Por George Ciccariello-Maher
El asalto al poder de Guaidó es descaradamente anticonstitucional
Así que llámenlo como quieran: intento de cambio de régimen, golpe de
Estado, golpe “suave” –el ejército no lo ha apoyado–, pero no lo llamen
constitucional. La estrategia de la oposición se basa en el artículo
233 de la Constitución, que otorga a la Asamblea Nacional el poder de
declarar el “abandono” del cargo por parte de un presidente. Por
supuesto, lo bueno es que Maduro no ha hecho nada parecido, y solo el
Tribunal Supremo puede descalificar a un presidente en ejercicio. A
pesar de los gritos de dictadura, la oposición ganó las últimas
elecciones que impugnaron, asumiendo el control de la Asamblea a finales
de 2015 y utilizando su plataforma para intentar derrocar a Maduro.
Cuando la Asamblea insistió en que tomaran posesión diputados
acusados de fraude electoral, el Tribunal Supremo declaró a la
Asamblea en desacato, y desde entonces asistimos a un enfrentamiento
entre este poder y el judicial. Para romper ese bloqueo, Maduro convocó
elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente, como lo autoriza
el artículo 348 de la Constitución. La oposición boicoteó esas
elecciones argumentando condiciones electorales injustas, y, de esta
manera, entregó la victoria al chavismo. Cuando Maduro fue reelegido el
año pasado, la mayor parte de la oposición nuevamente se negó a
participar.
A pesar del acto descaradamente inconstitucional de Guaidó, los
gobiernos de derechas de toda América Latina y más allá lo han
reconocido como el líder legítimo de Venezuela. En un video publicado la
semana pasada, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, en un terrible
español, expresó de manera preventiva el apoyo del régimen de Trump a
las fuerzas de oposición de Venezuela, instándolas a actuar. Esto no es
algo nuevo: Trump no ha ocultado su hostilidad hacia Maduro, y se ha
reunido, como ha quedado demostrado, con oficiales venezolanos
desleales.
Si todo esto resulta familiar es porque lo hemos visto antes: la
oposición venezolana no es ajena a los golpes de Estado, como ocurrió
con el breve derrocamiento de Hugo Chávez respaldado por Estados Unidos
en 2002, o la violencia política que se lleva desatando en las calles
desde 2013. Y tampoco comenzó con Trump: como secretaria de Estado,
Hillary Clinton apoyó un golpe en Honduras en 2009 que desató el terror y
ayudó a provocar un éxodo de migrantes. Desde entonces, Estados Unidos
ha supervisado el giro a la derecha en todo el hemisferio, ya sea por
medio de elecciones en Argentina, Guatemala y Chile, o los llamados
golpes de Estado “blandos” en Paraguay y Brasil. Este último allanó el
camino para la reciente elección de Jair Bolsonaro, un admirador confeso
de la sangrienta dictadura militar de Brasil que celebró el intento de
golpe de Estado de Guaidó en nombre de la democracia.
Está claro que Trump se preocupa tanto por los venezolanos normales y
corrientes como por las familias migrantes en la frontera: su régimen
de sanciones ha puesto a la economía venezolana en caída libre y ha
causado sufrimiento en los más pobres. Pero mientras que los demócratas
del establishment hiperventilan por la intromisión rusa en las
elecciones estadounidenses, es improbable que se pronuncien sobre este
intento de cambio de régimen, mucho más directo y peligroso.
En los próximos días, el enfrentamiento diplomático será decisivo. En
respuesta a la intromisión abierta de Trump y Pence, Maduro ha roto
relaciones con Estados Unidos y ha expulsado a los diplomáticos
estadounidenses. Sin embargo, Trump se ha negado a reconocer la
autoridad de Maduro para hacerlo, y aunque sería comprensible que
Venezuela detuviera al personal diplomático en respuesta, esto le daría a
Trump el pretexto que necesita para una “opción militar” con la que ha
amenazado en el pasado. Entre los venezolanos, el respaldo de Trump a
Guaidó puede reportarle más mal que bien, al dejar perfectamente claro
que él es el candidato del imperio.
De momento, y a medida que se agrava el enfrentamiento, las cosas
sola van a empeorar para quienes resultan siempre más afectados: los
venezolanos más pobres; aquellos que, si bien están muy frustrados con
su gobierno, no es probable que cambien su democracia duramente ganada
por un golpe de Estado inconstitucional.
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