Mientras
realizan denodados esfuerzos por desconocer un proceso electoral
celebrado en Venezuela, con participación de más de 9 millones de
votantes, los países del Grupo de Lima, con la complicidad de la
Organización de Estados Americanos, barren bajo la alfombra sus propias
ruindades en materia de derechos humanos.
Más de cien dirigentes asesinados en México
Uno de los casos más desvergonzados es
el de México. Según las últimas cifras, desde que comenzó la campaña
para las elecciones que se realizarán el 1 de julio, han sido asesinados
107 dirigentes políticos, incluyendo 40 que estaban postulándose a
algún cargo.
La violencia ha estado presente en
anteriores procesos electorales, pero el que está en desarrollo ha sido
el más cruento de todos. Se estima que el número de asesinatos se
incrementó 385% respecto a 2015, cuando ya había alcanzado la alarmante
cifra de 21 candidatos muertos.
Adicionalmente, una organización que
lleva estas estadísticas ha contabilizado unas 300 agresiones contra
políticos, 44 atentados contra los líderes propiamente dichos y 45
contra sus familiares. Siete de cada diez casos han sido contra
políticos contrarios al partido que gobierna en el estado o municipio
donde ocurren los atentados.
Particularmente sangriento fue en México
el fin de semana previo a la reunión de la OEA en la que el gran tema
de discusión son las ya realizadas elecciones venezolanas.
Una candidata a diputada, Juana Irais
Maldonado, y su asistente, Erika Cázares, fueron asesinadas a tiros
sábado en estado de Puebla. En la misma madrugada de sábado se informó
del homicidio de Pamela Terán, que formaba parte de la lista del
candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a un cargo
municipal en Oaxaca.
A las cifras de muertes de líderes
políticos y sociales deben sumarse las de estudiantes y campesinos
desaparecidos y las de periodistas asesinados.
El inseguro clima electoral mexicano, en
el que se mezclan las mafias del narcotráfico con la simple violencia
política, no ha llamado la atención de la OEA, ni del Grupo de Lima, que
emitieron declaraciones hasta el hastío, antes de los comicios
venezolanos, los cuales transcurrieron en absoluta paz.
Colombia con doble moral
Otro país muy activo en el Grupo de Lima
es Colombia. Las preocupaciones por lo que ocurre en las elecciones del
lado venezolano no parecen tener una contrapartida proporcional
respecto a su propio proceso electoral.
Según diversos medios de comunicación
colombianos, en un lapso de ocho días han sido asesinados al menos siete
líderes sociales en Colombia, cuatro de ellos en un lapso de 24 horas.
Carlos Jimmy Prado Gallardo, Julio César
Montalvo, Orlando Negre y Fradi Chica fueron las más recientes víctimas
de lo que ha sido una sistemática persecución contra dirigentes
políticos y comunitarios neogranadinos.
Carlos Jimmy Prado era dirigente de una
organización de negros, afrocolombianos palenqueros y raizales
del departamento de Nariño. Orlando Negre era presidente de la junta de
acción comunal Camu, departamento de Córdoba. Julio César Montalvo era
líder indígena en zona del Resguardo Zenú y hermano de una gobernadora
indígena. Fradi Chica era un excombatiente de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC- EP) en municipio de Ituango,
departamento de Antioquía.
Las cifras acumuladas de asesinatos de
líderes sociales que maneja la Defensoría del Pueblo colombiana reflejan
la magnitud de la violencia en el país vecino: entre el 1 de enero de
2016 y el 27 de febrero de 2018 fueron asesinadas 282 personas que se
dedicaban a la defensa de la comunidad o de los derechos humanos.
Estas patéticas estadísticas no
movilizan al secretario general de la OEA a solicitar reuniones
especiales para tratar el tema. Tampoco motivan al Grupo de Lima a
formular alguna declaración.
Los números no son presentados por entes
notoriamente adversos al Gobierno colombiano (como suele ocurrir en el
caso venezolano). En marzo, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio cuenta de que en 2017
quedaron registrados en Colombia 441 ataques a líderes sociales y
comunitarios, 41 intentos de asesinatos contra estas personas y 213
amenazas.
Brasil: descaro por partida doble
En el caso de Brasil, la pretensión de
que se sancione a Venezuela por realizar elecciones presidenciales tiene
un carácter de descaro por partida doble porque el presidente actual de
ese país, Michel Temer, accedió al poder mediante una treta judicial y
parlamentaria. Luego de haber llegado a rango de vicepresidente como
parte de la fórmula de Dilma Rousseff, ha terminado ejecutando políticas
completamente opuestas a las que llevaba adelante la mandataria
defenestrada.
Adicionalmente, el Brasil dominando por
la camarilla neoliberal de Temer ha incurrido también en violaciones
sistemáticas a los derechos humanos de dirigentes sociales y políticos
opositores.
Según la Comisión Pastoral de la Tierra,
en 2017 fueron asesinados 70 líderes sociales y ambientales brasileños.
En un informe suscrito por el activista argentino Raúl Montenegro,
Premio Nobel de la Paz Alternativo en 2004, la desigualdad social ha
crecido desde que cesaron las políticas impulsadas por Luiz Inácio Lula
Da Silva y Dilma Rousseff , y comenzaron a aplicarse las recetas de
Temer. El descontento de las masas está siendo aplacado mediante
procedimientos fascistas como la militarización de las favelas, la
represión de los cuerpos policiales y de empresas privadas autorizadas
por el Gobierno, como Atalaia Seguridad y Vigilancia, en el estado De
Pará. Estos ejércitos privados amenazan, secuestran, torturan y asesinan
a personas que realizan actividades reivindicativas de sus comunidades,
por ser estas contrarias a los intereses de las grandes corporaciones
madereras y mineras o a los terratenientes que pagan por los servicios
de los sicarios.
Esta situación, obviamente irregular, no
genera preocupación alguna en el conciliábulo de cancilleres del Grupo
de Lima ni tampoco en el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Guatemala: tragedia sobre tragedia
Otro Gobierno de derecha que forma parte
de la coalición denominada Grupo de Lima es Guatemala. Actualmente en
emergencia por la erupción del volcán de Fuego, la nación
centroamericana vive una tragedia secular con la violencia política y la
represión. Como una pequeña muestra, la Oficina del Alto Comisionado de
la ONU para los Derechos Humanos acaba de expresar su repudio al
asesinato de tres defensores de derechos humanos en un lapso de apenas
diez días, el pasado mes de mayo.
Los activistas Luis Marroquín, José Can
Xol y Mateo Chamán Paau, realizaban sus labores con organizaciones que
defienden los derechos de los pueblos indígenas y los campesinos.
Ni el Grupo de Lima ni la OEA han considerado tampoco urgente tan siquiera considerar el tema.
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