libertad de expresión y celebraron las
revelaciones como el triunfo de la democracia, mientras que el editorial
de la semana pasada considera su prisión como el triunfo de la rule of
law? ¿Por qué el Gobierno de Ecuador protegió “los derechos humanos de
Assange durante seis años y 10 meses”, en palabras del presidente Lenín
Moreno, y lo entregó repentina e informalmente, violando el derecho
internacional de asilo? ¿Será porque, según The New York Times, el nuevo
préstamo del FMI a Ecuador por valor de unos 4000 millones de dólares
habría sido aprobado por EE.UU. a condición de que Ecuador entregara a
Julian Assange? ¿Será porque WikiLeaks reveló recientemente que Moreno
podría ser acusado de corrupción por dos supuestas cuentas offshore, de
titularidad de su hermano, una en Belice y otra en Panamá, donde
supuestamente se depositaron comisiones ilegales?
En cuanto a la selectividad de la lucha por la transparencia, hay que
distinguir entre los que luchan desde fuera del sistema político y los
que luchan desde dentro. En cuanto a los primeros, su lucha tiene, en
general, un efecto democratizador porque denuncia el modo despótico,
ilegal e impune en que el poder formalmente democrático y legal se
ejerce en la práctica para neutralizar resistencias a su ejercicio. En
el caso de WikiLeaks habrá que reconocer que ha publicado informaciones
que afectan a gobiernos y actores políticos de diferentes colores
políticos, y este es quizás su mayor pecado en un mundo de rivalidades
geopolíticas. La suerte de WikiLeaks cambió cuando en 2016 reveló las
prácticas ilegales que manipularon las elecciones primarias en el
Partido Demócrata de EE.UU. para que Hillary Clinton, y no Bernie
Sanders, fuera la candidata presidencial; y más aún después de haber
mostrado que Hilary Clinton fue la principal responsable de la invasión
de Libia, una atrocidad por la que el pueblo libio sigue sangrando. Se
puede objetar que WikiLeaks se ha restringido, engeneral, a los gobiernos más o menos democráticos de dicho mundo
eurocéntrico o nortecéntrico. Es posible, pero también es verdad que las
revelaciones que se han hecho más allá de ese mundo cosechan muy poca
atención de los medios dominantes.}
La selectividad de la lucha por parte de los que dominan el sistema
político es la que más daño puede causar a la democracia, pues quien
protagoniza la lucha, si tuviese éxito, puede aumentar su poder por vías
no democráticas. El sistema jurídico-judiciario es hoy el instrumento
privilegiado de esa lucha. Asistimos en los últimos días a intentos
desesperados por justificar la anulación del asilo de Assange y su
consecuente prisión a la luz del derecho internacional y del derecho
interno de los varios países involucrados. Empero, nadie ignora el hecho
de que se trató de un barniz legal para cubrir una conveniencia
política ilegal, si acaso no directamente una exigencia por parte de
Estados Unidos.
Pero sin duda el estudio de caso del abuso del derecho para encubrir
intereses políticos internos e imperiales es la prisión del expresidente
Lula da Silva. El ejecutor de tal abuso es el juez Sergio Moro,
acusador, juez en causa propia, ministro de justicia del Gobierno que
conquistó el poder gracias a la prisión del líder del PT. Lula fue
procesado mediante sórdidos dislates procesales y la violación de la
jerarquía judicial, se lo condenó por un crimen que nunca fue probado, y
es mantenido en prisión a pesar de que el proceso no ha sido transitado
en juzgado. De aquí a cincuenta años, se todavía hubiera democracia,
este caso será estudiado como ejemplo del modo en que la democracia
puede ser destruida por el ejercicio abusivo del sistema judicial. Es
también el caso que mejor ilustra la falta de transparencia en la
selectividad de la lucha por la transparencia.
No es preciso insistir en que la práctica de promiscuidad entre el
poder económico y el poder político viene de lejos en Brasil y que cubre
todo el espectro político. Ni tampoco que el expresidente Michel Temer
pudo terminar el mandato para el cual no fue electo a pesar de los
desórdenes financieros en los que habría estado involucrado. Lo
importante es saber que la prisión de Lula da Silva fue fundamental para
elegir un Gobierno que entregase los recursos naturales a las empresas
multinacionales, privatizase el sistema de pensiones, redujese al máximo
las políticas sociales y acabase con la tradicional autonomía de la
política internacional de Brasil, rindiéndose a un alineamiento
incondicional con Estados Unidos en tiempos de rivalidad geopolítica con
China.
Objetivamente, quien más se beneficia con estas medidas es Estados
Unidos. No sorprende por ello que intereses norteamericanos hayan estado
tan implicados en las últimas elecciones generales. Es sabido también
que las informaciones que sirvieron de base para la investigación de la
Operación Lava Jato resultaran de una íntima colaboración con el
Departamento de Justicia estadounidense. Pero quizás sea sorprendente la
rapidez con la que, en este caso, el hechizo puede volverse en contra
del hechicero. WikiLeaks reveló que Sergio Moro fue uno de los
magistrados entrenados en Estados Unidos para la llamada “lucha contra
el terrorismo”. Se trató de un entrenamiento orientado al uso robusto y
manipulativo de las instituciones jurídicas y judiciarias existentes,
así como para el recurso a innovaciones procesales, como la delación
premiada, con el objetivo de obtener condenas rápidas y drásticas. Fue
esa formación que enseñó a los juristas a tratar algunos ciudadanos como
enemigos y no como adversarios, esto es, como seres privados de los
derechos y de las garantías constitucionales y procesales y de los
derechos humanos supuestamente universales.
El concepto de enemigo interno, originalmente desarrollado por la
jurisprudencia nazi, buscó precisamente crear una licencia para condenar
con una lógica de estado de excepción, a pesar de ser ejercida en una
supuesta normalidad democrática y constitucional. Moro fue así escogido
para ser el malabarista jurídico-político al servicio de causas que no
pueden ser avaladas democráticamente. Lo que une a Assange, Lula y Moro
es ser peones del mismo sistema de poder imperial: Assange y Lula como
víctimas, Moro en tanto verdugo útil y por eso descartable cuando haya
cumplido su misión o cuando, por cualquier motivo, se transforme en un
obstáculo para que la misión sea cumplida.
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