Por Aitor Molina
América Latina es la región más peligrosa del mundo para defender el planeta, con más de 1.500 activistas asesinados desde 2002
Aitor Molina
Protesta Patagonia Sin Represas en Valparaíso, Chile.
La lucha por defender el medioambiente se libra en todo el planeta y
trasciende todas las fronteras. Sin embargo, hay partes del mundo donde
esa defensa se aleja de la retórica de los discursos y se presenta como
una batalla en el terreno que acostumbra a tener consecuencias
fatídicas.
Antonio Esteban Cruz, Manuel Gaspar Rodríguez, Macarena Valdés, Chico
Mendes, Ruth Alicia López, Sônia Vicente Cacauy y un largo y doloroso
etcétera. Todos ellos, al igual que Greta, lideraron protestas para
defender el medioambiente; sólo que en su caso, sus voces fueron
silenciadas mucho antes de poder hacerse famosos mundialmente.
Estos casos son sólo una pequeña representación de los cerca de 1.500
activistas ambientales asesinados en América Latina desde 2002, año en
la que la ONG Global Witness comenzó a documentar las muertes de
defensores ambientales a nivel mundial.
“La Negra no se colgó”.
–Mari, Mari– Rubén saluda en mapudungún (lengua de la
tierra) a un vecino que pasa por delante de su casa en la comunidad
mapuche de Newen de Tranguil, en la Región de los Ríos (Chile). Vive
rodeado de coigües, peuhenes y otros árboles nativos pobladores de este
territorio que se extiende entre la Selva Valdiviana y la Cordillera de
los Andes, sorteando lagos y volcanes.
Cuando Rubén Collío y su pareja cambiaron el asfalto de la capital
por el verde de la montaña, esperaban poder criar a sus cuatro hijos en
un entorno natural único, lejos del estrés y la trivialidad de la
ciudad. Sin embargo, todo cambió cuando, el 22 de agosto de 2016, Rubén
se encontró el cuerpo de su compañera de vida, Macarena Valdés,
suspendido en las vigas de su casa frente a un plato de comida caliente y
la mirada ausente de su hijo de un año de edad.
En 2016, algunos habitantes de la comunidad acudieron a la casa de
Rubén Collío y Macarena Valdés para que les ayudaran a organizar la
protesta contra la instalación irregular de una hidroeléctrica por parte
de la multinacional RT Global, ya que “ellos tenían estudios” y podían
gestionar mejor la situación.
Veinte días después de la primera protesta se organizó una reunión
entre los activistas y algunos mandos de la empresa austríaca. Según nos
cuenta Collío, fue durante esa reunión cuando recibieron las primeras
amenazas y, al día siguiente, el cuerpo de Macarena Valdés apareció
colgado en su domicilio.
El médico forense de la primera autopsia determinó que se trataba de
un caso de suicidio. Sin embargo, se negó a entregar las fotografías del
cuerpo a la Policía de Investigaciones de Chile. Posteriormente, las
autoridades intentaron cerrar la investigación hasta en dos ocasiones
pero Rubén y la comunidad insistieron en continuar con la investigación
aportando nuevas pruebas.
Finalmente, en contra de las propias tradiciones mapuches pero con un
objetivo bien claro, el cuerpo de Macarena Valdés fue exhumado y
sometido a una nueva autopsia por parte de la forense Carmen Cerda,
quien mediante un examen de laboratorio determinó que las células del
tejido del cuello no presentaban signos de vitalidad en el momento del
ahorcamiento. Hoy en día, el caso sigue abierto gracias a los nuevos
indicios aportados a la investigación.
Protesta en la Paz, Bolivia.
Macarena Valdés cumplía con tres rasgos que actualmente son sinónimo
de fatalidad y, en el peor de los casos, de muerte prematura: era mujer,
era activista indígena y era latinoamericana.
Latinoamérica, el peor lugar para defender el planeta
Desde 2002, la ONG Global Witness documenta a través de un informe
anual las muertes de activistas ambientales en todo el mundo. El último
informe presentado en julio del año pasado revela que 2017 fue el año
más mortífero en cuanto a asesinatos de defensores ambientales con 207
muertes, de las cuales un 60% tuvieron lugar en la región
latinoamericana.
George Boden, Jefe de Campañas de Global Witness, nos confirmó que
aún no tienen datos de los activistas asesinados durante 2018, ya que la
organización está trabajando en el siguiente informe que verá la luz el
próximo julio. Aun así, todo hace pensar que la situación está lejos de
mejorar.
Por primera vez en la historia, los defensores que luchan contra la
agricultura a gran escala o agroindustria fueron los más golpeados por
la violencia, con un total de 46 personas asesinadas por oponerse a
proyectos de este tipo.
Los pequeños agricultores se enfrentan diariamente a diferentes
industrias alimentarias que monopolizan la utilización de los recursos
naturales e invaden zonas protegidas. Un ejemplo de esta problemática la
encontramos en las plantaciones de aguacate, un alimento muy consumido
en los países occidentales y que necesita aproximadamente 650 litros de
agua por cada pieza extraída.
El informe anual de Global Witness llamado “¿A qué precio?” también
destaca el aumento de las masacres hacia defensores de los derechos
ambientales. Los asesinatos múltiples se dan cuando en un mismo ataque
se mata a más de 4 activistas y, desgraciadamente, este fenómeno se está
incrementando año tras año. Por ejemplo, en 2017 se llevaron a cabo
siete ataques de este tipo, dando como resultado un total de 48 personas
asesinadas.
El país donde ocurrieron más matanzas de este tipo fue Brasil, que a
su vez también es el país donde más ecologistas murieron asesinados, con
una cifra total de 57 casos documentados. La situación está totalmente
descontrolada en el gran pulmón verde del Amazonas, donde los llamados
“ruralistas”, con el apoyo del gobierno brasileño, se están apoderando
de grandes extensiones de tierras y están expulsando a los pequeños
agricultores.
“En México está habiendo más asesinatos de activistas que nunca”.
La defensora de los derechos humanos en Amnistía Internacional de
México, Garance Tardieu y la Coordinadora de Análisis e Incidencia de
dicha organización, Edith Olivares, también se muestran pesimistas con
la situación de los activistas medioambientales en México.
El gobierno de López Obrador ha iniciado una campaña de desprestigio
hacia las asociaciones y organizaciones consolidadas que defienden los
derechos humanos en el país, considerándolas conservadoras y obsoletas.
De hecho, el reciente presidente electo ya ha retirado todas las ayudas
del gobierno a organizaciones sociales, incluidas las que luchan contra
la violencia de género o a favor de los derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil consideran que esta
monopolización de los derechos humanos por parte del estado “favorece la
desprotección de los activistas”, ya que en muchas ocasiones son las
propias autoridades las que ejercen la violencia contra los defensores
del medioambiente.
Recordemos que México es uno de los países más mortíferos del mundo
para los defensores de los derechos ambientales. Según el informe anual
publicado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en 2018
murieron asesinados 21 activistas ecologistas y se registraron 49 nuevos
ataques de todo tipo.
La “criminalización”, la mejor arma de presión
Todos los informes y estudios sobre la situación de los defensores de
los derechos ambientales señalan la criminalización como el medio de
presión más utilizado por parte de los gobiernos.
Para los que no están familiarizados con este término, la
criminalización es el uso indebido del código penal por parte del Estado
para reprimir las diferentes protestas ecologistas. Según el estudio
del CEMDA citado anteriormente, en 2018 se registraron 95 casos de
criminalización en el país azteca.
Esta estrategia es especialmente peligrosa para las mujeres
activistas, puesto que “si son encarceladas, sus familias a menudo las
aíslan, afectando directamente a su vulnerabilidad financiera y social”.
También las comunidades indígenas son víctimas directas de la
criminalización, lo que provoca el incremento los índices de racismo y
xenofobia en la sociedad. No hay que olvidar que además de la defensa de
la tierra y los recursos naturales, los pueblos indígenas luchan por el
derecho a la autodeterminación en los diferentes estados de la región.
Protesta en Buenos Aires, Argentina contra la desaparición de Santiago Maldonado.
Otro de los métodos más eficaces que utilizan las autoridades contra
los activistas medioambientales son los llamados “grupos de choque”.
Estos grupos se dedican a difundir acusaciones y rumores falsos sobre
los líderes de diferentes movimientos con el fin de dinamitar su
prestigio y su reputación.
Según nos señalan desde Amnistía Internacional, esta estrategia se
utiliza desde los años 60 y es especialmente útil en localidades
pequeñas, donde el acceso a la información es más difícil y la población
está más expuesta a las fake news.
La acción de los gobiernos
Ante este problema, una de las acciones más importantes que se llevó a
cabo a nivel internacional fue la firma del Acuerdo de Escazú por parte
de 16 países de América Latina y el Caribe, donde los diferentes
gobiernos se comprometieron a proteger a los activistas
medioambientales.
Dentro de estas acciones institucionales, el Gobierno mexicano
instauró el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, con el que se pretende ofrecer
protección a periodistas y defensores de los derechos humanos frente a
posibles ataques.
No obstante, las organizaciones de la sociedad civil nos indican que
este programa no está teniendo el éxito esperado para combatir esta ola
de violencia.
En primer lugar, Edith Olivares, cree que “estas medidas están
diseñadas pensando que quien te agrede no es el Estado, sino que te
protegen de un tercero”, lo que puede resultar muy paradójico, ya que el
mismo estudio del CEMDA señala al Estado como principal agresor en 19
casos de ataques a activistas, lo que representa el 36% de las
agresiones totales.
Un ejemplo claro de la ineficacia de este programa es el asesinato de
Julián Carrillo, un líder rarámuri que se oponía a la tala ilegal de
árboles en la Sierra de Tarahumara y que decidió acogerse a este
mecanismo de protección.
A este activista, a quien le habían asesinado a cuatro miembros de su
familia en apenas dos años (entre ellos su hijo), se le proporcionó un
teléfono móvil satélite y un botón de emergencia. En el momento de su
asesinato ninguno de los dos dispositivos funcionó.
Por otro lado, el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, que
lleva el nombre de un activista medioambiental asesinado en 2014, nos
informó de que había solicitado medidas urgentes al presidente por los
asesinatos a manos de grupos paramilitares de Noé Jiménez Pablo y José
Santiago Gómez Álvarez en el Estado de Puebla, que también estaban
acogidos al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos.
La concepción indígena de la tierra
Macarena Valdés, Julián Carrillo, Samir Flores, entre muchos otros
activistas asesinados, tenían algo en común, y es que todos ellos
formaban parte de comunidades indígenas.
La tradición mapuche (en mapudungún “gente de la tierra”) cuenta que
en la antigüedad existía una serpiente que dominaba el mar (Kaykay) y
otra que dominaba la tierra (Trengtreng). Cuando Kaykay, en un acto de
furia, inundó todo el continente terrestre, cuatro sacerdotes invocaron a
Trengtreng para que les protegiera.
A medida que la serpiente marina devastaba con el agua todo lo que se
ponía por delante, la serpiente terrestre erigió altas montañas para
que los habitantes pudieran refugiarse en ellas. Es en ese momento
cuando los mapuches se comprometieron con Trengtreng a cuidar la tierra
hasta las últimas consecuencias.
Mapuches, Guaraníes, Nahualtes, Mixtecos, Wayuus... Todos los pueblos
indígenas que existen a lo largo del territorio latinoamericano
coinciden en una concepción ancestral de la tierra; la consideran
creadora de vida y están dispuestos a todo por protegerla.
Por eso, el movimiento ecologista en este continente es completamente
diferente al que podemos encontrar en Europa o en Estados Unidos. La
defensa del medioambiente la realizan día a día en su propia comunidad,
enfrentándose con todos los recursos disponibles a la agricultura a gran
escala, la tala de árboles o la instalación de centrales
hidroeléctricas, a menudo con fuertes mecanismos de resistencia o de
desobediencia civil.
Problema global
No hay que olvidar que todos estos crímenes contra defensores de los
derechos humanos y del medioambiente no sólo son ejecutados por
gobiernos u organizaciones de latinoamérica. De hecho, la mayoría de
empresas que instalan sus proyectos en esta región provienen de Europa y
Estados Unidos, lo que hace que muchos de los responsables directos o
indirectos de estas atrocidades se encuentren al otro lado del océano.
En ese sentido, algunos empresarios españoles también son responsable
del asesinato de activistas ambientales. Una muestra de ello son las
protestas que tuvieron lugar en la embajada de México en España por el
asesinato de Samir Flores.
Samir Flores, un activista indígena náhuatl y líder ambiental, se
oponía firmemente al Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye la
construcción de dos centrales termoeléctricas. La adjudicataria de estas
dos centrales es la conocida empresa española Abengoa, mientras que
otras dos empresas de nuestro país, Elecnor y Enagas, tienen previsto
construir un gasoducto que pasa por más de 60 comunidades contrarias a
la instalación.
El pasado 20 de febrero, después de enfrentar unas críticas feroces
por parte del mismísimo presidente de la nación, varios sujetos
asesinaron a Samir en la puerta de su casa. Al principio, la Fiscalía
determinó que su muerte no tenía nada que ver con su activismo, aunque
una semana después reconoció que se había perdido una prueba
determinante para la investigación.
La impunidad sistemática
Una de las causas principales por las que esta problemática va en
aumento y no cesa en su barbarie es que las autoridades no están por la
labor de detener y castigar a los asesinos de estas personas.
Para hacernos una idea de la impunidad que reina ante estos crímenes,
el Relator de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de
Derechos Humanos, Michel Forst, señaló en un informe sobre su visita a
México que el 98% de estos delitos de este tipo quedaban sin resolver.
Por otro lado, la ONG Global Witness destaca que “una cultura
generalizada de impunidad ha dificultado la identificación de los
responsables de los homicidios y envía una señal a los posibles
perpetradores de que no tendrán que pagar por sus crímenes”.
Esta impunidad sistemática e institucionalizada tiene como objetivo
generar un clima de miedo e inseguridad a los líderes ambientales para
que cesen en sus protestas. Aun así, la siguiente reflexión de Rubén
Collío nos confirma que dicha estrategia tiene sus carencias y que el
compromiso de estas personas con la tierra que habitan va más allá de la
muerte material:
“Nosotros no les tenemos miedo. ¿Miedo a qué? ¿A que me maten? Todos
nos vamos a morir. Lo importante es cómo vives. Nosotros sabemos vivir.
'La Negra' sabía vivir. Conocimos el amor, conocimos la belleza,
conocimos la alegría y conozco la tristeza profunda también. Entonces
¿Qué me van a quitar? ¡Si yo ya he vivido po'! Hay gente que en
toda su vida no conoce la felicidad, no se ríe desde el alma, no se
asombra con las pequeñas maravillas diarias, no entienden la maravilla
que es que venga un pajarito a asomarse a la ventana”.
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