Libia, ¿Estado seguro?

Por: Ruth Ferrero-Turrión

En un momento de cambio de ciclo político en las instituciones de la UE, se hace imprescindible decidir cómo continuar construyendo y sobre qué valores

 Cuando el 23 de agosto de 2016 la Unión Europea firmó con Libia un Memorándum de Entendimiento a través del cual se comprometía a formar a los guardacostas libios para impedir las salidas de cientos de miles de personas hacia Europa, se firmaba también la renuncia a varios de los valores sobre los que se sustenta el proyecto europeo. La defensa de los derechos humanos es, sin duda, el que los abarca a todos. 

Junto con esa renuncia a sus valores fundacionales, la UE continuaba la senda de la externalización fronteriza ya en marcha en lugares como Marruecos o, más recientemente, Turquía. El reconocimiento de países como Estados seguros los convierte de manera automática en parte de la arquitectura de seguridad sobre la que se lleva construyendo la política migratoria europea desde 1999. La Unión Europea sólo permite la repatriación de personas que hayan entrado de manera irregular en su territorio hacia aquellos países considerados seguros.  Es decir, aquellos donde las personas no vean amenazados sus derechos fundamentales, el derecho a la vida incluido. 

Hablar de Libia como Estado seguro parece que es incurrir en una doble falacia. En primer lugar, deberíamos preguntarnos si Libia es realmente un Estado.

 El Fund for Peace determina cuáles serían las características de dichos Estados que incluirían la pérdida del control del territorio y, por tanto, el monopolio de la fuerza en términos weberianos; la erosión de la autoridad legítima en el proceso de toma de decisiones; incapacidad de proveer de servicios básicos a los ciudadanos así como para interactuar con otros Estados. En segundo lugar, si seguimos al pie de la letra lo establecido por los Convenios de Ginebra y el Derecho Comunitario aplicable, un país sólo será seguro si consta de un régimen democrático donde no tienen lugar persecuciones, torturas o trato degradante o punitivo, amenaza de violencia y dónde no hay un conflicto armado. 

Veamos si la calificación y tratamiento de Libia como Estado seguro tiene alguna razón de ser. Parece que desde la caída del régimen dictatorial de Gadafi allá por el año 2011, el proceso de desintegración del territorio se ha ido acentuando. Tres facciones disputan el poder y controlan, a su vez, distintas partes del país. Por tanto, no existe un gobierno estable que sea capaz de cumplir con los criterios señalados de control del territorio, toma de decisiones, provisión de servicios y, muy importante, interlocución con otros actores internacionales. Sin embargo, la UE negocia con una de las facciones enfrentadas, el Consejo Nacional de Transición, y es al único que reconoce, aún sin cumplir con ninguno de los puntos consignados. Por tanto, a pesar de tratarse a todas luces de un estado fallido, se continúa interlocutando con él.

En cuanto a la seguridad del país, debemos creer los datos proporcionados por la propia UE que, en 2018, ya hablaba de más de 1,3 millones de personas en situación de vulnerabilidad, o de los informes de la Organización Mundial de Migraciones donde, allá por el año 2017, se alertaba sobre la venta de refugiados y migrantes como esclavos en territorio libio, con precios que oscilaban entre los 200 y los 500 euros por persona. No parece que aquí tampoco se cumplan los criterios para que ninguno de los Estados miembros de la UE pueda considerar Libia como un país seguro. Si esto era así antes del recrudecimiento del conflicto hace pocos meses, es importante conocer los motivos por los que los Estados europeos continúan con la misma actitud hacia Libia.

Las personas migrantes y refugiadas se encuentran atrapadas entre varios fuegos, o mueren en los escarceos militares, o son vendidos como esclavos o se hipotecan de por vida con los traficantes de personas

Para poder intentar comprender la posición política de los gobiernos europeos es imprescindible conocer la importancia que la estabilidad de Libia tiene para sus vecinos mediterráneos. En primer lugar, es uno de los principales países de tránsito de la migración procedente de los países del Sahel. Por tanto, la estabilidad y la interlocución con sus autoridades son esenciales para poder frenar el flujo constante de personas. En estos momentos es crucial para los países europeos del sur hacer ver cómo sus esfuerzos para construir con buen término la Europa fortaleza se tornan realidad. En segundo lugar, Libia tiene una gran riqueza energética codiciada por los países europeos y por la que se mantenían acuerdos comerciales y políticos con dictadores como Gadafi. 

No parecen estos argumentos de peso para justificar la manera en la que se está actuando en relación con Libia. La intensificación del conflicto, el incremento de los bombardeos sobre la población no hace sino agravar la situación de aquellos que ya se encontraban en emergencia humanitaria. Las personas migrantes y refugiadas se encuentran atrapadas entre varios fuegos, o mueren en los escarceos militares, o son vendidos como esclavos o se hipotecan de por vida con los traficantes de personas, que continúan incrementando su negocio ante la impasividad de Europa, el oasis de los derechos humanos. 

En un momento de cambio de ciclo político en las instituciones de la UE, se hace imprescindible decidir cómo continuar construyendo y sobre qué valores. Combatiendo a la economía política de los traficantes de personas, abriendo vías legales de acceso a las personas migrantes, concediendo visados humanitarios en origen o reforzando las fronteras exteriores y externalizando el control donde la jurisdicción europea no alcance, obviando las vulneraciones de derechos. Demasiado poco se ha hablado de este tema a lo largo de toda la campaña. Libia es el paradigma de la Europa que tenemos.