"Brutal". No existe otra manera de
definir el aumento desproporcionado de los precios en Venezuela. En solo
un día, un producto puede subir un 100%, sin que exista una
justificación para tal incremento.
Un ejemplo basta. Hace un año, una taza
de café costaba 2.300 bolívares, ahora no baja de 45.000; es decir, se
ha incrementado 20 veces o un 2.000%, según el índice del café con
leche, publicado por Bloomberg, un medio que según cifras del Gobierno
venezolano, ha sido el que más noticias negativas sobre el país ha
publicado, recoge Aporrea.
El vicepresidente venezolano, Tarek El
Aissami, informó a mediados de enero, durante un encuentro con un grupo
de industriales, que 6.500 productos habían subido entre un 10% y un
10.900%, solo entre el 15 de diciembre y el 4 de enero. Tras esa
reunión, se estableció que debía retomarse el sistema de precios del
último mes de 2017, pero este acuerdo no ha sido cumplido por los
empresarios.
El año pasado cerró con un aumento de
sueldo mínimo por decreto presidencial. Así, durante 2017 se hicieron
seis incrementos: el salario integral pasó de 104.358 bolívares
mensuales a 797.510 bolívares. Sin embargo, estos ingresos también se
diluyen en los bolsillos, pues tras los anuncios, los precios pegan un
salto.
¿Por qué suben los precios?
El tema de la "guerra económica" en
Venezuela ha sido ampliamente estudiado por la economista e
investigadora Pascualina Curcio. En su publicación 'La mano visible del
mercado' analiza que desde el año 2002, cuando se llevó un golpe de
Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez, en el país
suramericano ha habido una "manipulación de la economía" por parte de
sectores que querían "hacerse del poder político".
En su opinión, esta acción sostenida se
ha intensificado durante los procesos electorales o de "conflicto
político" y ha sido posible porque la propiedad de las empresas y la
distribución de los productos se concentra en pocas manos.
A partir de 2013, con la presidencia
de Nicolás Maduro, se incrementó el desabastecimiento de los principales
bienes de consumo. Las razones que han esgrimido algunos empresarios es
que "se han visto en la obligación de no producir o disminuir su
producción" porque el Gobierno no les entrega los dólares para adquirir
materia prima o porque hay una "excesiva" intervención del Estado en el
control y regulación de precios, expone Curcio.
En su extenso trabajo investigativo
concluye que la causa del desabastecimiento se debe a una "alteración en
los mecanismos de distribución" y no a un descenso de la producción.
De acuerdo con cifras del Banco Central
de Venezuela (BCV), estudiadas por Curcio, ha habido un incremento del
442%, entre 2003 y 2013, de las divisas asignadas por el Estado para la
importación. En ese periodo se le entregaron 304.704 millones de
dólares a los empresarios.
¿Empresarios subsidiados?
El escritor venezolano Orlando Araujo,
en su libro Venezuela violenta, definió como "burguesía estéril" al
empresariado que dependía de las divisas que le proporcionaba el Estado,
producto de la renta petrolera, para producir.
En el texto, publicado en los años 60,
considerado como referencial para entender algunos aspectos del
funcionamiento de la economía petrolera venezolana, hace una radiografía
del sector industrial cuyos ingresos provienen de "la comisión del
intermediario que compra afuera y vende adentro".
De igual manera, el escritor venezolano
delínea la contradicción entre un sector empresarial que pide al Estado
que no limite su acceso a la riqueza pero que ejerce "constante presión
sobre el gobierno para lograr créditos y medidas en provecho suyo".
Sobre este mismo tema reflexiona el
economista y filósofo, Carlos Lazo, en una entrevista hecha por la
publicación 15 y último, quien recuerda que estas compañías tienen
niveles bajos de exportación y que son deficitarias en sus balanzas de
pago. "Exportan menos de lo que importan".
En días pasados el Gobierno venezolano
entregó créditos a empresas y supermercados para la compra de materia
prima y reposición de inventario, hecho que fue criticado en las redes
debido que entre los beneficiados se encontraba Alimentos Polar, empresa
propiedad de Lorenzo Mendoza, quien ha sido señalado por Maduro como un
especulador que "perjudica al país".
Alimentos Polar, como se explica en el
portal venezolano de investigación Misión Verdad, se vale de las divisas
preferenciales otorgadas por el Estado –que saca del país– para
procesar, empaquetar y comercializar sus productos, sin hacer
inversiones en el sector agrícola.
Caotización y especulación
El Observatorio de la Realidad Económica
(Ovre), que se dedica al análisis económico, político y social en
Venezuela, ha hecho un intenso estudio sobre la fijación de precios.
En entrevista, el economista miembro de
Ovre Ingerzon Freites refiere que existe una "caotización" del sistema
de fijación de precios, con altos niveles de especulación, "que viene
dada por las expectativas de los comerciantes de ganar más".
Actualmente cada dólar ilegal se ubica
en más de 200.000 bolívares. Este índice se usa para fijar el valor de
bienes y servicios, sin embargo, no siempre se toma como referencia
exacta. "Si hay una variación de 20% del dólar, el costo de reposición,
que ellos incluyen en su estructura de costos, es de 200 o 300%",
expone.
Sobre la escasez y desabastecimiento,
explica que los monopolios alimenticios han disminuido las cantidades de
lo que manufacturan para aumentar los precios, por eso los productos se
agotan rápidamente.
Según Freites, cuando se disminuyen las
cantidades y suben lo precios, "se liberan de grandes problemas": Hay
menos mano de obra, menos consumo de energía y esa baja de la producción
la compensan con el alto valor de sus productos.
Leche, azúcar y harina
¿Por qué son tan caros los productos
básicos como la leche, el azúcar y la harina de maíz, imprescindible
para hacer arepas, plato esencial del venezolano? La respuesta podría
ser sorprendente.
Supongamos que con dos kilos de maíz se
obtiene un kilo de harina precocida. Hasta ahí está bien, sin embargo,
en el valor final no se incluyen las ganancias por
otros subproductos obtenidos: alimento balanceado para animales, aceite o
cremas, entre otros. Así, se establece el precio final como si la
materia prima hubiera sido usada íntegramente en la elaboración del
polvo.
Otra distorsión ocurre cuando se anuncia
un aumento salarial. Si este es del 40%, los empresarios corren a subir
el precio base del litro de leche en ese porcentaje. ¿Y dónde está el
error? Suponiendo que producir una garrafa de leche cueste 100
bolívares, solo un 8% correspondería a la mano de obra, por lo que
tendría que aumentar a 104 bolívares y no a 150 o más, como ocurre.
Debido a que las bebidas gaseosas,
ubicadas entre los diez productos más consumidos en Venezuela, tienen
grandes ganancias, pueden permitirse pagar el precio más alto a la hora
de adquirir azúcar, en una suerte de subasta. Esto hace que su costo se
incremente para el resto del mercado.
Mayor control, menor precio
Todos los caminos apuntan al mismo lugar: mayor control gubernamental sobre el empresariado y sus estructuras de costos.
El opinión de Freites, aplicándose una
serie de medidas regulatorias con el uso de nuevas tecnologías, el
problema podría comenzar a solucionarse en un semestre.
El observatorio propone, entre una lista de quince pasos, su solución del problema. Aquí presentamos algunos:
Creación del Sistema Automatizado de
Captura de Costos, que aproveche las nuevas tecnologías, como la 'Big
Data' y el 'Blockchain', para tener un control de las ganancias.
La aplicación de la contabilidad
regulatoria para la supervisión de costos, que permita mayor
transparencia y eficacia en la recaudación.
Creación de aplicaciones tecnológicas y
comunicacionales para la supervisión y administración de los precios por
los propios usuarios.
Creación del impuesto al precio (cuanto más alto sea el precio, más debe pagar el empresario o comerciante).
¿Qué ha hecho el Gobierno?
El 8 de septiembre, el presidente Maduro
presentó ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) un conjunto
de ocho leyes para "afrontar y resolver" temas como la inflación
inducida a través del tipo de cambio de divisas en el mercado ilegal, el
acaparamiento de productos, los precios especulativos, el contrabando
de extracción y el entorpecimiento de la distribución y comercialización
de los bienes de primera necesidad.
Entre esos mecanismos, ya se han aprobado:
Ley del programa social de distribución
de alimentos a bajos precios, como los Comités Locales de Abastecimiento
y Producción (CLAP).
Ley de Precios Acordados, a la que
Maduro llamó a "ejecutar ampliamente" y "crear condiciones para su
cumplimiento" ante la negativa de los comerciantes a aplicarla.
Ley de Creación del Consorcio Alimentario (Agrosur), que propone establecer "una gran corporación agroalimentaria.
Ley Constitucional sobre la Unidad Tributaria Sancionatoria.
Ley de Régimen Tributario Especial sobre el Desarrollo del Arco Minero.
Ley de Inversiones Extranjeras Productivas.
Ley de Precios Justos, vigente desde
2014, que será reformada en los próximos días debido a que, entre otras
cosas, contemplaba un 30% de ganancia máxima, lo que generó distorsiones
y especulación.
Constituyente y guerra económica
Seis meses después de instalada la
Constituyente se aprobó la Ley de Precios Acordados. Sin embargo, el
valor de los productos había iniciado una veloz escalada
como represalia contra quienes votaron el 30 de julio de octubre por los
545 miembros del poder plenipotenciario.
Los aumentos no cesaron y se
radicalizaron en los siguientes procesos electorales, celebrados el 15
de octubre y 10 de diciembre. Si se pone como ejemplo la taza de café,
de octubre a noviembre pasó de 4.500 bolívares a 8.000, y en los
primeros días del último mes del año, saltó de 10.000 a 20.000 bolívares
sin explicación aparente.
El 15 de octubre el exmiembro de la
directiva de la ANC Isaías Rodríguez publicó un artículo en el
diario Últimas Noticias donde afirmaba que "los precios se habían
disparado sin control" y que el Gobierno y la Constituyente debían darle
respuestas oportunas al pueblo.
Frente a este escrito, el constituyente
Pedro Carreño expresó en una entrevista hecha por VTV que la "derecha
internacional" sabía que las variables no eran controladas por el
Gobierno, que la "solución al problema no la tenemos" y que las acciones
gubernamentales eran para "atenuar" la situación "mientras se articulan
otras estrategias".
En su mensaje anual a la nación ante la
ANC, Maduro llamó a los constituyentes, junto a su Gobierno, a luchar
contra la guerra económica. "Vamos a tener al costo que sea necesario
una victoria económica frente a la guerra de precios, pido todo el apoyo
del pueblo", manifestó.
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