El
pasado 4 de octubre, durante el denominado Encuentro Nacional de
Emergencia, se decidió convocar a la paralización de actividades el
venidero 21 de octubre.
1- ¿Por qué el paro?
La ‘Toma
de capitales’ es la gran marcha previa al paro que se convoca para
manifestar el rechazo a las reformas laborales y pensionales que prevé
llevar a cabo el Palacio de Nariño.
Las organizaciones gremiales,
educativas y sociales consideran que estos cambios en el área del
trabajo generarán un impacto negativo en la masa trabajadora y en los
jubilados.
La CUT se refiere en su portal a la “errática política económica” que implica “recortes en los gastos del Estado” que dejan sin atención a los sectores de salud y educación. Además del incremento de “impuestos a la población” y la persistencia de los “tratados de libre comercio” que mantiene con varios países y bloques.
Este llamado a paro se une a las demandas de los colectivos universitarios que el jueves pasado realizaron una
movilización nacional en rechazo a la corrupción, la represión de los
antimotines contra las protestas estudiantiles y en reclamo del
“cumplimiento integral” de los acuerdos firmados con el Gobierno a
finales del año pasado.
2- Otras razones
Entre el
pliego de peticiones se encuentra la exigencia del acato de los
acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), además de las garantías de
seguridad para que cesen los homicidios de los excombatientes. Desde que
se inició el proceso de paz, más de cien han sido asesinados.
De
igual manera, se pide “el cese de los asesinatos y persecución a los
líderes sociales”. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y
la Paz (Indepaz), desde la firma del acuerdo hasta la primera semana de
septiembre han sido asesinados 777.
En
Colombia, considerado como “el país más peligroso para los
sindicalistas”, fueron asesinados 3.129 líderes del área gremial de 1973
a mediados de 2018.
Los
movimientos sindicales y sociales también han mostrado su descontento
por “la agresión sistemática del gobierno de Duque contra la nación y el
pueblo venezolano”. “Que no se siga utilizando su crisis para colocar
un distractor de los reales problemas que padecemos los colombianos”,
recoge el CUT.
3- La “flexibilización laboral”
Del
lado gubernamental se ha hablado de una “flexibilización” laboral, como
ha sido llamada por la ministra del Trabajo, Alicia Arango, para frenar
el desempleo y obtener “crecimiento económico” y productividad.
Según
una entrevista publicada en El Tiempo, las reformas van dirigidas a las
personas que actualmente se encuentran sin empleo o con trabajos
informales.
Arango,
quien ha enfatizado que se respetarán los derechos
adquiridos, considera que esta modificación atenderá prioritariamente a
los colombianos en situación de informalidad, que según el DANE
corresponden a casi 45 % de la población activa.
Sin
embargo, según diversos expertos, la “flexibilización laboral” es un
eufemismo para hablar de abaratamiento de la mano de obra para que los
empresarios incrementen sus beneficios.
En
Colombia, de un total de 23 millones de trabajadores, solo 8,3 cotizan,
por lo que 14,7 millones pertenecen al área informal, según cifras
del ministerio de Trabajo colombiano.
4- ¿Qué se propone en la reforma?
La
Administración de Duque se encuentra afinando un proyecto de reforma
laboral que será llevado al Congreso. Hasta ahora se ha conformado una
mesa tripartita (compuesta por el Gobierno, los patronos y los
trabajadores) donde se han discutido principalmente las propuestas de
sectores empresariales y parlamentarios. El área gremial ha rechazado
lo expuesto hasta ahora.
– Entre los principales puntos que se han tomado en consideración se encuentran:
– Fijar salario mínimo por regiones. El actual ingreso es de 828.116 pesos (241 dólares, aproximadamente).
– Contratación por horas con sus prestaciones sociales para “reducir el trabajo informal”.
– La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) propone un salario para menores de 25 años que corresponde a 75 % del mínimo para “generar más empleo” y “liberar de costos laborales a las empresas”.
– Se propone reducir las horas de trabajo semanales de 40 a 36 horas.
– Eliminar las horas extras nocturnas y dominicales triples.
– Revisar la remuneración en caso de contrataciones, periodos de prueba, aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y despido.
– Revisar los permisos por incapacidad.
– Frenar el “intervencionismo” estatal.
5- El fantasma de la privatización
La
CUT, una de las organizadoras que respalda el paro nacional, opina que
la reforma laboral y pensional busca “empeorar las condiciones de los
trabajadores, aumentar las ganancias de los empresarios y garantizar el
fortalecimiento de los fondos privados de pensiones”.
El
gran tema transversal de quienes se oponen a esta reforma es la
privatización del sistema financiero del Estado. En agosto pasado,
Duque aprobó en el ‘Plan Nacional de Desarrollo’ la creación de
un ‘holding financiero estatal’ para “mejorar la gobernanza y la
confianza inversionista”, según expresó en esa oportunidad.
En
un inicio se estableció que estaría compuesto por 19 entidades entre
las que se encuentra el Banco Agrario, aseguradoras, sociedades de
economía mixta adscritas al Estado, fondos para el financiamiento
agrícola, educativo y de pensiones.
Según
la CUT, “el fin es privatizar el sector financiero público” y “colocar
dinero del Estado, que hoy maneja y administra de manera directa, a
manos del sector financiero privado para su negocio de especulación”, lo
que podría además dejar sin empleo a unas 20.000 personas que trabajan
en las entidades estatales mixtas.
6- ¿Y las pensiones?
El
tema de los jubilados no ha sido definido con claridad aún. Por ahora
el Gobierno niega que se vaya incrementar el monto de las cotizaciones o
que se pretenda acabar con la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) y con el régimen de prima media, mecanismo gestionado por
el Estado donde los trabajadores aportan a un fondo de pensiones.
El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en una entrevista de BLU Radio, afirmó que están pensando en “racionalizar los subsidios” para que las personas de altos ingresos no los tengan tan altos y “para que más personas accedan a las pensiones”.
El
debate en Colombia se presenta polarizado pues si bien se busca reducir
la cifra de desempleo a través de las medidas que proponen
principalmente las empresas y el Gobierno, los sectores gremiales las
rechazan por considerar que serán poco efectivas y que finalmente
afectarán a los trabajadores.
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