Venezuela y el “capitalismo del desastre”

Por Reinaldo Iturriza

El lunes 28 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que todos los bienes e intereses de PDVSA bajo jurisdicción del país norteamericano habían sido “bloqueados”, y prohibía a las personas estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con la empresa venezolana. Agregó el secretario Steve Mnuchin que “si la gente de Venezuela quiere seguir vendiéndonos petróleo”, solo lo aceptarían si ese dinero va a “cuentas bloqueadas”que, eventualmente, pondrían a disposición del “gobierno de transición”. 

Según John Bolton, Asesor de Seguridad Nacional de la Administración Trump, y presente en la misma rueda de prensa, estas sanciones a PDVSA provocarían a Venezuela pérdidas estimadas en 11 mil millones de dólares en exportaciones en 2019, y el congelamiento de 7 mil millones de dólares en bienes.

El jueves 24 de enero, en declaraciones al canal FOX Business, Bolton había afirmado que “haría una gran diferencia para Estados Unidos económicamente si pudiéramos tener compañías petroleras estadounidenses invirtiendo y produciendo petróleo en Venezuela”. Apenas tres minutos antes de hacer explícitas las verdaderas intenciones del imperialismo estadounidense, sostenía que Chávez y Maduro habían “empobrecido a Venezuela; tenemos ahora entre tres y cuatro millones de refugiados que han huido del país, un hecho sin precedentes en el hemisferio occidental; Maduro, y Chávez antes de él, saquearon sistemáticamente los recursos petroleros del país, no hay inversión de capital, los ingresos han disminuido; literalmente la sociedad civil está colapsando”, razón por la cual la Administración Trump había decidido reconocer a Juan Guaidó como “Presidente interino”.

Horas después de que se hicieran públicas las sanciones contra PDVSA, el martes 29 de enero, la Asamblea Nacional aprobaba un “Acuerdo para la promoción del plan de rescate del país”, en el que se lee que en Venezuela se produjo un “colapso económico y social” que ha ocasionado una “emergencia humanitaria”, situación que es consecuencia de las políticas del “régimen de Nicolás Maduro”, que impuso “un modelo económico y político totalitario, de dominación y control social” que se conoce como “socialismo del siglo XXI” 

He aquí, en apretado resumen, un ejemplo de la manera como actúan los agentes foráneos y vernáculos de lo que Naomi Klein definió como “capitalismo del desastre” en su formidable obra “La doctrina del shock”, muy útil para comprender lo que ocurre en Venezuela, en momentos en que esas mismas fuerzas persiguen afectar severamente, de ser posible de manera irreversible, nuestra capacidad de interpretar nuestro presente.

Naomi Klein llama “capitalismo del desastre” a los “ataques organizados contra las instituciones y bienes públicos, siempre después de acontecimientos de carácter catastrófico, declarándolos al mismo tiempo atractivas oportunidades de mercado” (5). Fue lo que ocurrió, en primer lugar, en el Chile bajo la dictadura de Pinochet, pero también en Nueva Orleans, Estados Unidos, después del huracán Katrina, en 2005; en Sri Lanka después de tsunami de 2004;en Irak luego de la invasión encabezada por el gobierno estadounidense, en 2003; en el mismo Estados Unidos luego del 11 de septiembre de 2001; en la China después de Tiananmen,en 1989; en la Rusia gobernada por Yeltsin, en 1993, y un largo etcétera. En cada uno de estos casos, expone Klein, los ataques fueron dirigidos por fervientes defensores de las políticas de ajuste neoliberal, que fueron posteriormente aplicadas de manera implacable.

Es exactamente lo que ocurre en Venezuela, con el agravante de que la situación de shock es inducida, en buena medida, por las elites locales y el imperialismo estadounidense, con el aporte decisivo de sus respectivas bases sociales de apoyo, fundamentalmente provenientes de las clases media y alta, de manera muy similar a lo que ya ocurrió en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, en 1970-1973. En ambos casos se trata de gobiernos democráticos, de orientación socialista, elegidos por el voto popular, que son sistemáticamente asediados, y sus respectivas economías asfixiadas, con el propósito de crear las condiciones para una salida de fuerza que les permita luego “neutralizar” a las clases populares favorables al cambio revolucionario.

Entre otras cosas, por eso resultan particularmente repudiables las recientes declaraciones de Alfonso Guerra, ex vicepresidente español, quien comparó al gobierno de Nicolás Maduro con la dictadura de Pinochet. Según Guerra, “Venezuela está sufriendo una dictadura, además incompetente, porque a veces las dictaduras liquidan la libertad de los pueblos pero al menos tienen eficacia en el terreno económico”. Más adelante remató: “Entre la dictadura de Pinochet, horrible, y la dictadura de Maduro, horrible, hay una diferencia: que en un sitio la economía no cayó y en otro sí ha caído” 

El actual “desastre” de la economía venezolana no es obra, como sentencia el documento de la Asamblea Nacional, del “socialismo del siglo XXI”, ni tampoco de la “incompetencia” del gobierno, sino fundamentalmente de la actuación de los poderes fácticos capitalistas globales y locales, a lo que se suman las dificultades políticas de la revolución bolivariana para dirimir el conflicto a favor de las mayorías populares. Venezuela padece hoy un verdadero “capitalismo del desastre”, casi de manual.

                                                               II.-
En el relato dominante, la situación en Venezuela ha sido traducida como “emergencia”, pero sobre todo como “crisis humanitaria”. Determinar las condiciones históricas que han hecho posible el uso de este concepto, y sus correspondientes efectos de poder, es todavía una tarea pendiente.

Un arqueo muy preliminar, tomando como referencia las noticias publicadas en “Voz de América”, órgano propagandístico del gobierno estadounidense, permite rastrear el uso del concepto en el año 2014. Curiosamente, aparece asociado al derecho a la libertad de expresión. En efecto, el 31 de marzo, en medio de la segunda oleada de violencia antichavista contra el gobierno de Nicolás Maduro, Rodrigo Diamanti, economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y presidente de la oenegé “Un mundo sin mordaza”, declaraba que “la crisis política en Venezuela, combinada con la crisis económica y social está generando una crisis humanitaria” . Contra toda evidencia, Diamanti afirmaba que el gobierno violaba el derecho a la manifestación pacífica y libraba una persecución en las redes sociales.

En todo el año 2014 solo volvió a emplearse el término en una nota relacionada con la situación hospitalaria. La vocería la asumió entonces José Manuel Olivares, “médico residente del hospital universitario de Caracas y especialista en radioterapia oncológica y medicina nuclear”, quien sostuvo que “el país actualmente atraviesa una crisis humanitaria” . “Voz de América” omitió informar que Olivares ya era para entonces militante del derechista partido Primero Justicia. De hecho, actualmente es diputado a la Asamblea Nacional, resultando electo en las parlamentarias de 2015 por el estado Vargas, al igual, por cierto, que el diputado Juan Guaidó.

Será en 2015 cuando el término se instale definitivamente en la agenda. El 24 de febrero es reseñado un informe del tanque de pensamiento “International Crisis Group” en el que advierte que Venezuela “podría enfrentar una crisis humanitaria si no se toman las medidas para resolver los problemas del país” . Un par de semanas después, el lunes 9 de marzo, la Administración Obama declara a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior” de Estados Unidos, e impone sanciones a siete funcionarios presuntamente incursos en violaciones de derechos humanos . En una nota fechada el 11 de marzo, una vez más José Manuel Olivares, ahora declarando en nombre de la oenegé “Médicos por la Salud”, sostuvo que el país afrontaba “una crisis humanitaria de salud” . Al día siguiente son reseñadas declaraciones del senador republicano Marco Rubio: “Mientras que las sanciones económicas individuales a los infractores de los derechos humanos, que fueron anunciadas a principios de esta semana, se han enfocado en la catástrofe que Nicolás Maduro y su régimen han infligido a los venezolanos, se debe hacer más y prestar más atención a esta crisis humanitaria y económica que amenaza la seguridad regional” . El mismo día, el secretario de Estado John Kerry “aseguró que si Venezuela detiene la ayuda petrolera que ofrece a los países de la región, podría desatarse una crisis humanitaria” .A partir de entonces, la vocería antichavista empleará el término con cada vez mayor frecuencia.

En 2016, ya bajo control de la oposición, la Asamblea Nacional se convertirá en caja de resonancia de este discurso: el 26 de enero declarará la “crisis humanitaria en la salud de Venezuela, en vista de la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y deterioro de la infraestructura sanitaria” , y el 11 de febrero declarará “crisis humanitaria e inexistencia de seguridad alimentaria de la población venezolana” . El 23 de enero, el equipo de Misión Verdad publicó un informe en el que aportaba algunos datos que permitían demostrar la falacia del “cartelizado discurso sobre la ‘falta de dólares’ como causa fundamental de la restricción de la oferta de medicamentos que producen oligopólicamente” algunas pocas transnacionales farmacéuticas establecidas en el país . El 15 de febrero, el periodista Víctor Hugo Majano advirtió: “Las declaratorias de emergencia, tanto alimentaria como farmacéutica, impulsadas desde la Asamblea Nacional tienen como propósito principal obligar al Gobierno a mantener el flujo de divisas destinadas a financiar las importaciones de la capa comercial de la gran burguesía y de las corporaciones transnacionales dedicadas a la comercialización de bienes de consumo masivo” .

Hecha esta relación parcial de los hechos, y a primera vista, considerando las condiciones históricas en que emerge este discurso, el tipo de vocería que lo emplea, los motivos que la inspiran, parece claro que cuando comienza a hablarse de “crisis humanitaria” en Venezuela se hace a la manera de una profecía autocumplida. Quienes hablan este lenguaje “humanitario”, más que advertir sobre lo que puede ocurrir, están anticipándose a una realidad con cuya materialización están comprometidos. Por otra parte, más que describir una situación, se plantea el problema de tal forma que única y exclusivamente el gobierno es “culpable”, y se propone de una vez la solución: la “intervención humanitaria”. Esto es clave entenderlo: no hay “crisis” sin “intervención”.

Otro efecto político es la progresiva degradación del lenguaje político: la “humanitarización” del discurso es la expresión más reciente de la deshumanización del chavismo, que es consustancial al antichavismo. Las “hordas” de los primeros años de la revolución bolivariana son el equivalente del chavismo cómplice y criminal de un “genocida” que, como Nicolás Maduro, además es “usurpador”, como era “ilegítimo” Hugo Chávez. La actual virulencia de los ataques contra el chavismo, al que se considera poco más que sujeto de legítimo exterminio, despreciable y ruin, no obedece a la “crisis humanitaria”, como pudiera pensarse: se trata de exactamente la misma virulencia de hace veinte años, atizada por la brutalidad con que hoy se expresa el “capitalismo del desastre” en Venezuela.

Esa “humanitarización” del discurso político es la espesa trama a partir de la cual se intenta legitimar el ataque artero de la Administración Trump contra PDVSA: se “justifica” porque, palabras más, palabras menos, tal y como declaraba John Bolton a Fox Business el pasado 24 de enero, estamos hablando de un gobierno “genocida” y “corrupto”.¿Dónde está la trampa? En que esta trama discursiva funciona como un pantano: cualquiera que la ponga en entredicho es porque o “no reconoce” o “justifica” la crisis o la corrupción. Así, los principales responsables de la “catástrofe” quedan exentos de toda responsabilidad.

                                                                    III.-
La “crisis humanitaria” es una oportunidad de negocios, como reconoció Bolton en la entrevista a Fox Business, y como también lo dejan ver los planes que se promueven entusiastamente desde la Asamblea Nacional.

El 19 de diciembre de 2018 fue presentado, a iniciativa de la Asamblea Nacional, el “Plan País, el día después”, que vendría a perfilar la hoja de ruta a seguir durante la “transición a la democracia”. De acuerdo a “Banca y Negocios”, el plan contempla: 

– “reactivar el aparato productivo […] accediendo al financiamiento de la banca multilateral”, léase Fondo Monetario Internacional;
– “desmontar el sistema de controles, regulaciones, trabas burocráticas y normas punitivas”;
– “inversiones internacionales en un marco regulatorio que genere confianza y protección efectiva a la propiedad privada”;
– “apertura a la inversión privada en la empresas públicas”;
– “aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos que […] permita al capital privado ser accionista mayoritario en proyectos petroleros”.
– “sector privado será el responsable […] de la operación de los activos de los servicios públicos”;
– “eficiencia del Estado para por reducir su tamaño”.

En materia social: “Se trata de abastecer y dar acceso continuo a bienes y servicios de primera necesidad, a dar una atención especializada a los sectores salud, educación y nutrición de los más vulnerables e incentivar empleos de calidad y protección del ingreso familiar” .

El 9 de enero de 2019 fue distribuido en la Asamblea Nacional el Anteproyecto de “Ley de Estatuto que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. En su artículo 21 puede leerse: “La Asamblea Nacional dictará las Leyes necesarias a (sic) atender la emergencia humanitaria compleja y promover el rescate de la economía venezolana, de conformidad con el Acuerdo del Plan País aprobado el 18 de diciembre de 2018”. 

De inmediato, pasa a enumerar los objetivos a cumplir: “rápida recuperación económica mediante la asistencia financiera internacional extraordinaria de organismos multilaterales” (numeral 1); “se abolirán los controles centralizados y medidas arbitrarias de expropiación y otras medidas similares, incluyendo el control de cambio. A estos fines, se sustituirá el modelo centralizado de controles de la economía por un modelo de libertad y de mercado basado en el derecho de cada venezolano a trabajar bajo las garantías de los derechos de propiedad y libertad de empresa” (numeral 2); “empresas públicas serán sometidas a un proceso de restructuración que asegure su gestión eficiente y transparente, incluso, mediante acuerdos público-privados” (numeral 3)” .

Como puede verse, tanto el “Plan País” como el Anteproyecto de la “Ley de Transición” está plagado de medidas de corte claramente neoliberal: desregulación, privatizaciones masivas (incluyendo PDVSA), reestructuración del Estado, etc. Y lo que se plantea como medidas en materia social que, dado que atravesamos por una “crisis humanitaria”, tendría que ser lo central de cualquier propuesta de “transición a la democracia”, no pasa de ser una muy modesta versión de las políticas impulsadas durante la revolución bolivariana.

Tal es la engañosa propuesta de los “capitalistas del desastre” en Venezuela: nos prometen volver al país de Chávez, que habría sido destruido por el “socialismo del siglo XXI”, pero aplicando las mismas políticas neoliberales de los años 80 y 90, contra las cuales ya se rebeló el pueblo venezolano.

Caracazo

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