por Victoria Korn
Desde hace meses, pero sobre todo en
las últimas dos semanas, Venezuela ha sido víctima de una poderosa
campaña propagandística dirigida a imponer la narrativa de que una
“crisis de refugiados” -producto de la migración- que sigue en
desarrollo, y trata de justificar una intervención “humanitaria”.
Y se agita también mediáticamente el
fantasma de una crisis de “refugiados”, gente que huye de la opresión o
de un Estado fallido, con el fin de crear el caso para una intervención
humanitaria.
La realidad muestra que miles de
venezolanos varados en otros países (Perú, Brasil, Colombia, Argentina,
Uruguay, Ecuador) quieren acogerse al plan Retorno a la Patria (algunos
centenares ya lo hicieron), lanzado por el gobierno de Caracas, que
solicitó ayuda a los países de la región y al programa de la ONU para el
Desarrollo (PNUD) para que brinden facilidades al retorno de los
connacionales.
Organismos multilaterales como la
Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Mundial
de Migraciones (OIM) divulgaron, paralelamente, informes que descarrilan
la agenda del relato de la “crisis humanitaria”. En junio, ACNUR,
reflejó que sólo 5.661 venezolanos (menos del 1% de los habitantes del
país) habían sido reconocidos como “refugiados” por los principales
países receptores de la región.
En agosto de 2018 la OIM señaló que desde
2015 hasta 2018, 600.000 solicitudes de visados temporales u otros
mecanismos de regularización han sido presentados por los venezolanos en
los países receptores de América Latina y el Caribe. La OIM y ACNUR,
reconocen que la migración está motivada por razones económicas, lo que
nada tiene que ver con la condición de “refugiados” que se intenta
proyectar hacia el mundo.
La cifra total de emigrantes venezolanos
(de 1.5 millones a 2.3 millones, aproximadamente), calculada
inicialmente, podría ser menor, de acuerdo a estos informes de organismo
multilaterales. Hay una evidente manipulación respecto a las cifras
para justificar un escenario de intervención internacional. La OIM pone
en relieve que el centro de la gestión migratoria se inclina hacia la
regularización de venezolanos que buscan consolidar su estatus de
permanencia en los países receptores, mas no hacia la instalación de
“campos de refugiados”.
La OIM, asimismo, exigió a Colombia la
regularización de venezolanos que han emigrado recientemente, mas no
implementar la creación de campos de refugiados masivos para atenderlos
que, como afirman medios y voceros políticos, huyen de algún tipo de
persecución gubernamental o de una “crisis humanitaria”.
Mientras, el gobierno venezolano acordaba
con Jorge Baca, representante de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), los recursos técnicos necesarios para resguardar los
derechos humanos de los migrantes, bajo un marco de respeto a la
institucionalidad venezolana.
Terrorismo mediático y el Grupo de Lima
Por ejemplo, The Economist, representante
de la oligarquía financiera británica, aseguró, con base a
proyecciones, que la “crisis migratoria” venezolana podría superar la de
una Siria, un país que sufre aún los desmanes de una guerra mercenaria,
terrorista, financiada por Estados Unidos y la OTAN.
Relato que sirvió como insumo base para
la campaña usada por la derecha mundial y por el sector radical de la
oposición venezolana, guionada, patrocinada y financiada por Washington,
Bogotá y Madrid, logrando un alto nivel de cartelización que perfilara
la “crisis de refugiados” como la única forma de representar la
migración venezolana.
Tres días después, el ultraconservador
senador estadounidense Marco Rubio –pese a la fuerte caída de su
credibilidad- argumentó que Venezuela era una “amenaza a la seguridad
nacional de EEUU”. Lo mismo dijeron en sus giras latinoamericanas los
altos funcionarios del área de defensa y seguridad como James Mattis,
John Bolton, Kurt Tidd y repitió el secretario general de la OEA, Luis
Almagro, quien jugó la carta de convocar a una nueva sesión del Consejo
Permanente de la organización panamericana, bajo el mismo código.
Una “reunión técnica” desarrollada a
principios de semana en Quito, con representantes de países agrupados en
el Grupo de Lima (GL), pasó prácticamente inadvertida. En estos países
decenas de millones pasan hambre, sufren analfabetismo, se ven forzados a
emigrar, son víctimas de crisis de salud pública, los jóvenes –sin
educación ni trabajo digno– carecen de toda esperanza, flagelos
agravados escandalosamente por el modelo neoliberal. Pero eso no
preocupa a la OEA ni a los gobiernos del GL, señala Ángel Cabrera en La
Jornada.
No hay que olvidar que Venezuela está
considerada “una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad
nacional y la política externa de Estados Unidos” mediante un decreto
emitido por el presidente Barack Obama y ratificado por Donald Trump.
La reunión fue otro paso en la agenda de
guerra híbrida contra Venezuela, diseñada por el estadounidense Comando
Sur en distintos planes, como Venezuela Freedom I, Venezuela Freedom II y
el llamado Golpe Maestro. Ese aparato militar, dirigido para que avance
la militarización estadounidense en América Latina y el Caribe con
fines de control de poblaciones, recursos naturales e intervención
armada, directa o camuflada.
El GL se ha convertido en el brazo
político del Comando Sur y es cómplice de la agresión militar que se
gesta contra Venezuela. No es ningún secreto el gran interés del
presidente Donald Trump por realizar una intervención directa en el país
caribeño, idea de la que lo habrían disuadido sus más altos jefes
militares razonando el costo político y el extraordinario esfuerzo
militar que requeriría.
Los radicales de la oposición venezolana,
creyendo que su oportunidad está en la intervención extranjera, se
sumaron a la campaña: los ex alcaldes prófugos como David Smolansky y
Antonio Ledesma, Gaby Arellano, María Corina Machado, y Julio Borges.
Varias ONGs financiadas por Washington,
como fue la ONG Human Rights Watch, se sumaron al coro. Ésta señaló el 3
de septiembre que “urge una respuesta regional ante una crisis
migratoria sin precedentes”, y convocó a los países de la región a
atender la “crisis de refugiados venezolanos” con el objetivo de
permitir la permanencia y atención necesaria que justifique un
desembolso mayor por parte de los organismos multilaterales encargados
de gestionar el asunto migratorio.
“Ésta fue una experiencia dolorosa, pero
de aprendizaje. Aprendimos realmente qué es el capitalismo, qué es la
manipulación de los medios. Hoy volvimos con mi familia a Los Teques y
lo único que se nos ocurre es narrar lo que vivimos, el racismo, el
desprecio, la xenofobia, la falta de solidaridad y de oportunidades que
vivimos durante tres meses. Estamos contentos de estar en casa de
nuevo”, decía Yudelysi Moró, una trabajadora de la salud que regresó de
Argentina.
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