por Jorge Elbaum
El martes 3 de julio la jueza de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ordenó
la captura del ex Presidente Rafael Correa bajo la acusación de ordenar
el secuestro de un delincuente ecuatoriano, Fernando Balda, dentro del
territorio de Colombia. Según la información oficial difundida
por la secretaria de comunicaciones del gobierno de Lenin Moreno, la
orden de detención será presentada a la brevedad a Interpol para
solicitar su detención en Bruselas, donde vive actualmente con su
familia el líder de la organización Revolución Ciudadana.
La visita de Pence es concordante,
además, con la liberalización de las importaciones que provocó una caída
del 21 por ciento del superávit comercial y el consecuente deterioro
del tejido productivo. Otra de las azarosas concurrencias es el anuncio
–notificado por Moreno— de limitar la denominada “ley de plusvalía” que
impedía la especulación económica y financiera sobre tierras en zonas
urbanas, para impedir que los pobres se vean obligados a abandonar el
centro de las ciudades.
También fue (aparentemente) azaroso el
anuncio sobre la potencial pérdida del status de asilado de Julian
Assange, el ciber-activista que se encuentra en la embajada ecuatoriana
en Londres, desde que Correa se lo concediera. El gobierno de Moreno
restringió hace meses –a pedido de Estados Unidos.— la comunicabilidad
de Assange para evitar que continúe con su política de democratizar la
información de los centros de poder internacional, desde el interior de
la delegación diplomática. Además, el último 5 de julio la cancillería
de Ecuador informó que “el señor Assange debe de llegar a un
entendimiento con las autoridades británicas. Ecuador es un
facilitador”. Indudablemente Mike Pence fue convincente. Antes de
abandonar Ecuador felicitó a Moreno por su compromiso en la lucha contra
la corrupción evidenciado en el encarcelamiento –con una pena de seis
años de cárcel— de su vicepresidente electo, Jorge Glas, quien se
encuentra actualmente detenido en la cárcel 4 de Quito, acusado de
recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. La causa contra Glas
se inició a partir de un informe provisto por el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos en el que se consignaban pagos por 33,6
millones de dólares, provenientes de la empresa brasileña, a las arcas
de funcionarios y empresarios entre 2007 y 2016.
La documentación enviada por Washington
arribó a los tribunales ecuatorianos pocos meses antes de la campaña
electoral de 2016. La difusión de esas denuncias benefició
electoralmente a la formula derechista de Guillermo Lasso y Andrés Páez,
quienes –a pesar de las ayudas del norte— no lograron derrotar a la
Alianza País, cuya fórmula la compartían Moreno y Glas. El
vicepresidente electo, fue uno de los funcionarios de mayor confianza de
Correa cuando el gobierno expulsó de territorio ecuatoriano a la
empresa brasileña Odebrecht, en 2008, por incumplimiento de las normas
en el contrato para la construcción de la represa hidroeléctrica de San
Francisco.
En diciembre de 2016, cuando los
documentos provenientes de Washington fueron conocidos en Quito, los
analistas internacionales se interrogaban sobre la obvia contradicción
que suponía recibir recompensas ilegales y al mismo tiempo expulsar a
quienes se suponía que eran los coimeros (por no cumplir contratos
públicos). La causa judicial por la que se ha pedido la captura
de Rafael Correa se inició a partir de la denuncia del abogado Fernando
Balda, que fue condenado en 2010 por injurias y calumnias contra un
funcionario cercano a Correa. El mismo Balda fue sentenciado tiempo
después a 12 meses de cárcel por atentar contra la seguridad del Estado. En ambos casos, para evadir la cárcel, huyó a Colombia, siendo un prófugo de la justicia ecuatoriana entre 2009 y 2010. Balda sufrió en 2012 un intento de secuestro
en Bogotá por el que culpó a integrantes de los servicios de
inteligencia ecuatorianos. Tres meses después, en octubre de 2012, Balda
fue deportado por Colombia hacia su país natal para dar cumplimiento a
las dos sentencias de prisión inconclusas por fuga.
En el marco de un evidente acuerdo
jurídico-político, los gobiernos de Colombia y Ecuador se complotaron
para endosarle el intento de secuestro de Balda a Correa,
partiendo de la sola declaración testimonial –sin más pruebas— de un
agente policial que se desempeñaba en la Dirección General de
Inteligencia de Ecuador (Raúl Chicaiza), que se encuentra detenido a disposición de la justicia de Quito. Correa ha rechazado los cargos, como una farsa en el marco de una operación de lawfare (utilización de la justicia como herramienta de persecución política, o guerra jurídica).
Ecuador, Brasil, Argentina
El neoliberalismo latinoamericano
ha operativizado un nuevo dispositivo orientado a perseguir a los
líderes sociales y/o políticos que se oponen al pensamiento único,
diseñado en los centros financieros internacionales, como aptos y
funcionales para la supervivencia de sus intereses estratégicos. La
judicialización de la política se viabiliza y desarrolla en los países
cuya cultura política no permite –en la actualidad— la ejecución
paramilitar de dichos activistas opositores, como sucede habitualmente
en Colombia, México u Honduras, donde semanalmente se asesina referentes
sociales. El lawfare existe –por lo tanto— donde no se puede, aún, desaparecer o asesinar. Es un recurso que suple el exterminio.
Las características de la
judicialización política represiva se asientan en una dictadura de los
jueces que se asumen a sí mismos como una supra-institución que no puede
ser evaluada por la sociedad civil ni rectificada por ninguno de los
otros poderes. Los socios estratégicos del lawfare son los
principales medios de comunicación (generalmente monopólicos, como el
Grupo Clarín en Argentina, la Red O ‘Globo en Brasil o Televisa en
México), crecientemente articulados con las redes sociales, cuya Big
Data es monitoreada por centrales de inteligencia, como queda en
evidencia con el escándalo Cambridge Analytica/Facebook. El objetivo es
la “desaparición” del enemigo político del neoliberalismo, que se
instrumenta –inicialmente— mediante la deslegitimación al interior de la
opinión pública, como paso previo a su judicialización.
El sambenito o comodín
lingüístico, asociado a la cruzada contra los dirigentes políticos (que
se atreven a enfrentarse a la lógica rentista y especulativa) es la
afamada corrupción. Pasan a ser corruptxs todxs aquellxs que
demandan la centralidad del Estado por sobre las trasnacionales, las
empresas o las corporaciones. Son pasibles de ser judicializados quienes
reivindican lo público por sobre lo mercantil y quienes establecen
política de desarrollo productivo como modelos sustitutos a las
aperturas comerciales, que tienden a destruir tejidos productivos
locales. Serán víctimas prioritarias del lawfare quienes
consideren que hay un territorio de lo político asociado a lo
valorativo, superior a la eficiencia y la lógica tecnocrática de los
expertos (formados habitualmente en microclimas favorables a intereses
transnacionales).
El lawfare es la superación de la imparcialidad jurídica. Es el estado de excepción al servicio de la lucha contra la centralidad del Estado y la política (equiparables ipso facto a corrupción) y la defensa del sentido común neoliberal,
auto percibido como una forma de naturalidad que los populistas
(progresistas, izquierdistas, justicialistas, keynesianos, etc.)
desafían. Para sus detractores –los dirigentes populares— no hay
presunción de inocencia porque los medios se encargan de instalar la
culpabilidad con insistencia diaria y sistemática. Eso permite
encarcelar preventivamente (incluso sin peligro de fuga) o instruir una
causa simplemente con la denuncia testimonial de cualquier ciudadano, e
imponer jueces ad hoc destruyendo todo protocolo de jurisdicción.
En Argentina, la dirigente social Milagro Sala permanece detenida hace tres años por una causa que juzga el lanzamiento de huevos al entonces diputado Morales, hoy gobernador de Jujuy. En ese gravísimo atentado, Sala no estuvo presente.
Sin embargo, para su detención fue vital el testimonio de un empleado
de Morales, quien indicó que Milagro alentó ese “lanzamiento de huevos”.
Julio De Vido –diputado nacional electo y ex ministro
de Cristina Kirchner— permanece detenido por promover mejores
condiciones de vida a los trabajadores de Rio Turbio y por supuestos
sobreprecios en la adquisición de gas licuado. En ambos casos las evidencias fueron sustentadas en peritajes reconocidos como incorrectos o fraudulentos (uno
de los peritos, David Cohen, fue procesado por aportar datos falsos
para incriminar a los funcionarios), a pesar de lo cual no le han
concedido aún la excarcelación.
Cristina Kirchner acumula tres causas estrafalarias:
una ligada al memorándum de entendimiento con Irán (votado en el
Congreso por más de dos centenas de legisladores de las dos Cámaras), la
muerte del fiscal Nisman (en la que se busca transformar –a costa de
violentar incluso las evidencias fácticas— un suicido en un homicidio) e
imputaciones (risibles) ligadas a la gestión de los hoteles familiares,
en el sur del país, que estaban a cargo de administradores autónomos. Carlos Zannini (ex Secretario Legal y Técnico) y Luis D’Elía (dirigente social) permanecieron 100 días en prisión preventiva por el primero de los delitos imputados a CFK. Fernando Esteche permanece encarcelado por esa misma causa, sin fecha de inicio del juicio oral y público.
En Brasil, Lula fue condenado a
13 años de prisión en el marco de una causa conocida como Lava Jato, en
la que se lo acusó de “corrupción pasiva” por la tenencia de un
“apartamento triplex en Guarujá”, cuya titularidad pertenece a otra
persona, lugar en el que nunca vivió ni habitó ningún día de su vida.
Para condenarlo, el juez de primera instancia Sergio Moro tuvo en cuenta
la evidencia de un mail y un testimonio y desechó a 73 testigos que
negaron la “ocupación del departamento por parte de Lula”. La
contracara de esta escena es que el máximo responsable del esquema de
corrupción al interior de América Latina –por coimas distribuidas por
valores superiores a los 300 millones de dólares—, Marcelo Odebrecht,
CEO de su empresa, permanece en arresto domiciliario desde el 17 de diciembre último gracias a delaciones premiadas brindadas a la justicia.
Tácticas de guerra
El lawfare tiene
particularidades en relación con la prisión preventiva. La mayoría de
las constituciones de América Latina la habilitan –en la etapa de
instrucción— tan solo cuando el acusado puede obstruir la investigación
de la causa de la que es imputado o si existe una posibilidad de fuga.
La supervivencia del neoliberalismo ha necesitado tergiversar esa
doctrina para encarcelar preventivamente como mensaje mediático
disciplinador (un ex vicepresidente en pijama y esposado pasa a expresar el éxtasis del lawfare comunicacional).
En todos los casos de las detenciones preventivas –incluso la causa por
la que está detenido Lula, dado que aún no hay sentencia firme, porque
está presentada la apelación— los jueces no han explicado los motivos
que justifican dichas detenciones en el marco de los potenciales peligros de fuga u obstrucciones de las investigaciones. Ergo: marche preso.
El concepto de lawfare fue
generado por el general estadounidense, asesor del Pentágono, Charles
Dunlap, quien lo definió como la táctica para utilizar la ley como
medio para lograr un objetivo militar. Se trata de transformar “códigos legales en balas”. El lawfare es menos letal, más económico, pero –en muchas oportunidades— más efectivo que acciones militares planificadas. Su
principio deviene de tratar de dar una apariencia de legalidad a la
excepcionalidad, a la persecución y al hostigamiento. Es ajeno al
sistema democrático porque lo sustituye. Elige quién no tiene que
participar en él y quién debe ser excluido. Promueve el descrédito
mediático a través de la utilización del tiempo jurídico: la condena no
es lo importante sino el trayecto; puede resultar inocente pero la
instrucción debe ocupar las primeras planas para deslegitimar una
carrera y –sobre todo— el vínculo del dirigente con los sectores
sociales más desfavorecidos, sobre el que hay que imponer el máximo de
inversión comunicacional mediática y de redes sociales.
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