“Yo alcancé a moverme y no pudieron darme los tiros de gracia que ellos saben hacer. Mientras tanto salieron mi hija Eunice y mi compañera y esposa, todas llenas de coraje y valor, gritándoles y echándoles piedras a los sicarios. Recuerdo que me caí en tres ocasiones. En medio del tiroteo le dije a mi hija: “cuidado”. Luego empecé a ver todo oscuro y morado, caí y dizque dije: “Me mataron, hijos de puta”.
Por Daniela Rodríguez.*
El anterior párrafo es del libro autobiográfico La vida que vivimos
de Eusabio Prada, sobreviviente del genocidio de la UP. Este libro me
hace pensar que en Colombia el rememorar está unido con la
desconcertante impresión de estar viviendo el recuerdo. Tal vez sea por
esto que la memoria es dinámica. Y tal vez sea por esto que en nuestro
país, cumple la digna y triste labor de explicarnos una realidad que fue
la que hizo posible un pasado que aterradoramente no ha pasado. Las
ironías de la vida que vivimos.
Ahora bien, esta no es la única razón por la cual debe decirse que
Colombia es profundamente antidemocrática. Un país que manifieste
desidia frente a la vida -claro, frente a algunas vidas- no hace más que
reflejar una inexistente concepción del cuidado como aspecto central de
la vida política; lo que se traduce en una innegable responsabilidad
histórica del Estado en las muertes y en las condiciones tan precarias
de la vida en este país. Esto permite cuestionar doblemente la
democracia formal que tanto se distancia de la real porque ésta última
sólo expresa una sistemática desaparición de la diferencia y una
estructuración social del cuidado donde las vidas menos cuidadas
coinciden con el perfil de todo lo que para intereses económicos y
políticos, puede constituir una amenaza.
Cuando hablo de cuidado me refiero a ese concepto amplio que gracias a
las feministas se ha venido consolidando en las discusiones de varias
disciplinas, como la filosofía, la economía y la política. Puede
encontrarse varias definiciones del cuidado; si lo tomamos desde una
perspectiva económica podríamos plantear en palabras de Amaia Pérez, que
este concepto hace alusión a las “tareas que regeneran el bienestar
físico y emocional de las personas”[1]
y que es la base de la economía mercantil. Por mi parte, quisiera
abordarlo desde el enfoque que permite hablar de la democracia del
cuidado. Ésta promueve que “el Estado debe organizarse para cuidar bien a
los ciudadanos, de modo que estos puedan a su vez fomentar la
democracia en sus prácticas de cuidado” (Tronto, 2018, p 26). Hago
alusión al cuidado más elemental, al que si no existiera, ningún otro
podría hacerlo; se trata de la vida que el Estado no puede -¿O no
quiere?- Garantizar. Pero ¿Cómo aterrizar esto a la política nacional?
Planteo iniciar por una crítica y es ¿Qué democracia puede haber
cuando el núcleo del quehacer político y económico no es ni la vida ni
la participación? O más bien, ¿De qué democracia podemos hablar cuando
el acceso al cuidado estatal está distribuido de manera diferencial? Y
esto lo pone en evidencia tanto las muertes por liderazgos sociales y
políticos como por dinámicas sociales determinadas por raza, clase,
género, identidad sexual y demás. Entonces considero importante poner el
tema de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, las
desapariciones, los “falsos positivos judiciales” y demás casos de
vulneraciones a la vida y la libertad, en términos de responsabilidades
políticas y bajo el concepto de cuidado.
Y este debate es importante aterrizarlo en la situación dramática de
derechos humanos en el país porque así como plantea la feminista Joan
Tronto “Cuidar no es más natural para las mujeres, lo hacen por el
privilegio de los hombres”[2]
se podría decir que cuidar-se no es más natural para el/la opositora
política en este país, lo hacen por el privilegio del Estado; el
privilegio de no incomodar-se y de mantener el statu quo de la violencia
y el asesinato.
Ahora bien, el cuidado nos lleva al planteamiento de Joan Tronto
(2018) sobre las responsabilidades políticas, así como a la discusión
sobre las vidas que importan, porque denunciar y movilizarnos contra
esta ola sistemática de asesinatos y demás acciones antidemocráticas, es
poner en el debate público, que el desentendimiento; el
“desconocimiento” del paramilitarismo y las apretadas y cortas acciones
estatales que protegen a líderes, hacen parte de una jerarquización
social del cuidado que minimiza la importancia de ciertas vidas por intereses políticos y económicos.
El cuidado es un concepto muy amplio con distintos enfoques y uno de
ellos es justamente el que permite cuestionar la democracia de la cual
se jacta el Estado colombiano, y así mismo, da cuenta del panorama de
derechos humanos del país. Sumado a esto, la clase política tradicional
de Colombia siempre ha sido experta en enmascarar y convertir en
aceptable lo inaceptable y en naturalizar lo que bajo ningún motivo
puede ser considerado natural o normal. Entonces cualquier argumento
sirve para justificar la muerte y el asesinato o la situación de
precariedad de regiones y poblaciones enteras. Por esto es que desde la
academia -que no es menos política que otros espacios- y los procesos
organizativos, debemos denunciar y exigir que se desnaturalicen estos
asesinatos y toda forma de desaparecer al “otro/a”; y a defender
férreamente el derecho a la vida, y al cuidado de ésta.
Nadie niega la existencia de múltiples factores en la violencia que
cada día se profundiza, pero eso no puede constituir un argumento que
encubra o desvíe las responsabilidades materiales e intelectuales de
esta oleada de muerte. Y por eso una exigencia que debería tomar
contenido en las movilizaciones venideras, es que se reconozca la
reconfiguración paramilitar y sus incursiones en territorios y que se
hable de la responsabilidad estatal en el cuidado de la vida. Lo cual
debe implicar toda una campaña de des-estigmatización del trabajo
político de oposición; el reconocimiento y desmantelamiento del
paramilitarismo; garantías reales de vida para quienes representan una
amenaza a poderes económicos y finalmente, que el Estado y el gobierno
–ahora en cabeza del Centro Democrático-, asuman que este drama vital es
político y no pueden seguir atribuyéndoselo a “líos de faldas”. Que
dejen de librarse de su responsabilidad para recargársela a los hogares
-sobre todo a las mujeres porque es en ellas que históricamente se ha
recargado el trabajo de cuidado- de líderes, lideresas sociales y
políticas.
Pdta: La responsabilidad estatal en el desmantelamiento del
paramilitarismo también incluye revelar a sus creadores. Así que pueden
comenzar por garantizar un transparente y justo término del proceso que
la Corte Suprema de Justicia abrió en contra de Álvaro Uribe Vélez. Que
el señor Uribe no escape de sus responsabilidades podría hablar de que
por fin este país está caminando hacia una democracia y daría cuenta de
un compromiso estatal por la vida.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario