Por Sara Vásquez Rodríguez.
La educación en Colombia no deja de ser un tema coyuntural que cada
cuatro años se constata en una profunda debacle, o dicho de otro modo,
en cada cambio de gobierno-presidencial se generan nuevas políticas,
pañitos de agua tibia, para intentar aplacar una grave crisis donde
converge un gran sector de la sociedad. Cada que esta “olla a presión”
estalla, el tema se vuelve central, se genera un gran escozor dentro de
la población universitaria y gubernamental, pero no se llega al
trasfondo del problema.
Desde otra mirada, la crisis del sistema educativo es parte de una
realidad social y cotidiana de nuestro país, donde problemáticas como la
violencia, desigualdad, bajas condiciones de vida, corrupción entre
otros fenómenos carcomen a la sociedad en general, por ello no solo el
sistema educativo no es de calidad, sino que, un país pensado para una
vida digna se aleja de nuestro alcance. Las políticas educativas
gubernamentales suponen un aumento en la cobertura pero la calidad se
convierte en otro gran factor problemático, ya que tampoco es la
proporcionada e incluso tiende a menguarse, sumado a las dificultades
antes nombradas como producto de un sistema económico y con ello un
ethos[1] marcado por la individualidad y el consumismo hacen imposible tener una educación adecuada.
Un ejemplo que ilustra lo anterior se evidencia dentro de las
instituciones educativas que presentan altos porcentajes de deserción,
donde según la Encuesta Nacional de Deserción Escolar aplicada
en el año 2014, el 3,07% del total de la matrícula nacional [10´381.403]
desertaron de sus colegios, y eso sin contar el número de niños,
jóvenes y adolescentes que no ingresan a un establecimiento educativo.
Al observar algunas de las gráficas presentadas dentro de la Encuesta,
se puede evidenciar según la tasa de deserción intra-anual (TDT) [2]
que el total nacional del 2003 al 2009 bajó 2,35 puntos, pasando de
7,5% al 5,15%, sin embargo en la educación media aumenta la deserción,
es decir que, son cada vez menos los y las jóvenes que ingresan a la
educación superior y donde éstos últimos con un 5,15% desertan (ver
Gráfica No.1).
Gráfica No. 1 Tasa de deserción intra-anual según los niveles educativos y total nacional.
Fuente: Oficina de Planeación MEN, Febrero del 2009
Desde la sociología, la medición de la pobreza se analiza a la luz de
la desigualdad social, a partir una mirada analítica y contextualizada
según los sujetos y hogares donde algunas variables en especial definen a
un grupo poblacional. Se estudia puesto que aluden a las privaciones
y/o carencias de una población, además de los niveles y condiciones de
bienestar que son históricos, es decir, podemos establecer que las
condiciones de vida o de bienestar básicas son la alimentación, el
vestuario, la salud y la vivienda, donde producto del desarrollo se han
establecido y sumado necesidades como la educación, la recreación, el
acceso a la cultura, entre otras, éstas necesidades básicas además de
depender del nivel de desarrollo alcanzado también se caracterizan por
los usos y costumbres de cada sociedad en particular (Alarcón, 2001),
todas estas aproximaciones permiten a los/as investigadores/as sociales acercarse a un patrón desde la estructura social como
criterio que permite entender la dinámica de la población en
determinado periodo del tiempo, pero ¿cómo establecer un indicador que
nos permita mirar u observar las condiciones de bienestar?, ¿sobre qué
soportes y cómo se van a medir?, un ejemplo de ello es el PIB per
cápita, este es una de las medidas más ‘superficiales’ del bienestar,
permite observar el valor de la producción anual de un país dividido por
la población, es una medida de ingreso, sin embargo, sus críticas van
directamente asociadas a que no se sabe el uso efectivo del ingreso y
por otro lado, es evidente que no todos los individuos de una sociedad
tienen el mismo nivel de ingresos, este indicador síntesis permite
hacer comparaciones internacionales y también mide la pobreza extrema
(porcentaje de la población que ni siquiera puede cubrir los bienes de
alimentación diarios). otros de los indicadores es el Índice de
Desarrollo Humano IDH que agrupa tres (3) indicadores de bienestar como
la longevidad, la escolaridad y la
distribución por ingresos, nace a partir de la crítica al PIB per
cápita, “una manera sencilla de evaluar el avance del desarrollo humano
en cada país, es comparar el lugar que ocupa de acuerdo al valor del
IDH, con el valor que ocupa ese mismo país con relación al valor de su
PIB per capital” (Alarcón, 2001: 7).
Según el informe el IDH para el 2015 en Colombia es de un 0,720
(donde en América Latina el valor más bajo lo ocupa Haití con un 0,483 y
el más alto Argentina con un 0,836) pero, según su puntaje está
catalogado con un Desarrollo Humano alto ocupando el puesto No.97 a
nivel mundial. Cabe aclarar que a nivel mundial podría catalogarse como
un IDH alto, sin embargo, al observar municipios de Colombia como por
ejemplo Buenaventura (y si examinamos departamentos como Chocó y el
Cauca donde sus dinámicas sociales, políticas y culturales han estado
marcadas a nivel histórico por conflictos armados y políticos, siendo un
ejemplo más de la desigualdad social), se evidencia según la encuesta Calidad de Vida del
2015 (ver Tabla No. 1) que, del total, el 3,69% de la población tenía
un componente de inasistencia (escolar), un 35,85% de personas contaban
con necesidades básicas insatisfechas y un 13,46% en situación de
miseria. Sin entrar a profundizar en un análisis cuantitativo y/o de
datos agregados, sólo basta con observar las cifras, leer la prensa y,
la desigualdad que día a día se vive. La escolaridad por lo tanto es una
variable más, sin negar su gran trascendencia en la calidad de vida de
las personas; no obstante la alimentación, la vivienda, entre otras
también son factores que priman dentro de una vida digna para todas y
todos.
Continuando con la educación
El sistema educativo colombiano como derecho fundamental ha pasado a
las manos del mercado, a las garras del sistema neoliberal, puesto que,
más allá que un derecho es dilucidado como un servicio y un producto más
a la venta. Un ejemplo claro se ha observado con los alcances que han
demostrado los proyectos del Ministerio de Educación, encabezado por ese
entonces por la ministra de educación Gina Parody, en el 2014 se da a
conocer el programa Ser Pilo Paga (SPP) como una “estrategia de
democratización, equidad y ampliación de cobertura con calidad”
focalizándose en jóvenes con Sisben 1 y 2 donde el ser ‘pilo/a’ se
observa en los altos puntajes obtenidos por las pruebas saber 11. Según
el artículo publicado por el Espectador[3], el 1 de febrero
de 2016, a la luz de dos investigadores del campo educativo, el término
coloquial de ‘pilo’ es parte de una estrategia publicitaria del MinEdu,
lo que finalmente busca el programa profundizar en la tendencia
privatizadora de la educación superior. Para el 2015 las universidades
con más estudiantes matriculados de SPP fueron la Salle, Norte,
Bolivariana, Andes y Javeriana, es decir que si se continúa con esta
tendencia las universidades recibirán más ingresos de los que reciben
anualmente contribuyendo a enfatizar el centralismo, algo así como
‘fortalecer a las más fuertes y debilitar a las débiles’, donde
usualmente las segundas son las universidades públicas, entonces, ¿este
tipo de programas son equidad para el sector educativo, disminuyen las
brechas y desigualdad de las regiones, aporta gran cobertura para la
educación superior, para las y los jóvenes?
“Para profundizar la brecha, y contrario a lo que se exige a las
universidades públicas, las privadas beneficiarias de recursos de SPP y
en general de Icetex no están obligadas a cumplir con el pago de
seguridad social de docentes adicionales, docentes de hora cátedra y
supernumerarios administrativos que sí deben atender las públicas, de
acuerdo con las sentencias C-006 de 1996 y C401 de 1998. Este es otro
factor que introduce desequilibrios al sistema. El costo del profesorado
ha implicado a las universidades erogaciones superiores a un billón
doscientos mil pesos en el período comprendido entre 1993 y 2011.
Tratándose de recursos públicos, ¿no deberá aplicarse el mismo rasero a
las públicas que a las privadas?” (Espectador, 2016)
Filantropía estatal: privatización al 100%
Para el 2016, las transferencias de la Nación destinadas al Icetex se
incrementaron en aproximadamente un 40% a causa del SPP. Según los
datos del ICFES para el 2003 el 35% de los bachilleres pertenecen al
estrato 1, el 38% al estrato 2 y el 20% al estrato 3. Que representan
aproximadamente unos 482.000 jóvenes graduados/as de éstos estratos, en
esos términos, las 10mil becas al año que ofrece MEN son mera
propaganda. Un programa que ofrece 10.000 becas, no representa si quiera
el 2% de la población bachiller egresada. Los pilares ‘base’ de la
educación colombiana se enfatizan en cobertura, calidad y eficiencia,
pero a medida que avanza uno, el otro retrocede y el insaciable dilema
siempre está entre cobertura Vs Calidad.
Dentro de la Universidad del Valle, a partir del 2015 se dio inicio al Plan talentos-pilos
(PTP) como un brazo más o continuación del SPP, este es socializado
como un programa de nivelación donde los estudiantes que cumplan con los
criterios del MinEdu para este programa son seleccionados/as y
evaluados en el plazo de una año. Reproduciendo valores claves del
sistema neoliberal como lo es la competencia e individualidad, puesto
que, estos estudiantes al entrar ingresan con la esperanza de ingresar a
la carrera que desean, sin embargo, al final del caso son pocos los que
quedan y compiten entre sí, para obtener un cupo. En resumen hace parte
de créditos condonables de la mano del Icetex.
“No hay una claridad frente a este plan talentos pilos. Algunas
de las personas que ingresaron dentro del PTP evidencian su
inconformidad, preocupación, asignación de cupos y claridad de los
créditos.”(Asamblea de estudiantes “Plan Talentos Pilos”, Universidad del Valle, 2016)
La universidad de alta acreditación en Colombia
“Siete programas acreditados como de alta calidad, dentro de los que
se encuentran pregrados, maestrías y doctorados; y más de 19 patentes
obtenidas, consolidaron a la Universidad del Valle como una de las
instituciones de educación superior más talentosas del país.”[4]
La Universidad del Valle cuenta con 231 grupos de investigación,
donde 164 están clasificados por Colciencias. Cuenta con 9 patentes a
nivel internacional y 3 en proceso.
Lo anterior según el MinEdu posiciona a la Univalle como una de las
Universidades más competitivas del país, otorgándole en el 2014 una
acreditación por 10 años
Si bien el rector Edgar Varela Barrios designado en el 2015 por el
Consejo Superior de la Universidad del Valle -donde también hace parte
la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ambos
absolutamente funcionales a la aplicación del modelo neoliberal- para un
periodo de 4 años. Se puede analizar que este ‘mérito’ designado por el
Ministerio de Educación permite el fortalecimiento de las oportunidades
laborales, a nivel no solo nacional sino internacional fortaleciendo
así los nexos con otras instituciones acreditadas del país y el mundo.
Sin embargo, al leer y releer el programa y propuesta de candidatura del
actual rector Edgar Varela aunque en su discurso y verbo diga rechazar
“la fuerte tendencia al fortalecimiento de la oferta privada de
educación superior del país” (Varela, 2015:4) pretende dentro del modelo
de regionalización apostarle a “verdaderas demandas” potencializando
el mercado de las subregiones y eliminando según él “programas
obsoletos”.
Por otro lado, si analizamos desde lo discursivo la palabra
“acreditación”, se observa el carácter meramente instrumental de la
educación, puesto que, corresponde a una medición y estándares que se le
aplican a los productos dentro del mercado. Habría que analizar dentro
de Colombia cuales son las universidades acreditadas y los criterios que
se tienen para aplicar.
Finalmente la acreditación de la Universidad del Valle responde a las
exigencias del plan del Rector: una gran consolidación del sistema de
postgrados donde la calidad y la cobertura en pregrado es mínima; las
sedes regionales deberán integrarse a las exigencias del sector, incluir
la visión de la paz y el postconflicto (al leer el programa se observa
que dentro del punto de paz y posconflicto se sigue profundizando en una
educación euro-centrista, promoviendo la creación de la Cátedra Europa,
en vez de incentivar los estudios, análisis y autores/as
latinoamericanos/as) , por lo tanto decimos que, la acreditación de la
universidad es aceptar los estándares que impone el gobierno como parte
de la lógica donde la educación es vista como un producto al servicio
del mercado.
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