Por Aram Aharonian
El bloqueo y las nuevas sanciones que congelan todos los activos
venezolanos en territorio estadounidense, dispuesto por el régimen de
Donald Trump, no es más que un acto más de terrorismo económico que
busca, en primer lugar, la ruptura del diálogo entre el gobierno
constitucional y la oposición y marca el intento de imposición de un
tutelaje sobre el país.
La reunión de los países aliados/cómplices de EU realizada en Perú
pretendía encontrar solución a la crisis venezolana, pero terminó sin
resultado concreto. Allí, Wilbur Ross, secretario de Comercio de EU,
presentó en privado, una serie de “sugerencias” que su país plantea para
un eventual día después de la salida de Maduro del poder. Más que
sugerencias fue el plan que ya tiene esbozado el gobierno trumpista para
apoderarse de Venezuela.
La intención de la administración Trump parece clara: dinamitar los
acuerdos que avanzaban entre el chavismo y la oposición, pues la
asfixia económica contra Venezuela es uno de los puntos esenciales en
discusión.
Es una clara intrusión en los asuntos internos de otro país, que el
gobierno reelecto de Maduro salga del poder y sea transferido al
“presidente interino” autoproclamado Juan Guaidó -por instrucciones de
la Casa Blanca- para imponer el tutelaje de la nación. Es decir,
Washington sugiere realizar “elecciones libres” pero apuesta a una trama
de golpe de Estado, que ya tiene plan económico y político elaborado
por Washington y difundido por Wilbur Ross en la reunión del Grupo de
Lima.
México y Uruguay, que han defendido la no injerencia en los asuntos venezolanos, no acudieron al encuentro.
EU revela el plan para matar al socialismo
La reunión en Perú pretendía encontrar solución a la crisis
venezolana, pero terminó sin un resultado concreto. Allí, Wilbur Ross,
secretario de Comercio de EU, presentó en privado a representantes de 57
países, una serie de “sugerencias” que su país plantea para un eventual
“día después” de la salida de Maduro del poder.
La clave para Venezuela, según Ross, pasará por lograr que la
“inversión privada se cimente por la confianza en el crecimiento
económico, basado en reformas económicas, el imperio de la Ley, la
transparencia, la cooperación global y la integración regional”,
reconociendo que más allá de eso, y en el fondo de todo proyecto para el
país, deberá estar el petróleo y el gas natural, “que una vez ayudaron a
hacer grande Venezuela aún siguen allí. Solo necesitan ser
rehabilitados tras años de mala gestión”, indicó.
Ross clasificó los esfuerzos para lograr “la prosperidad” venezolana
en cuatro categorías principales: el sector energético, la
estabilización macroeconómica y financiera, la normalización agrícola y
la rehabilitación del sector privado, con objetivos a corto, mediano y
largo plazo, que requerirán ayuda inicial de recursos y expertos
estadounidenses para “arrancar la maquinaria”, “toda vez que Maduro y
sus colegas se marchen”.
“El corto plazo incluye ayuda humanitaria inmediata, uno o dos meses
después de Maduro. El plazo medio será trabajar para revertir el impacto
del socialismo, entre los tres y doce meses posteriores, y los
esfuerzos a largo plazo serán recuperar el crecimiento económico
sostenible, indicó. Caso por caso, las sugerencias para la energía pasan
por instituir reformas promercado, y promover la participación de
firmas privadas mediante una nueva ley de hidrocarburos, relata la
agencia española EFE.
Luego se debería mejorar la regulación para las empresas de energía,
facilitando la inversión privada y las licitaciones, además de reparar
el sistema de generación energética, señaló Ross.
En cuanto a la estabilización macroeconómica, lo primero que EU prevé
hacer será eliminar las sanciones y promover el crédito, enviando
consejeros técnicos y buscando que instituciones financieras
internacionales tengan confianza en las nuevas políticas económicas. Más
adelante se buscará renovar el Banco Central, el sistema impositivo,
las instituciones fiscales y el sector bancario, en el contexto de un
acuerdo a largo plazo con el FMI y en la necesidad de la estabilidad
económica y elecciones libres.
La agricultura venezolana tendrá un tratamiento de choque y recibirá
importaciones de semillas, fertilizantes, equipamiento y consejería
técnica, añadió. Luego, se dará impulso a una mayor cooperación agrícola
entre EU y Venezuela, al tiempo que se buscará “estimular las cadenas
de suministro locales” para que los productores puedan cubrir las
necesidades del país.
En cuanto al sector privado, EU eliminará las restricciones
comerciales “para las empresas estadounidenses”, ayudará a movilizar
contactos comerciales con Venezuela y apoyará reformas en favor del
mercado y los negocios.
Mejorar el clima de negocios, atraer inversión extranjera, eliminar
los controles estatales, implementar estrategias de privatización y
atajar la corrupción serían los pasos a seguir, acompañados de arreglos
en infraestructura imprescindible, como los pozos de petróleo de lago
Maracaibo o el complejo de refinería de Paraguaná.
En cualquier caso, Ross apuntó que todos estos planes son solo
“sugerencias”, que el hipotético gobierno de Juan Guaidó deberá tomar
“si decide si es lo mejor para su país”. Ya ni siquiera se habla de
respaldo a elecciones, sino de la imposición del títere para que EU se
adueñe del país.
Terrorismo económico
Para Venezuela, la nueva escalada de medidas de terrorismo económico
por parte del régimen de Trump, consiste en la inhabilitación del Estado
venezolano y de cualquier empresa relacionada con éste, sea en
Venezuela o en el extranjero, a efectuar tratos, lo que afectará
directamente la importación de alimentos (medidas en contra del sistema
de garantía alimentaria) y la compra internacional de medicinas para el
sistema de salud pública.
Asimismo, la provisión de servicios públicos esenciales, como
electricidad y agua, que dependen de tecnologías (en sumayor parte)
estadounidenses y que son suministradas por empresas ligadas a ese país,
podrían verse más comprometidas dada la imposibilidad de que estos
proveedores puedan efectuar acuerdos directos o indirectos con el Estado
venezolano.
Bolton explicó que esta amplia orden ejecutiva autoriza al gobierno
de Estados Unidos a identificar e imponer sanciones a cualquier persona
que continúe proporcionando apoyo al ilegítimo régimen de Nicolás
Maduro.
Durante la pomposamente llamada Conferencia Internacional por la
Democracia en Venezuela, Bolton agregó: a Rusia y China les decimos que
su apoyo al régimen de Maduro es intolerable, particularmente para el
régimen democrático que remplazará a Maduro. Le decimos nuevamente a
Rusia, y especialmente a aquellos que controlan sus finanzas: no
dupliquen una mala apuesta.
En contraste, Rusia, China, la Unión Europea y Cuba rechazaron las
nuevas acciones estadounidenses contra Venezuela, que incluyen el
congelamiento de todos los activos del gobierno bolivariano. Asimismo,
los estadounidenses tendrán prohibido participar en transacciones con
cualquiera que se determine que respalda al presidente Nicolás Maduro o a
su gobierno.
Los que apoyen al mandatario venezolano tampoco podrán ingresar a
territorio estadounidense, de acuerdo con el decreto firmado por el
mandatario Donald Trump. Para los analistas, con esta nueva ofensiva,
Washington y sus aliados apuestan por el fracaso del diálogo político,
ya que le temen a sus resultados y beneficios.
Para el gobierno de Caracas, el bloqueo económico, financiero y
comercial ya en marcha ha ocasionado severas heridas en la sociedad
venezolana durante los últimos años, y sostuvo que el único objetivo es
ahorcar al pueblo para forzar un cambio de gobierno inconstitucional en
el país.
No conformes con el robo ilegal de la petrolera Citgo (filial de la
estatal venezolana Pdvsa) y las sedes diplomáticas venezolanas, la Casa
Blanca y sus aliados procuran nuevas oportunidades y recursos para
usurpar y saquear aquello que le pertenece a los más de 30 millones de
venezolanos, añadió el gobierno.
Venezuela, que ya enfrenta un embargo petrolero estadounidense desde
abril y una serie de sanciones entre su principales dirigentes. La
cancillería señaló que el país enfrentará la nueva orden ejecutiva con
una arquitectura alternativa económica, que incluirá el refuerzo de
navieras y provedores de insumos básicos. Ante la interrupción del
diálogo en Barbados, señaló que el diálogo entre el gobierno y la
oposición arrojará los primeros acuerdos, cuando Estados Unidos deje de
bombardear el proceso.
En Nueva York, el representante de Venezuela ante la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, exigió una respuesta de ese
organismo internacional a las agresiones de Washington contra Caracas y,
sobre todo, contra la población venezolana.
Un embargo integral sobre la economía venezolana
Según el medio miamero El Nuevo Heral, Trump“amplió sustancialmente
las sanciones” contra Venezuela “llevando el bloqueo económico impuesto a
Venezuela a extremos similares a los aplicados a Corea del Norte, Irán y
Cuba”, lo que “permitiría la aplicación de sanciones contra cualquier
individuo o compañía que sostenga operaciones o brinden cualquier tipo
de respaldo al régimen de Caracas”, lo cual profundiza la asfixia contra
Venezuela.
La complejidad de la medida y las derivaciones que tendría, supone
que cualquier empresa petrolera, ente financiero u cualquier actividad
económica de comercio de bienes y servicios, que tenga algún vínculo con
Estados Unidos estará sujeta a acciones punitivas, aplicando la
metodología de “sanciones” que Washington ejecuta unilateralmente contra
países a espaldas del derecho internacional.
Según la jurisprudencia internacional, el único ente facultado para
emitir sanciones es el Consejo de Seguridad de la ONU, y por esa razón
expresa, las medidas que toma el gobierno estadounidense contra
Venezuela son ilegales.
La medida pone en entredicho cualquier acto de enajenación,
transferencia y confiscación por órdenes de tribunales estadounidenses
de Cirgo, tal como estaba planteado recientemente mediante el fallo de
una Corte de Apelaciones de Estados Unidos a favor de la trasnacional
canadiense Crystallex, que reclama mediante propiedades de Citgo el pago
de 1 mil 800 millones de dólares.
Pero la medida de embargo supone el control total del propio gobierno
estadounidense de dichos activos en un ejercicio de clara
discrecionalidad, lo que significa pérdida por sentado de esos bienes de
la República de Venezuela.
También el asesor especial de Trump, Elliott Abrams quiso condicionar
el diálogo: “claramente tiene que haber unas nuevas elecciones libres y
justas. Y no es posible que haya elecciones libres y justas con Maduro
en la presidencia”, dijo. Y el secretario de Estado Mike Pompeo resaltó
que en el marco de las conversaciones en Barbados “sería inconcebible
tener elecciones que realmente representen al pueblo venezolano si
Maduro sigue estando presente en el país”.
Pero los cálculos no son sobre la intención de voto que podrían tener
los venezolanos, sino que va calibrando también los escenarios
electorales en la política interna estadounidense, proyectando la
reelección de Trump como una carrera de largo aliento. Estas medidas,
contra Venezuela y el recrudecimiento del embargo contra Cuba, parecen
dirigidas a los sectores de las diásporas cubana y venezolana, ubicadas
en el determinante estado de Florida.
(*) Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en
Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la
Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de
Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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