El modelo
económico imperante en Venezuela es el capitalismo, así lo diagnosticó
el Comandante Hugo Chávez en la presentación del Plan de la Patria del
año 2012, con claridad y contundencia:
“No nos
llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en
Venezuela es de carácter capitalista y rentista”.
La clase trabajadora tiene derecho a la protesta legal y pacífica frente a la agudización del conflicto de clases.
La
imposición de mecanismos económicos salvajes ha sido el accionar para,
en medio del conflicto político, seguir incrementando el
enriquecimiento, la mayor de las veces ilícito, por parte de muchos de
los tradicionales y de los emergentes burgueses.
Este
conflicto latente no se resuelve cancelando la discusión sobre el tema,
en tanto que no solo es un debate ideológico. La agudización de las
contradicciones sociales que va generando la imposición de esa perversa
dinámica en nuestra economía son una dura realidad para la inmensa
mayoría de la población. Contradicciones frente a las cuales, el pueblo
trabajador tiene derecho a defenderse con los mecanismos legales y de
protesta pacífica previstos en nuestra Constitución Bolivariana de 1999 y
en la Ley del Trabajo del año 2012.
Me motiva a
escribir sobre este tema, la cantidad de denuncias que recibo de
trabajadores y trabajadoras de empresas privadas, incluso algunas de
estas intervenidas temporalmente por el Gobierno, así como de empresas e
instituciones públicas. Las denuncias evidencian como se está
expresando el conflicto de clases al interior de algunas industrias: disminución
sin justificación de la producción o acaparamiento de la misma; formas
ilegales de distribución; violación de derechos esenciales; acoso
laboral y político por parte de organismos de seguridad del Estado en
connivencia con la patronal e indefensión por la omisión del sistema de
protección laboral, o por el desacato a las decisiones de estos.
Al respecto
quiero dejar claro que hoy más que nunca se requiere de la disciplina
laboral consciente y legal, en todos los sectores de la producción. La
clase trabajadora venezolana está obligada a realizar una profunda
revisión crítica de su papel en el necesario incremento de la producción
de bienes y servicios. Sin
embargo, reconocer los errores cometidos por los trabajadores y
trabajadoras no implica que se justifique la violación de derechos
laborales y menos la represión ilegal frente al justo reclamo.
Los derechos
laborales están plenamente vigentes y los mecanismos de resolución de
los conflictos individuales y colectivos de trabajo también. La
dirigencia sindical revolucionaria y los órganos del Estado competentes
deben atender, acompañar y responder con valentía a la justa demanda de
los trabajadores.
En
conclusión, en tanto que el modelo económico hegemónico en Venezuela es
el capitalismo, como bien lo identificaba el Comandante Chávez en el año
2012, el Estado está obligado a cumplir su papel de regulación del
conflicto Capital-Trabajo y en caso de no cumplirlo los trabajadores y
trabajadoras tienen derecho a la denuncia y a la activación de los
mecanismos legales de protesta previstos en la legislación.
El Estado
tiene que cumplir su papel a través de los órganos competentes en
materia laboral, en primera instancia a través de las inspectorías del
trabajo. Los funcionarios de seguridad del Estado que cumplen funciones
temporales en las empresas intervenidas por el Gobierno, no tienen
competencia alguna para actuar en materia laboral y mucho menos de
manera coercitiva a favor de los patrones.
En una
Revolución nada justifica la criminalización de la masa trabajadora. La
lucha del pueblo trabajador por sus justos derechos frente al capital y a
la burocracia autoritaria fortalece al proceso revolucionario. Como lo
expresó muchas veces el Comandante Chávez. “El pueblo tiene derecho a
interpelar, a demandar, a criticar, a protestar, sin abandonar la
Revolución”.
Hoy más que nunca cantamos con fuerza, con Alí Primera: “Aunque diga groserías, el pueblo tiene derechos”.
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